Gobierno de Trump demanda a Colorado y Denver por supuesta interferencia en control de inmigración

DENVER (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Colorado y a Denver el viernes por supuestamente interferir con los empeños federales para hacer cumplir las leyes de inmigración, el intento más reciente del gobierno del presidente Donald Trump para aplicar medidas enérgicas contra lo que algunos llaman ciudades y políticas santuario.

La demanda afirma que el estado y su ciudad más poblada, Denver, han aprobado "leyes santuario" que violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución del país.

"Estados Unidos tiene una autoridad bien establecida, preeminente y preventiva para regular asuntos de inmigración", según la demanda, que fue presentada en un tribunal federal en Denver.

No existe una definición estricta para las políticas de santuario o las ciudades santuario, pero en general los términos describen una cooperación local limitada con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El ICE hace cumplir las leyes federales de inmigración a nivel nacional, pero intenta obtener ayuda estatal y local, especialmente para deportaciones a gran escala, y solicita que la policía le avise acerca de personas que desea deportar y las detenga hasta que los agentes federales se hagan cargo de ellas.

El Departamento de Justicia ha presentado demandas similares contra Chicago y Rochester, Nueva York.

Abogados del departamento argumentan que las "políticas de santuario" de Colorado permitieron que la pandilla venezolana Tren de Aragua tomara el control de un complejo de apartamentos en Aurora, un suburbio de Denver.

Funcionarios locales han dicho que las afirmaciones de Trump de que la pandilla había tomado grandes extensiones de la ciudad son exageradas, pero reconocieron que el complejo de apartamentos fue presa de la intimidación, incluso por personas vinculadas al Tren de Aragua.

La lista de demandados es la siguiente: el gobernador demócrata Jared Polis, el Congreso estatal, el alcalde de Denver, Mike Johnston; y el fiscal general estatal de Colorado, Phil Weiser.

Conor Cahill, portavoz de Polis, indicó en un correo electrónico que Colorado no es un estado santuario y que trabaja con regularidad con agencias policiales locales, estatales y federales.

"Si los tribunales dicen que alguna ley de Colorado es inválida, entonces acataremos el fallo", expresó. "No vamos a comentar sobre los méritos de la demanda".

Republicanos en el Congreso han presionado a funcionarios en ciudades gobernadas por demócratas con el fin de que cooperen con la agenda del gobierno de Trump para controlar la inmigración. Los legisladores convocaron a los alcaldes de Denver, Boston, Nueva York y Chicago para que testificaran el mes pasado ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.

Los alcaldes se defendieron, diciendo que sus comunidades son lugares acogedores, no zonas anárquicas de peligro, y le pidieron al Congreso que apruebe una reforma migratoria.

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