Ron DeSantis la firmó: cuándo entra en vigor la nueva ley HB 597 que impacta en las escuelas de Florida

A partir del 1° de julio de 2025, las escuelas públicas de Florida deberán contar con nuevos protocolos para atender emergencias relacionadas con la diabetes en estudiantes. Así lo establece la ley HB 597, firmada por el gobernador Ron DeSantis, que redefine cómo los establecimientos educativos podrán adquirir, almacenar y administrar glucagón, un medicamento clave para tratar episodios de hipoglucemia severa.

La ley HB 597 autoriza a los distritos escolares y a las escuelas públicas de Florida a incorporar y mantener una provisión de glucagón no designado, es decir, sin estar destinado previamente a un estudiante específico. El objetivo principal es que este medicamento esté disponible de inmediato cuando un alumno sufra una crisis de hipoglucemia y no tenga acceso a su propia dosis, ya sea porque está vencida o porque no se encuentra en el lugar.

Según el análisis legislativo del proyecto aprobado, la implementación del nuevo marco normativo prevé múltiples acciones concretas:

• Las escuelas podrán solicitar anualmente una receta de glucagón a un departamento de salud del condado o a un profesional médico habilitado.
• Un farmacéutico autorizado podrá dispensar el medicamento a nombre de la institución educativa, sin necesidad de que esté prescripto para un alumno determinado.
• Las escuelas podrán adquirir glucagón mediante acuerdos con fabricantes o proveedores, que podrán entregarlo sin costo, a precio de mercado justo o con descuentos.
• También podrán recibir donaciones económicas o aplicar a subsidios para financiar la compra de glucagón.
• El medicamento deberá almacenarse en un lugar seguro, pero de acceso inmediato para el personal capacitado que lo administre.
• Un agente escolar entrenado será responsable de conservar, controlar y aplicar el glucagón según las instrucciones del fabricante y el plan médico del estudiante.

La ley detalla con precisión los pasos que deberá seguir una escuela pública de Florida ante un episodio de hipoglucemia grave, con el fin de salvaguardar al estudiante afectado y dar aviso oportuno a su familia. Según lo dispuesto:

• El glucagón no designado solo podrá utilizarse si lo autoriza el plan médico de manejo de diabetes del alumno o una orden escrita de un profesional de la salud.
• Una vez administrado el medicamento, un empleado escolar deberá solicitar asistencia médica de emergencia sin demora.
• Además, deberá notificar a la enfermera escolar, al padre, madre o tutor legal, o al contacto de emergencia registrado.

Este enfoque busca que ninguna escuela quede sin herramientas ante una urgencia de este tipo. En el pasado, la falta de disponibilidad de glucagón o la imposibilidad de usarlo por no estar prescripto para un estudiante específico generó barreras para una atención rápida y eficaz, según explica el texto de la norma.

Un aspecto central de la HB 597 es la protección legal que otorga a quienes intervengan en estos procedimientos. La normativa establece inmunidad civil y penal tanto para los distritos escolares como para sus empleados o representantes que adquieran, conserven o administren glucagón, siempre que lo hagan con respeto a los lineamientos establecidos y que no incurran en negligencia grave o mala conducta deliberada.

Asimismo, los profesionales médicos que prescriban el medicamento, así como los farmacéuticos que lo dispensen, también quedan cubiertos por esta cláusula de inmunidad. Esta disposición pretende fomentar la colaboración entre el sistema educativo y el sistema sanitario sin temor a consecuencias legales injustificadas.

Durante el ciclo lectivo 2020-2021, las escuelas públicas de Florida registraron 7923 estudiantes con diagnóstico de diabetes: 7006 con tipo 1 y 917 con tipo 2, según cifras recopiladas en el análisis del proyecto de ley.

Entre ellos, más de 3300 alumnos requirieron insulina en horario escolar, y una proporción similar necesitó monitoreo de glucosa o conteo de carbohidratos. Estos datos reflejan la magnitud del desafío y la necesidad de una política sanitaria escolar efectiva.

La normativa no modifica el derecho vigente de los estudiantes a manejar su enfermedad en forma autónoma, con autorización médica y familiar, como lo permiten actualmente las reglas del sistema educativo estatal. Sin embargo, añade un nuevo respaldo institucional ante situaciones en que el alumno no pueda autoadministrarse el medicamento o no cuente con él en el momento crucial.