Nuevas leyes en Florida 2025: reglas actualizadas y vigentes que se aplican para migrantes

Durante 2025, las nuevas leyes de Florida consolidaron una agenda de control migratorio más amplia y centralizada. Las reformas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis abarcan distintas áreas, desde la regulación de documentos de identidad hasta la supervisión de programas universitarios vinculados con la contratación de personal extranjero.

• Este 29 de octubre de 2025, por ejemplo, el mandatario estatal ordenó a la Junta de Gobernadores tomar medidas contra el uso indebido de visas H-1B en instituciones de educación superior.
• A su vez, instruyó al Departamento de Administración del Gobierno de Florida a suspender o reasignar millones de dólares en subvenciones vinculadas a programas de diversidad, equidad e inclusión, en línea con su política de revisar los gastos públicos asociados a este tipo de proyectos.

DeSantis explicó que las universidades del estado deben priorizar a los graduados nacionales frente a la contratación de trabajadores extranjeros. “Están contratando a empleados con visas H-1B en lugar de a estadounidenses cualificados y disponibles para el puesto”, aseguró en un comunicado oficial.

“No toleraremos este abuso. Por eso he ordenado a la Junta de Gobernadores de Florida que ponga fin a esta práctica”, agregó.

En coordinación con la oficina federal homónima, el sistema universitario estatal identificó más de 33 millones de dólares en subvenciones sujetas a revisión o cancelación.

El gobernador sostuvo que las instituciones financiadas por los contribuyentes deben “servir a la fuerza laboral estadounidense” y no depender de personal extranjero. En consecuencia, Florida revisa de forma permanente las contrataciones universitarias bajo programas de visas de trabajo.

A lo largo de 2025, Florida aprobó tres leyes principales que consolidan su política migratoria. La SB 2-C, la SB 830 y la HB 915 redefinen el papel de las agencias estatales en materia de control, sanciones y cooperación federal.

La SB 2-C, firmada en julio, es considerada la norma central del paquete legislativo. Establece restricciones al otorgamiento de licencias de conducir, impide la validez en el estado de permisos emitidos a inmigrantes indocumentados en otras jurisdicciones y refuerza la coordinación entre fuerzas locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

También creó la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, responsable de supervisar la ejecución de las normas y administrar fondos de cooperación local.

A través del Programa de Subvenciones de Inmigración para la Aplicación de la Ley Local, se destinan más de US$298 millones para reembolsos y bonificaciones a oficiales que participen en operativos migratorios.

La legislación prohíbe al Departamento de Seguridad Vial emitir licencias o tarjetas de identificación a personas sin estatus migratorio legal. Además, los permisos expedidos por otros estados a indocumentados carecen de validez en Florida.

En el ámbito electoral, se penaliza el voto de no ciudadanos en elecciones estatales o locales. Cualquier intento de participación en estas condiciones constituye delito grave de tercer grado, con penas de hasta cinco años de prisión.

En el sistema educativo, la SB 2-C elimina la posibilidad de que estudiantes indocumentados paguen tarifas reducidas de matrícula en universidades públicas. Desde julio de 2025, solo los ciudadanos o residentes legales pueden acceder a este beneficio, lo que incrementa los costos de estudio para quienes carecen de documentos válidos.

Florida reforzó su vínculo con el gobierno federal mediante la expansión del programa 287(g), que autoriza a policías estatales y locales a colaborar directamente con el ICE en tareas de control migratorio. Este convenio incluye la Patrulla de Carreteras de Florida, el Departamento de Aplicación de la Ley (FDLE, por sus siglas en inglés) y la Guardia Estatal.

Además, el estado implementó el Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados, vigente hasta 2027. Este mecanismo permite el traslado de personas bajo procesos de deportación a solicitud del ICE, con la condición de que los costos sean reembolsados por el gobierno federal.

Dentro de la misma estrategia, el gobernador inauguró el Centro de Detención Baker, en Sanderson, con capacidad para 1300 detenidos. Esta instalación, denominada “Deportation Depot”, forma parte del plan de expansión de infraestructura para detenciones migratorias.

Otra disposición clave fue la Ley SB 830, enfocada en la regulación de embarcaciones que transportan extranjeros hacia la península. La norma define como “embarcaciones migrantes” aquellas construidas con materiales improvisados o sin registro, utilizadas para traslados de personas sin autorización.

Las autoridades están facultadas para retirar y destruir estos barcos si permanecen más de 24 horas en aguas del estado. A diferencia de otras embarcaciones abandonadas, el proceso no requiere notificación previa a propietarios o acreedores. Esta medida busca reducir el ingreso irregular por vía marítima y facilitar la respuesta rápida ante situaciones de riesgo.

En paralelo, el gobierno mantiene la Orden Ejecutiva 25-192, que extiende el estado de emergencia declarado por el aumento de llegadas. Esta autoriza el despliegue de recursos adicionales y la cooperación entre agencias locales y federales.

La Ley HB 915, en vigor desde julio de 2025, tiene como objetivo evitar fraudes cometidos por personas que ofrecen servicios legales sin autorización. La normativa prohíbe el uso de términos como “notario” o “consultor de inmigración” para quienes no sean abogados licenciados en Florida.

Toda publicidad en idioma distinto del inglés debe incluir un aviso que aclare que el oferente no está autorizado para brindar asesoramiento legal. Además, las víctimas de estas prácticas pueden iniciar demandas civiles y reclamar compensaciones por daños.

La ley también obliga a empresas que ofrecen asistencia no legal a publicar avisos visibles en sus sitios web y oficinas. De esta manera, el estado busca prevenir engaños que históricamente han afectado a comunidades migrantes con promesas falsas de regularización.

Estas medidas se desarrollan en un contexto político en el que el tema migratorio ocupa un papel central. Bajo la administración DeSantis, Florida se posiciona como uno de los estados con políticas más restrictivas en esta materia, al tiempo que refuerza su alineamiento con las directrices federales impulsadas por el presidente Donald Trump.