Ordenan desmantelar en dos meses el “Alligator Alcatraz”, el centro de detención de migrantes modelo de Trump
Una jueza federal prohibió llevar nuevos presos y exigió que se retiraran instalaciones que incumplen con las normas medioambientales
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LA NACION
MIAMI.- Una jueza federal prohibió este jueves a las autoridades estadounidenses llevar nuevos presos al centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” (”Alcatraz de los Caimanes"), en Florida, y ordenó desmantelar el lugar en un plazo de 60 días al considerar que incumplía normas medioambientales.
La orden de la jueza de distrito Kathleen Williams formalizó la suspensión que había ordenado hace dos semanas mientras los testigos continuaban testificando en una audiencia para determinar si la obra debía detenerse hasta la resolución final del caso.
La orden supone un duro golpe para el gobierno de Florida y la administración de Donald Trump, que querían convertir estas instalaciones en el corazón de los Everglades y a unos 70 del centro de Miami en un modelo para otros centros de detención del país.
El estado de Florida presentó un aviso de apelación mismo el jueves por la noche, poco después de que se emitió el fallo.
“Las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral”, dijo el portavoz del gobernador Ron DeSantis, Alex Lanfranconi, en respuesta.
Según la jueza, el estado y el gobierno estadounidense vulneraron una ley federal que exige una evaluación de impacto medioambiental antes de construir instalaciones como éstas. La decisión judicial pide a las autoridades que retiren vallas, alumbrado, generadores, alcantarillas y demás elementos “instalados para sostener este proyecto”, lo que supondría su cierre.
“El proyecto causa daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”, escribió la magistrada en su orden.
La jueza señaló que esperaba una disminución en la población del centro de detención dentro de los próximos 60 días mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso ocurriera, se deberán retirar las cercas, iluminación y generadores. Escribió que los demandados estatales y federales no pueden llevar a nadie a la instalación más que aquellos que ya se encuentran detenidos. La orden no prohíbe modificaciones o reparaciones en las instalaciones existentes, “que sean únicamente con el propósito de aumentar la seguridad o mitigar riesgos ambientales o de algún otro tipo en el lugar.”
La jueza dijo que los funcionarios estatales nunca dieron una explicación suficiente del por qué la instalación necesitaba estar en medio de los Everglades. “Lo que es evidente, sin embargo, es que en su apuro por construir el campamento de detención, el estado no consideró ubicaciones alternativas”, dijo Williams.
Con la orden publicada este jueves, la jueza Williams, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama en 2011, se vuelve a convertir en una piedra en el zapato del gobierno de DeSantis. Hace unos meses, ya había bloqueado una ley estatal que convertía en delito la entrada de migrantes indocumentados a Florida, lo que provocó numerosas críticas de la administración.
Preservar los Everglades
Williams dijo que su orden daba tiempo a los demandados estatales y federales para reducir gradualmente los trabajos en la instalación de modo que pueda someterse a las evaluaciones ambientales requeridas. Mencionó más de 75 años de esfuerzos por preservar los Everglades.
“Desde entonces, cada gobernador de Florida, cada senador de Florida y un sinnúmero de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades”, escribió. “Esta orden no hace más que cumplir con los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”.
El presidente Donald Trump recorrió la instalación el mes pasado, antes de su apertura el 2 de julio, y dejó entrever que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, a medida que su gobierno se apresura a expandir la infraestructura necesaria para el aumento de deportaciones.
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado que las obras y operaciones del lugar debían detenerse hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales. Su demanda afirma que el proyecto ponía en riesgo humedales sensibles que son hogar de flora y fauna protegida y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó el fallo como una victoria histórica para los Everglades y los estadounidenses que creen que este ecosistema en peligro debe ser protegido. “Envía un claro mensaje de que las leyes ambientales deben ser respetadas por los líderes en los niveles más altos de nuestro gobierno, y que hay consecuencias por ignorarlas”, subrayó en un comunicado.
El presidente de la tribu Miccosukee, Talbert Cypress, dijo que esta no es la primera vez que la tribu ha tenido que luchar por su tierra y sus derechos. “Siempre defenderemos nuestra cultura, nuestra soberanía y a los Everglades”, señaló.
Los abogados de los demandados estatales y federales no respondieron de momento a consultas. Anteriormente han argumentado que, aunque el centro de detención albergaría a detenidos federales, la construcción y operación de la instalación están completamente bajo el estado de Florida, lo que significa que la ley ambiental federal no se aplicaba.
La jueza ha dicho que la instalación de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.
Construcción apresurada
El centro de detención se construyó a toda marcha hace casi dos meses en lo que era un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista en medio de los Everglades. Actualmente alberga a varios cientos de detenidos, pero fue diseñado para recibir eventualmente hasta 3000 detenidos en carpas temporales.
Dentro de las grandes tiendas blancas del complejo, filas de literas están rodeadas por jaulas de malla metálica. Las personas detenidas en el lugar afirman que la comida tiene gusanos, los inodoros no funcionan y las aguas residuales inundan los pisos, mientras que los mosquitos y otros insectos están por todas partes. A veces, los aires acondicionados se apagan abruptamente en medio del calor sofocante. Los detenidos afirman que pasan días sin ducharse o recibir medicamentos recetados, y sólo pueden hablar con abogados y seres queridos vía telefónica.
Testigos de los grupos ambientalistas declararon durante la audiencia que se habían agregado al menos 8 hectáreas de asfalto a la instalación desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida comenzó la construcción. Añadieron que el pavimento adicional podría llevar a un aumento en la escorrentía de agua hacia los humedales adyacentes, esparcir químicos dañinos en los Everglades y reducir el hábitat de la pantera de Florida, un animal en peligro de extinción.
Los abogados de las agencias federales y estatales han pedido a Williams que desestime o transfiera la solicitud de orden judicial, diciendo que la demanda se presentó en la jurisdicción incorrecta. Williams dictaminó el jueves que su tribunal era el lugar adecuado.
Otra jueza federal en Miami desestimó esta semana parte de una demanda que afirmaba que a los detenidos se les negaba el acceso al sistema legal en el centro de detención de inmigrantes, y luego trasladó los cargos restantes del caso a otro tribunal.
Las demandas se dirimen mientras el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, aparentemente se preparaba para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en un complejo de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida en el norte del estado.
Agencias AP y AFP
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