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Todas las leyes migratorias firmadas por Ron DeSantis en Florida en 2025
El gobernador del Estado Soleado impulsó normas alineadas con las políticas de la administración Donald Trump
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LA NACION
Florida atravesó un 2025 marcado por sesiones legislativas especiales, anuncios ejecutivos y disputas judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. En este contexto, el gobernador Ron DeSantis impulsó leyes y medidas que endurecieron las políticas migratorias, en línea con la postura de la administración Donald Trump.
SB 2-C: la ley de Florida sobre la arquitectura institucional del control migratorio
La primera gran norma de 2025 en Florida fue la SB 2-C, firmada por DeSantis el 13 de febrero de 2025 durante una sesión legislativa especial. El proyecto fue presentado como una de las leyes migratorias más duras de EE.UU.
Esta legislación creó el State Board of Immigration Enforcement, un organismo integrado por el gobernador y miembros del gabinete, con la función de coordinar de manera directa las acciones del estado con las agencias federales de inmigración.
La ley estableció además un programa de subvenciones, con un financiamiento estimado entre 250 y 300 millones de dólares, destinado a reforzar la cooperación de las fuerzas de seguridad locales con las autoridades federales.
Entre los puntos centrales de la SB 2-C se incluyeron:
- La prohibición de emitir licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales a inmigrantes indocumentados.
- El endurecimiento de penas para determinados delitos cometidos por personas sin estatus legal
- La creación de un Unauthorized Alien Transport Program, orientado a regular y sancionar el traslado de inmigrantes en situación irregular.
La norma se apoyó en marcos legales previos, como la SB 1718 aprobada en 2023, y buscó consolidar un esquema permanente de colaboración entre Florida y el gobierno federal.
SB 4-C: la ley firmada por DeSantis que fue bloqueada por la Justicia
El 13 de febrero de 2025, DeSantis firmó la SB 4-C, que rápidamente se convirtió en la norma más controvertida del paquete migratorio. Esta ley estableció como delito estatal que una persona adulta indocumentada ingresara o reingresara a Florida tras haber eludido controles federales o luego de una deportación previa.
Para una primera infracción, el castigo previsto fue un delito menor, mientras que la reincidencia podía derivar en cargos penales más graves.
La SB 4-C también introdujo sanciones agravadas para crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados y habilitó, en determinados casos, la posibilidad de aplicar la pena de muerte para delitos capitales.
Además, eliminó la elegibilidad para la matrícula universitaria con tarifa estatal a estudiantes extranjeros ilegales en universidades públicas, con fecha de entrada en vigor prevista para el 1° de julio de 2025.
Sin embargo, la norma nunca llegó a aplicarse. Organizaciones como la Florida Immigrant Coalition y la Farmworker Association of Florida presentaron una demanda ante un tribunal federal en Miami, donde argumentaron que la ley estatal era incompatible con el esquema federal de inmigración.
La jueza federal Kathleen Williams dictó una medida cautelar que bloqueó su implementación, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones del 11° Circuito.
El conflicto escaló hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 9 de julio de 2025 rechazó la solicitud de Florida para levantar la prohibición. En una orden breve y sin disidencias, el máximo tribunal dejó vigente el freno judicial, lo que impidió que la SB 4-C entre en vigor mientras continúa el litigio.
SB 830: control sobre embarcaciones de migrantes
La tercera ley migratoria firmada por Ron DeSantis en 2025 fue la SB 830, conocida como Disposition of Migrant Vessels, con fecha de entrada en vigor el 1° de julio de 2025.
A diferencia de las anteriores, esta norma se enfocó en un aspecto operativo específico: las embarcaciones utilizadas para el transporte irregular de inmigrantes.
La ley definió formalmente el concepto de “migrant vessel”: una embarcación construida de manera irregular, con materiales improvisados, sin identificación oficial y destinada al traslado de inmigrantes indocumentados.
A partir de esa definición, la norma amplió las facultades del estado y de las fuerzas de seguridad para remover, destruir y disponer de este tipo de naves encontradas en aguas de Florida.
El texto legal estableció procedimientos detallados para que los agentes coloquen avisos, otorguen plazos y, de ser necesario, procedan a la eliminación de las embarcaciones.
También habilitó el uso de fondos estatales y federales, incluidos recursos del Marine Resources Conservation Trust Fund y del Florida Coastal Protection Trust Fund, para financiar las tareas de remoción, almacenamiento y destrucción.
Acuerdos de Florida con el ICE: la ampliación del programa 287(g)
Además de las leyes, DeSantis anunció en febrero de 2025 una serie de memorandos de entendimiento entre agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A partir de la directiva del gobernador, organismos como el Florida Department of Law Enforcement, la Fish and Wildlife Conservation Commission y la Florida State Guard fueron autorizados a recibir capacitación y aprobación de, ICE bajo el programa 287(g).
Según el comunicado oficial, esto permite que agentes estatales asuman funciones propias de oficiales migratorios: desde interrogar a personas sobre su estatus legal hasta detener y trasladar inmigrantes para su procesamiento federal.
