La ruta del dinero que golpea a los DeSantis: los US$10 millones que recibió Hope Florida eran fondos de Medicaid
Una investigación potenció la polémica sobre un caso que mantiene en vilo a los ciudadanos del Estado Soleado; la familia del gobernador Ron DeSantis habría recibido, a través de su fundación, parte del dinero que un prestador le adeudaba a beneficiarios del programa
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LA NACION
La sospecha de maniobra financiera sacude al gobierno de Florida. Es que la polémica donación de 10 millones de dólares destinada a la Fundación Hope, liderada por la primera dama floridense Casey DeSantis, no se habría tratado de un aporte voluntario de una empresa, como afirmó el gobernador Ron DeSantis, sino dinero proveniente de fondos de Medicaid que debían retornar a las arcas públicas. Este caso destapó una trama de negociaciones, transferencias a organizaciones sin obligación de rendir cuentas y cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones.
Un acuerdo que contradice las versiones oficiales: de dónde son los US$10 millones que recibió Hope Florida
En 2021, Florida detectó que Centene, la mayor contratista de Medicaid del estado, había facturado en exceso US$67.048.611 por medicamentos recetados. Según un borrador de acuerdo de febrero de 2022, al que accedió el equipo de investigación de Miami Herald y Tampa Bay Times, ese monto correspondía a dinero que la empresa debía reintegrar a los contribuyentes estatales y federales.
Sin embargo, siempre según la investigación periodística, cuando el año pasado se cerró el pacto con Centene, las autoridades de Florida habrían decidido desviar US$10 millones de esos fondos hacia la Fundación Hope, una organización sin fines de lucro creada por el estado y supervisada por Casey DeSantis.
Los medios citados recordaron que el gobernador aseguró este mes que esos US$10 millones representaban una contribución adicional de Centene, “como la cereza del pastel”, según sus palabras.
“Al llegar a acuerdos, se puede intentar obtener la mayor cantidad de dinero posible, pero esto fue adicional a lo que ya recibían. Es como la cereza del pastel, ya que acordaron hacer una contribución extra”, explicó.
No obstante, el documento niega esa versión: el dinero formaba parte del total adeudado por la empresa, no un gesto filantrópico. Esta contradicción generó sospechas entre legisladores, quienes investigan si la maniobra violó las estrictas normativas que regulan los fondos de Medicaid, destinados a servicios de salud para los más vulnerables.
El camino del dinero que llegó hasta Hope Florida: de Medicaid a la política
La Fundación Hope Florida transfirió los US$10 millones a dos organizaciones sin fines de lucro que operan como “dark money”, es decir, entidades que no tienen la obligación de detallar cómo gastan sus recursos.
Estas organizaciones, a su vez, canalizaron US$8,5 millones de dólares hacia un comité político dirigido por el jefe de gabinete de DeSantis, James Uthmeier.
Legisladores republicanos, como el representante Alex Andrade, consideran que estas transacciones podrían ser ilegales. “Era dinero de Medicaid que se malgastó, así de simple”, afirmó Andrade al equipo de Herald/Times. Además, dijo que el retraso en cerrar el acuerdo con Centene podría estar vinculado a la necesidad de financiar la campaña contra la Enmienda 3, una iniciativa de 2024 que buscaba legalizar la marihuana recreativa y que DeSantis combatió con vehemencia.
El destino final de esos fondos despierta aún más interrogantes. La falta de transparencia en las organizaciones receptoras dificulta rastrear si el dinero se utilizó para fines benéficos, como sostiene la Fundación Hope Florida, o si sirvió para apuntalar estrategias políticas del gobernador.
Este escándalo pone en jaque la credibilidad del programa Hope Florida, que Casey DeSantis presenta como una alternativa innovadora a los sistemas tradicionales de asistencia pública, al conectar a personas necesitadas con recursos a través de “navegadores” capacitados.
Negociaciones bajo sombras: cómo se gestó este caso que salpica a los DeSantis
La historia comenzó en 2021, cuando Florida se sumó a una veintena de estados que demandaron a Centene por sobrecostos en medicamentos recetados. Firmas de abogados con conexiones políticas, como Liston & Deas, lideraron las negociaciones en varios estados, según reveló The New York Times.
En diciembre de 2021, Florida contrató a esta firma, meses después de que abogados vinculados a ella donaran US$100 mil dólares al Partido Republicano del Estado Soleado y otros US$10.000 dólares al comité político de la entonces fiscal general Ashley Moody.
Las negociaciones con Centene avanzaron en 2022, lideradas por James Uthmeier, entonces jefe de gabinete de DeSantis, y Katie Strickland, subdirectora de gabinete que supervisa las agencias de salud.
Registros públicos mostraron que Uthmeier mantuvo al menos cinco reuniones ese año relacionadas con Centene, una de ellas con el director ejecutivo de la filial floridana de la empresa. Sin embargo, la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés), encargada de gestionar Medicaid, tuvo una participación marginal en estas discusiones, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia del proceso.
El acuerdo final, firmado en septiembre de 2024, no se hizo público hasta abril de 2025, cuando las preguntas de reporteros y legisladores forzaron al gobierno a dar explicaciones. Curiosamente, Liston & Deas fue despedida en 2023 y no participó en el cierre del pacto. Lawrence Deas, uno de los abogados de la firma, aseguró al Herald/Times que nunca se mencionó una donación a Hope Florida durante las negociaciones y que se enteraron de ella a través de los medios.
Las defensas de Ron DeSantis a la donación a Hope Florida y las críticas republicanas
Ron DeSantis minimizó las acusaciones y calificó el acuerdo como un “buen negocio” para Florida. Según él, demandar a Centene no garantizaba una victoria ni una recuperación de fondos tan significativa. “No era un caso claro”, afirmó.
Su portavoz, Bryan Griffin, respaldó esta postura y aseguró que Centene alertó al estado sobre el problema de facturación en 2021, una versión que contradice a Lawrence Deas, quien sostuvo que su firma contactó a Florida para sumarla a las demandas.
Por su parte, Uthmeier, nombrado fiscal general por DeSantis este año, negó haber participado en la firma del acuerdo final y describió los US$10 millones como un “incentivo” de Centene, no como fondos públicos. Sin embargo, estas explicaciones no convencen a todos.
Andrade, quien lidera la investigación legislativa, acusó al gobernador de estar “mal informado por su círculo cada vez más reducido” o de “mentir directamente”. El legislador busca determinar quién decidió destinar los US$10 millones a Hope Florida y por qué el acuerdo se mantuvo en secreto durante meses.
Un escándalo de donaciones con implicaciones políticas para Ron DeSantis
La controversia llega en un momento delicado para los DeSantis. Casey, quien podría postularse como gobernadora en 2026, enfrenta un escrutinio creciente sobre su rol en Hope Florida. Mientras tanto, Ron DeSantis, que podría buscar la presidencia en 2028, lidia con las críticas de su propio partido y con la oposición a otras iniciativas, como un proyecto de ley migratorio y la financiación para la restauración de los Everglades.
En un acto reciente en Fort Pierce, el gobernador acusó a sus adversarios de intentar “revertir todo lo que se ha hecho en los últimos seis años”, pero evitó responder directamente sobre la donación, según explicaron desde Local10.
El caso de los US$10 millones de dólares expone una red de decisiones, desde la opacidad en las negociaciones hasta el uso de fondos públicos para fines poco claros. Mientras los legisladores republicanos profundizan su investigación, una pregunta persiste: ¿quién se benefició realmente de esta maniobra? La respuesta podría redefinir el futuro político de los DeSantis y la confianza en su administración.
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