La ley SB 1004 firmada por DeSantis en Florida que impone sanciones y cambia la compra y venta de mascotas

La legislación SB 1004 fue firmada por el gobernador Ron DeSantis el pasado 12 de mayo y comenzó a aplicarse el 1° de julio. La norma introdujo modificaciones en las operaciones de venta de mascotas dentro de Florida y fijó nuevas obligaciones para los establecimientos dedicados a esta actividad.

Las disposiciones alcanzaron a aquellos que comercializan más de tres camadas o más de 30 perros o gatos por año. El objetivo es aumentar la información disponible para los consumidores y establecer mecanismos para responder ante conflictos relacionados con el estado de salud de los animales vendidos.

Entre los cambios incorporados figura la obligación de entregar al comprador documentación médica completa antes de concretar la operación. Ahora, esa información deberá incluir:

• Antecedentes veterinarios.
• Vacunas.
• Exámenes médicos.
• Tratamientos realizados al animal antes de la venta.

De acuerdo con el texto legislativo, también se modificaron los plazos disponibles para que un comprador presente un reclamo.

El período para ejercer los derechos relacionados con enfermedades detectadas en la mascota pasó de 14 a 30 días, mientras que el tiempo para informar al vendedor sobre esa condición se amplió de dos a siete días hábiles.

Cuando un veterinario determine que el animal presenta una enfermedad o condición que impide concretar la compra en los términos previstos, si el consumidor decide devolver al animal, el comerciante deberá garantizar la cancelación del financiamiento sin penalidades. Además, los comerciantes deberán informar previamente todas las condiciones del crédito antes de cerrar la transacción.

Otro de los requisitos consiste en entregar un aviso escrito, con formato específico, donde se expliquen los derechos del comprador. Ese documento deberá informar la posibilidad de devolver o cambiar una mascota enferma y solicitar el reembolso de determinados gastos veterinarios contemplados por la legislación.

Uno de los puntos centrales de la SB 1004 es la ampliación de la base pública sobre personas vinculadas con delitos de crueldad animal, administrada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés). La base de datos deberá estar disponible a partir del 1° de enero de 2027 mediante una plataforma de consulta en línea.

El sistema incorporará información de quienes hayan sido condenados por delitos de crueldad animal o hayan presentado una declaración de culpabilidad o de “nolo contendere”, incluso cuando no exista una adjudicación formal de culpabilidad. La publicación incluirá:

• Nombres
• Alias
• Fotografías
• Fecha de nacimiento
• Datos del caso judicial
• Condado donde ocurrió la condena y otras referencias de identificación

Para mantener actualizado el registro, los tribunales y los centros de detención deberán remitir al FDLE los expedientes, imágenes e información necesaria.

La medida busca facilitar el acceso público a estos antecedentes y fortalecer las herramientas disponibles para prevenir nuevos casos de maltrato animal.

La legislación también establece consecuencias para los comerciantes que incumplan las obligaciones previstas. Las infracciones constituirán prácticas comerciales desleales o engañosas bajo la legislación estatal de protección al consumidor, con las sanciones correspondientes.

En los procesos judiciales vinculados con reembolsos o gastos veterinarios, los tribunales podrán conceder daños punitivos a favor del comprador por un monto mínimo de US$2500 cuando se acrediten incumplimientos contemplados por la ley.

Además, los establecimientos deberán conservar la documentación de cada venta durante un período de siete años.

La SB 1004 incorpora además un sistema voluntario de buenas prácticas dirigido a criadores de perros. El Departamento de Regulación Comercial y Profesional (DBPR, por sus siglas en inglés) tendrá la responsabilidad de elaborar esos lineamientos, que abarcarán aspectos relacionados con alimentación, reproducción, alojamiento, atención sanitaria, enriquecimiento ambiental, mantenimiento de registros y procesos de venta.