Vales escolares de DeSantis en Florida: piden investigar el desvío de fondos públicos hacia escuelas privadas
Los demandantes recuerdan que la ley local exige un sistema de instituciones gratuitas y de alta calidad, un estándar que consideran comprometido
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LA NACION
Una nueva acción judicial presentada en Florida ante el Segundo Circuito Judicial por la Asociación de Educación de Florida (FEA, por sus siglas en inglés), junto con padres, docentes y organizaciones civiles, cuestiona el modelo de vouchers y becas escolares impulsado en los últimos años por el gobernador Ron DeSantis. Los demandantes denuncian la existencia de una estructura paralela que utiliza dinero público sin estar sometida a las mismas normas de control, seguridad y transparencia que las escuelas públicas tradicionales.
La demanda contra Florida que cuestiona el sistema de vouchers y escuelas privadas
Según la presentación judicial impulsada por la Asociación de Educación de Florida, la Constitución de Florida obliga al estado a garantizar “un sistema uniforme, eficiente, seguro y de alta calidad de escuelas públicas gratuitas”.
La demanda recuerda que esa obligación fue reforzada en 1998, cuando los votantes aprobaron una modificación constitucional para exigir que el acceso a una educación de calidad no dependa del lugar donde vive un estudiante ni del tipo de institución a la que asiste.
El documento argumenta que, con el paso de los años, Florida desarrolló un esquema en el que distintas instituciones financiadas con dinero de los contribuyentes funcionan bajo reglas completamente diferentes. Para los demandantes, eso rompe con el principio de uniformidad educativa previsto en la Constitución estatal.
La acción judicial sostiene que el problema se agravó especialmente en los últimos años, a medida que aumentó la expansión de los programas de becas y vales escolares destinados a familias que eligen escuelas privadas o educación en el hogar.
La expansión de estos programas formó parte de una de las principales iniciativas educativas impulsadas por la administración DeSantis, que durante los últimos años promovió el uso de vouchers y becas estatales para facilitar el acceso a escuelas privadas y reducir restricciones sobre esos programas.
Cuánto dinero destina Florida a vouchers y becas escolares privadas
La demanda afirma que Florida dirige actualmente alrededor de US$4900 millones anuales de fondos públicos educativos hacia escuelas privadas y determinadas escuelas charter que no están obligadas a cumplir las mismas exigencias que el sistema público tradicional.
De acuerdo con la presentación, cerca del 24% del financiamiento educativo estatal ya se destina a programas de becas escolares. En 2021, esa proporción era del 12%. El crecimiento del programa también se refleja en la cantidad de estudiantes beneficiados: más de 524 mil alumnos reciben actualmente algún tipo de ayuda vinculada al Family Empowerment Scholarship Program.
Otro de los datos destacados en el expediente es que aproximadamente el 69% de esos estudiantes ya asistían previamente a escuelas privadas antes de comenzar a recibir fondos públicos.
Los demandantes consideran que esto demuestra que el estado no amplía necesariamente el acceso educativo, sino que financia con recursos públicos un sistema privado que ya existía y que opera fuera de los mismos controles aplicados a las escuelas públicas.
Qué objeta la FEA sobre el programa Family Empowerment Scholarship en Florida
El reclamo judicial se enfoca principalmente en el Family Empowerment Scholarship Program, conocido como FES. Ese esquema permite que fondos provenientes del programa estatal de financiamiento educativo sean utilizados para pagar matrículas y gastos en escuelas privadas.
La presentación identifica dos grandes programas dentro del sistema:
- Family Empowerment Scholarship for Educational Options (FES-EO).
- Family Empowerment Scholarship for Unique Abilities (FES-UA).
El primero está abierto a prácticamente cualquier estudiante residente en Florida desde que se eliminaron los requisitos de ingresos familiares en 2023. El segundo está destinado a alumnos con discapacidades documentadas.
Según la demanda presentada por la FEA, ambos programas reciben financiamiento directamente desde el Florida Education Finance Program (FEFP), el principal mecanismo estatal de distribución de recursos educativos.
Los demandantes sostienen que el dinero público termina por financiar instituciones privadas que no están obligadas a cumplir las mismas exigencias académicas, administrativas y de seguridad que las escuelas públicas.
La demanda también cuestiona el financiamiento y control de las escuelas charter
Aunque gran parte de la discusión gira alrededor de las escuelas privadas, la presentación judicial también cuestiona el funcionamiento de las escuelas charter. La demanda señala que esas instituciones reciben financiamiento público y forman parte oficialmente del sistema estatal de educación, pero al mismo tiempo están exentas de numerosas regulaciones aplicadas a las escuelas tradicionales.
Según los demandantes, las escuelas charter pueden operar bajo estándares diferentes en áreas vinculadas a:
- Infraestructura
- Evaluación docente
- Programas académicos
- Transparencia financiera
- Políticas de admisión
- Supervisión administrativa
Qué busca la FEA con la demanda contra el sistema educativo de Florida
En la parte final de la demanda, la Asociación de Educación de Florida solicita que la Justicia declare inconstitucional el Family Empowerment Scholarship Program y también el actual esquema legal que regula las escuelas charter.
Además, los demandantes buscan que el tribunal ordene frenar el uso de fondos públicos en escuelas privadas mientras existan “disparidades categóricas” entre los distintos sistemas educativos financiados por el estado.
La presentación también reclama que se declare ilegal el financiamiento de instituciones privadas que no cumplen los estándares de seguridad exigidos a las escuelas públicas.
Para los impulsores del caso, Florida construyó “un sistema inconsistente y desigual” que perjudica tanto a las escuelas públicas como a los estudiantes. La demanda sostiene que el estado incumplió la promesa constitucional realizada en 1998 y plantea que ahora será la Justicia quien deberá decidir si el modelo actual de financiamiento educativo puede mantenerse.
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