La ciudad de Miami-Dade que se asoció con ICE: el cambio en los operativos

En línea con la política migratoria del gobernador Ron DeSantis, el Departamento de Policía de Coral Gables firmó un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida permite capacitar a agentes locales para que colaboren con funciones específicas de control migratorio, como parte del programa federal 287(g) que ya implementaron más de 30 ciudades en Florida.

Qué implica el acuerdo con ICE en Coral Gables

Aunque no modifica la legislación vigente, el convenio entre el Departamento de Policía de Coral Gables y el Servicio de Inmigración y el ICE habilita a los oficiales locales a recibir formación específica para actuar como parte de una fuerza de apoyo en operativos migratorios, bajo el programa 287(g).

Según informaron las autoridades del distrito, los agentes capacitados estarán habilitados para detectar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales y coordinar su detención con funcionarios de ICE dentro del marco del programa federal. Con la firma del acuerdo, Coral Gables se suma a una red de más de 30 ciudades en Florida que adoptaron esta modalidad.

Coral Gables: las autoridades defendieron su colaboración con el ICE

El jefe de policía de Coral Gables, Ed Hudak, explicó en CBS News que el convenio los provee de herramientas para actuar en situaciones donde antes debían esperar a los agentes federales. “No elaboramos perfiles de personas, nunca lo hemos hecho”, sostuvo.

En este contexto, el jefe de policía mencionó antecedentes recientes en los que ciudadanos chinos ingresaron ilegalmente a Estados Unidos a través de Coral Gables, y argumentó que el convenio con ICE permitirá a los agentes locales intervenir de inmediato, sin necesidad de esperar la llegada de autoridades federales.

“Si puedo acceder a eso a través de este acuerdo y colaborar con ICE, ¿por qué no querría hacerlo para proteger a nuestra comunidad local?”, planteó Hudak ante los comisionados.

Según NBC Miami, el jefe policial también advirtió sobre posibles consecuencias legales si la ciudad optara por no sumarse al programa: “Si no lo hacemos, y si eso nos convierte en una ciudad santuario, el gobierno, el gobernador, la legislatura, la fiscalía general podrían presentar demandas contra todos nosotros, incluyéndome a mí”, sostuvo, de acuerdo con la misma fuente.

Hudak subrayó que su decisión no responde a un alineamiento con ICE, sino a una necesidad operativa: “Mi recomendación, no porque quiera ser un departamento de ICE, es porque quiero tener la capacidad de capacitar a mis oficiales y dejar que hagan su trabajo lo mejor posible para proteger a nuestra comunidad”, afirmó. Y añadió: “No nos veo saliendo a vigilar a los jardineros ni cosas así. No voy a permitir que nuestra gente haga eso”.

Por su parte, el alcalde de Coral Gables, Vince Lago, respaldó públicamente el acuerdo y enfatizó que su implementación se centrará en personas con antecedentes penales o con órdenes de deportación activas. “Queremos asegurarnos de que, si alguien entró ilegalmente y cometió un delito, sea deportado”, expresó.

El rechazo de la comunidad inmigrante al acuerdo con el ICE

La decisión del municipio despertó una ola de críticas entre vecinos, organizaciones civiles y comerciantes, que consideraron innecesaria e incluso contraproducente la adhesión de Coral Gables al programa federal. Estas entidades advirtieron que el acuerdo podría dañar la confianza entre la población inmigrante y la policía local.

“Nada en la ley estatal, la ley federal o incluso en el contrato firmado exigía que Coral Gables hiciera esto”, dijo Alana Greer, residente de la ciudad, en una conferencia de prensa afuera del edificio municipal.

Juan Cuba, integrante del Proyecto Libertad de Miami, también expresó su preocupación: “La Policía de Coral Gables debería velar por el bienestar de la comunidad, no aplicar las leyes migratorias ni hacer el trabajo de ICE”.

Activistas y referentes comunitarios señalaron que la participación de la policía en operativos migratorios puede desalentar denuncias de delitos o el pedido de ayuda por parte de inmigrantes sin estatus regular, lo que, en la práctica, debilitaría la seguridad pública.

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