Si Ron DeSantis la firma, entra en vigor el 1° de julio: qué dice la polémica ley que impacta en el agua de Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que firmará la ley conocida como “Florida Farm Bill” (SB 700), que generó fuertes repercusiones debido a una medida concreta dentro de la normativa: la prohibición de añadir flúor al agua potable en todo el estado. Si bien la iniciativa abarca numerosos aspectos vinculados al sector agropecuario y energético, fue este punto el que acaparó la atención pública por sus implicancias en la salud de millones de habitantes.

Florida Farm Bill: una ley integral en Florida con impacto en agricultura, energía y salud

La ley SB 700 introduce una batería de modificaciones legales que redefinen funciones del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. Además de limitar el uso de aditivos en el agua pública, la norma establece nuevas reglas sobre energías renovables, seguridad alimentaria, servicios financieros para el sector agropecuario y programas de recuperación ambiental. La normativa entrará en vigor el 1° de julio de 2025, luego de la firma de DeSantis.

Entre los cambios más relevantes que impone la legislación se destacan:

• La clasificación obligatoria como tierras agrícolas de aquellas superficies propiedad de empresas eléctricas donde conviven paneles solares y actividades rurales.
• La potestad del Departamento para dictar normas sobre estaciones de carga para autos eléctricos, incluyendo estándares de instalación, mantenimiento y seguridad.
• La creación del Programa de Modernización de Interruptores de Transferencia de Combustibles Minoristas y del Programa de Recuperación de Emergencias Silvícolas para apoyar a dueños de bosques dañados por desastres.
• La prohibición de que gobiernos locales impidan actividades educativas vinculadas a Future Farmers of America, 4-H o instalaciones agroeducativas, incluso cuando se usen para almacenamiento de animales o equipos.
• El lanzamiento del Registro de Servicio Honesto, que controlará prácticas comerciales en el rubro agrícola.
• La posibilidad de ofrecer exámenes de control de plagas tanto de forma presencial como remota a través de proveedores externos.

El punto más controversial: el flúor fuera del agua potable de Florida

Aunque el texto legal no menciona expresamente la palabra “fluoruro”, la ley impide el uso de cualquier aditivo en el sistema de agua pública que no se incluya dentro de la definición de “aditivo de calidad del agua” que establece la legislación estatal. Bajo esa normativa, cualquier sustancia añadida con fines de salud pública, como el flúor, queda excluida.

A partir del 1° de julio de 2025, quedará prohibido legalmente que los gobiernos locales incorporen flúor en el suministro de agua potable en Florida. Esta decisión representa un fuerte cambio en la política de salud pública del estado, y contradice las recomendaciones de organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Asociación Dental Americana (ADA, por sus siglas en inglés), que consideran la fluoración comunitaria una de las medidas más eficaces para prevenir la caries dental.

Durante el anuncio de la firma de la ley en Miami, DeSantis afirmó: “Es medicación forzada cuando están metiendo flúor en el suministro de agua”. El gobernador también defendió la medida al argumentar que existen “estudios que han planteado preocupaciones sobre riesgos físicos y mentales asociados con la sobreexposición al flúor”.

Un precedente sobre el flúor en el agua potable: la decisión de Utah

Con esta ley, Florida se convertirá en el segundo estado del país norteamericano en prohibir de forma explícita la fluoración del agua potable. Utah fue el primero en adoptar esta postura a principios de 2025.

Mientras algunos sectores celebran la eliminación del flúor como una victoria frente a lo que consideran prácticas invasivas del Estado, otros advierten sobre el alto costo sanitario que podría generar esta medida en los próximos años, sobre todo en un estado con una población envejecida y grandes desigualdades sociales.

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