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Chicago obliga a sus contratistas a revelar vínculos con el ICE y Brandon Johnson ya detectó US$3190 millones en contratos
Las empresas deberán informar sobre contratos gubernamentales, procesos relacionados con derechos civiles e infracciones de integridad
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LA NACION
La ciudad de Chicago estableció nuevas reglas para las empresas que mantienen contratos o buscan obtenerlos con el gobierno municipal. La Orden Ejecutiva 2026-06, firmada por el alcalde Brandon Johnson, incorpora requisitos de información y controles y expuso vínculos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Qué deberán informar las empresas que trabajan con Chicago
La nueva normativa no establece que una compañía quede automáticamente excluida de las contrataciones municipales por tener un vínculo comercial con ICE. La administración Johnson indicó que el objetivo es obtener información para evaluar la conducta de los proveedores en cuestiones relacionadas con derechos civiles, laborales e integridad pública.
“El dinero público debe fortalecer nuestros barrios, crear oportunidades y servir a quienes consideran a Chicago su hogar, no financiar prácticas que perjudican a nuestras comunidades”, declaró el alcalde de la ciudad de Illinois en el comunicado oficial.
Los contratistas y subcontratistas que ya trabajan para Chicago tendrán 60 días para informar si durante los últimos cinco años recibieron más de 500.000 dólares mediante acuerdos con organismos gubernamentales. También deberán comunicar si estuvieron involucrados en procedimientos civiles o administrativos relacionados con denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales, actuaciones policiales inconstitucionales o discriminación.
Las empresas con contratos municipales superiores a US$100.000 deberán proporcionar información adicional. Entre los datos solicitados se encuentra:
- Composición de sus directorios
- Determinadas políticas de diversidad
- Iniciativas destinadas a incorporar, contratar o promover a personas que hayan estado en prisión
La decisión se produce en el marco de la campaña nacional Not With Our Money, que promueve que los gobiernos utilicen sus procesos de compras y contrataciones para establecer condiciones de responsabilidad empresarial. Chicago es, según el comunicado oficial, el primer municipio importante en incorporarse a esta iniciativa.
42 compañías con vínculos con el ICE tenían contratos con Chicago
La orden establece además un mecanismo para impedir que determinadas entidades obtengan contratos o subcontratos municipales cuando hayan cometido una “violación de integridad pública” durante los cinco años anteriores. Según lo retomado por el medio local WBEZ Chicago, entre las conductas contempladas figuran sobornos, robo de salarios y discriminación laboral.
El alcance de esta disposición es diferente al de algunas prohibiciones ya incluidas en el código municipal. Mientras determinadas infracciones requieren una condena judicial, la nueva norma también contempla decisiones adoptadas por organismos de supervisión gubernamental, como inspectores generales o auditores.
Los futuros contratistas deberán certificar que no incurrieron en estas conductas durante el período establecido y asumir el compromiso de no cometerlas mientras dure el contrato. En caso de incumplimiento durante la vigencia del acuerdo, las medidas pueden incluir la rescisión, suspensión o inhabilitación para contratos con la ciudad.
De acuerdo con el medio, se identificaron contratos municipales vigentes por unos US$3190 millones con 42 compañías que también mantienen o mantuvieron negocios con el ICE.
Los contribuyentes de Chicago podrán consultar las declaraciones
Según el gobierno de Johnson, la transparencia constituye otro de los componentes de la medida. Chicago deberá publicar las declaraciones presentadas por las empresas dentro de los 30 días posteriores a su recepción.
De esta manera, la información sobre los proveedores municipales quedará disponible para consulta pública. La orden también incorpora disposiciones relacionadas con los trabajadores.
En nuevos contratos, renovaciones o extensiones, las empresas deberán comunicar a sus empleados cuáles son sus derechos bajo las normas contra la discriminación y las regulaciones laborales locales.
La Orden Ejecutiva 2026-06 creó un Grupo de Trabajo sobre Estándares Éticos de Contratación Pública integrado por hasta 12 personas. El organismo tendrá que realizar audiencias públicas dentro de los 60 días posteriores a su conformación.
Luego, en un plazo de 120 días, deberá presentar propuestas sobre nuevas normas, posibles modificaciones legales, protección de denunciantes, información a trabajadores y mecanismos para controlar el cumplimiento de los proveedores.
En un plazo de 150 días, el director de adquisiciones deberá actualizar las medidas y procedimientos municipales correspondientes.
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