Ron DeSantis investiga a un popular condado en Florida y envía citaciones a sus empleados: “Merecen algo mejor”
La intervención del gobierno estatal en Orlando generó tensiones políticas, acusaciones cruzadas y un debate sobre el alcance del control republicano en la gestión local de recursos públicos
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el director financiero del estado, Blaise Ingoglia, anunciaron la emisión de citaciones a empleados del condado de Orange, en el área de Orlando. La medida busca esclarecer supuestas irregularidades en los registros oficiales y se enmarca dentro de las auditorías estatales del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), creado este año por la administración republicana.
Citaciones del DOGE de Florida a empleados del condado de Orange
Ingoglia confirmó que su oficina envió citaciones a trabajadores del condado de Orange tras detectar falta de cooperación con el equipo del DOGE. El funcionario acusó a los empleados de ocultar documentos vinculados a programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y de leer de un guion cuando se les realizaron preguntas. No reveló la cantidad exacta de citaciones emitidas.
Governor DeSantis Joins CFO Blaise Ingoglia to Announce Subpoenas for Orange County https://t.co/w2pzlcC81D
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 27, 2025
De acuerdo con un comunicado oficial, las citaciones exigen que los empleados del condado cooperen con la auditoría del DOGE y entreguen cualquier documento que hubiera sido previamente ocultado o retenido. “Los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se gasta el dinero que tanto les cuesta ganar”, sostuvo Ingoglia.
El gobernador DeSantis respaldó la decisión: “Los contribuyentes del condado de Orange merecen algo mejor”, expresó: “Alterar registros públicos e intentar encubrir decisiones de gasto irresponsables es inaceptable, y continuaremos trabajando para descubrir la verdad”.
Respuesta del condado de Orange
Por su parte, de acuerdo con Associated Press, el miércoles 27 de agosto, el alcalde Jerry Demings negó las acusaciones y aseguró que el condado “cooperó plenamente con el equipo de auditoría del DOGE de Florida”.
En un comunicado, aclaró: “Ningún empleado fue instruido para alterar, cambiar o eliminar ningún documento. Si bien nuestros empleados pudieron haber leído o hecho referencia a notas, los empleados no estaban guionados en sus declaraciones”.

Críticas a las auditorías del DOGE en Florida
En el mismo sentido, los opositores de DeSantis sostienen que las auditorías son parte de un esfuerzo político para incrementar el control estatal sobre gobiernos locales. El gobernador ya había suspendido en el pasado a fiscales electos en Orlando y Tampa, lo que reforzó la percepción de que intenta debilitar a ciudades con fuerte peso demócrata.
“Lo entiendo. Puede haber algo de fricción”, reconoció DeSantis. “Florida, políticamente ahora, es como una gran península roja con algunos puntos azules, ¿verdad? Orlando es uno de esos puntos azules”, agregó el gobernador.
Crecimiento del gasto en el condado de Orange
El comunicado oficial del gobernador detalló que en los últimos cinco años el condado de Orange aumentó su recaudación de impuestos ad valorem en más de US$330 millones, lo que representa un crecimiento del 52% desde el año fiscal 2019-2020. Durante el mismo período, la población del condado solo creció alrededor de un 10%.
Además, el gasto del fondo general se incrementó en más de US$559 millones, al pasar de poco más de US$1000 millones en 2019-20 a US$1600 millones en 2024-25, un salto del 54%. Parte de esos fondos se destinaron a programas DEI, lo que generó críticas desde la administración estatal.

Entre las partidas cuestionadas figura un pago de US$322.000 por un “estudio de disparidades” para justificar supuestas prácticas discriminatorias en la asignación de contratos. Según el equipo del DOGE, este tipo de gastos responde a prioridades “woke” que distorsionan la gestión de los recursos públicos.
“No me quedaré de brazos cruzados mientras los floridanos se ven obligados a pagar impuestos a la propiedad más altos para financiar presupuestos gubernamentales despilfarradores e inflados”, concluyó Ingoglia.
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