Aumenta la tensión: la ciudad de Florida que rompió su acuerdo con el ICE ahora podría afrontar duras consecuencias

El pasado 30 de junio, la Comisión de la Ciudad de Key West decidió de forma mayoritaria poner fin a su participación en el programa 287(g), un convenio entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta decisión marcó un quiebre con la línea política migratoria establecida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien desde su llegada al poder endureció las medidas hacia las personas indocumentadas.

Key West rompe la cooperación con ICE y desencadena una controversia estatal

El programa 287(g) otorga a ciertos oficiales la autoridad para identificar y retener a personas que se encuentren en Estados Unidos sin documentación adecuada, principalmente dentro de instalaciones carcelarias locales. Florida promovió activamente la adopción de esta medida en múltiples jurisdicciones desde 2019, cuando DeSantis prohibió oficialmente las denominadas “ciudades santuario”.

Durante la reunión pública que llevó a la revocación del acuerdo, los residentes de Key West llenaron la sala del ayuntamiento para expresar su oposición al vínculo entre la policía local y el ICE. Según lo retomado por NBC Miami, la moción fue aprobada por seis votos contra uno.

Autoridades municipales afirmaron que el convenio nunca debió haber sido firmado, ya que no contaba con la autorización de la comisión. A raíz de esto, el acuerdo fue declarado inválido.

Advertencias legales y amenazas de sanciones contra Key West

La decisión de Key West provocó una rápida y contundente reacción por parte del gobierno estatal. James Uthmeier, fiscal general de Florida, emitió una advertencia oficial en la que indicó que la medida adoptada por la ciudad es contraria a la legislación vigente.

“Key West violó la ley estatal cuando votó para anular el acuerdo 287 (g) del Departamento de Policía con ICE. No permitiremos esta política ilegal de santuario en Florida”, publicó en X Uthmeier. “Tienen una opción: dejar de impedir que las fuerzas del orden apliquen la ley migratoria o asumir las consecuencias”, advirtió.

Por medio de una carta formal dirigida a los comisionados, el fiscal general señaló que la ley estatal prohíbe expresamente que entidades locales adopten políticas que obstaculicen la cooperación con autoridades migratorias federales.

El acuerdo 287(g), según el marco legal actual de Florida, es obligatorio para todas las agencias de aplicación de la ley en el estado. El fiscal subrayó que no solo fue inapropiado cancelar el convenio, sino que hacerlo representó una infracción clara a las normativas estatales, y calificó la acción de la comisión como una “violación directa” a esta regulación.

Uthmeier también detalló que los oficiales de policía deben estar capacitados para llevar a cabo acciones migratorias, y que negar esta capacitación o retirar la colaboración impide operativos conjuntos con el gobierno federal.

“La comisión de la ciudad debe revertir inmediatamente su acción del 30 de junio de 2025 y permitir que el Departamento de Policía reanude el compromiso cooperativo con ICE bajo su acuerdo 287(g)”, expresó.

La situación legal se complica y la tensión institucional aumenta

Frente a las declaraciones del fiscal general, la comisión municipal de Key West incluyó en su agenda una nueva votación para este 8 de julio de 2025 y así debatir si debe anular su decisión anterior y reanudar la cooperación con ICE. La resolución a considerar indica que la revocación del acuerdo podría ser ilegal bajo la ley estatal, específicamente bajo la sección 908.103 del Código de Florida, que prohíbe políticas que limiten la colaboración migratoria.

En paralelo, los comisionados discuten la posibilidad de iniciar acciones judiciales para cuestionar la legalidad del requerimiento estatal de firmar acuerdos 287(g). Esta iniciativa toma como referencia el caso de South Miami, ciudad que también planteó interrogantes constitucionales sobre la autoridad del estado para obligar a los gobiernos locales a aplicar políticas migratorias federales.

La división dentro de las estructuras locales es evidente. Mientras los comisionados afirman que el jefe del Departamento de Policía de Key West, Sean T. Brandenburg, no tenía competencia para firmar el acuerdo con el ICE, este expresó que firmó el convenio bajo presión estatal, y que su intención era actuar conforme a la ley vigente.

“Si ustedes, como órgano de gobierno, quieren desafiar la ley, por favor, sigan el ejemplo de South Miami y desafíenla como comisión. Yo simplemente intento cumplir con las leyes tal como están hoy aquí”, expresó, según lo retomado por NBC Miami.

El gobierno de Florida defendió la necesidad del programa 287(g) y argumentó que facilita la captura y deportación de migrantes con antecedentes penales graves. En varias ocasiones, Ron DeSantis enfatizó que la aplicación estricta de estas medidas es clave para la seguridad pública.

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