Vive en Arizona y cuenta como agentes del ICE intentaron entrar a su casa vestidos de trabajadores de electricidad
Vecinos del sur de Tucson confrontan a supuestos agentes de ICE que se hicieron pasar por empleados de servicios públicos para intentar ingresar a una vivienda sin orden judicial
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LA NACION
Un tranquilo vecindario del sur de Tucson, Arizona, se convirtió en escenario de tensión e incertidumbre cuando dos hombres vestidos con ropa de trabajo genérica se presentaron como empleados de Tucson Electric Power (TEP). Aparentemente, su objetivo era brindar “servicios municipales” a un residente hondureño que ha vivido allí por más de 10 años, lo que despertó las dudas sobre alguna redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
ICE alarma a los vecinos vestidos como servidores municipales en Arizona
Una vecina del lugar, Christine Cariño, presenció los hechos y contó que se encontraba en el cuidado de sus plantas cuando notó algo extraño en los supuestos trabajadores: uno vestía una camiseta reflectante sin logotipos oficiales y el otro, una camiseta negra. Ambos preguntaban por su vecino latino, y aseguraron que él había solicitado ayuda.
Cariño, al notar lo inusual del comportamiento y vestimenta, comenzó a hacer preguntas, explicó al medio KGUN 9. Fue entonces cuando vio que uno de los hombres tenía una placa oculta debajo de su camisa. Al preguntarle si pertenecía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el hombre sonrió sin responder, lo que aumentó aún más las dudas.
En ese momento, los hombres ya habían sido admitidos en el patio trasero de la vivienda por el hijastro del residente hondureño. Sin dudar, Cariño comenzó a gritar: “¡No abran la puerta, no tienen orden judicial! ¡Están mintiendo, no llevan uniforme!”, según se escucha en un video compartido por el medio local KGUN 9.
ICE no puede ingresar sin orden judicial
De acuerdo con la legislación vigente, los agentes de inmigración no pueden entrar a una vivienda sin el consentimiento explícito de un ocupante, a menos que cuenten con una orden judicial. Al parecer, los hombres no la tenían. Cuando se dirigieron a hablar con el hombre a través de la puerta, afirmaron que había faltado a citas en la corte migratoria. Él lo negó rotundamente y se negó a salir.
Tucson Electric Power confirmó más tarde al medio KGUN9 que ningún equipo de trabajo de la compañía estaba en esa zona ese día y que todos sus empleados portan uniformes oficiales, credenciales visibles y vehículos identificados.
¿Quiénes eran realmente? ICE responde con silencio
Aunque la identidad de los hombres aún no ha sido confirmada oficialmente, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a KGUN 9 que “se trata de una investigación en curso”, sin referirse directamente a las acusaciones de suplantación de identidad.
Estos métodos no serían nuevos: informes previos señalan que en otros estados se han reportado tácticas similares por parte de agentes migratorios, una práctica que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por siglas en inglés) ha denunciado como inconstitucional en demandas recientes.
La comunidad reacciona: “Eso debería ser un delito”
Christine Cariño no dudó en calificar la situación como una violación grave: “Eso debería considerarse un delito, hacerse pasar por una empresa para intentar sacar a alguien de una casa. Si hubieran tenido una orden, la historia sería diferente”, declaró al medio.
Por su parte, la alcaldesa de South Tucson, Roxanna Valenzuela, respaldó la acción de la vecina y fue contundente: “Esa señora es una heroína. Necesitamos protegernos mutuamente. Ahora no es momento de callar”, explicó al medio Tucson.
Derechos en juego: el impacto de estas tácticas en la comunidad
Este incidente refleja una creciente preocupación entre comunidades migrantes ante las estrategias cada vez más encubiertas utilizadas por las autoridades migratorias. Activistas y asociaciones como ACLU advierten que este tipo de acciones vulneran la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege a los ciudadanos contra registros e incautaciones sin orden judicial.
El caso también reabre el debate sobre la transparencia, la ética en los procedimientos de detención migratoria y el respeto a los derechos fundamentales, especialmente cuando involucran a personas que, como el residente hondureño, han vivido durante años en el país sin antecedentes violentos.
LA NACION
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