El alcalde de Chicago firma una orden que endurece los controles para que la ciudad compre armas

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una nueva orden ejecutiva con la que busca endurecer los criterios que utiliza la ciudad para comprar armas de fuego, accesorios y municiones. La medida apunta a reforzar los estándares para contratar proveedores, exigir mayores controles sobre su historial regulatorio y evitar que dinero público termine beneficiando a empresas vinculadas con prácticas que faciliten el tráfico ilegal.

A través de una publicación en X, el alcalde Brandon Johnson defendió la decisión y la vinculó con la necesidad de impedir que los recursos públicos terminen por favorecer a vendedores que incumplen la normativa.

En ese mensaje también dejó la frase que marcó el anuncio: “Solo el 5% de ellos es responsable del 90% de las armas recuperadas en delitos”.

Más adelante agregó que la orden ejecutiva impulsada con el apoyo de Brady: United Against Gun Violence fortalecerá los estándares de contratación de la ciudad para identificar y evitar entregar dinero de los contribuyentes a proveedores que trafiquen armas de manera ilegal. Según la publicación del alcalde, el objetivo es utilizar el poder de compra del gobierno local para incentivar prácticas comerciales responsables.

En esa misma declaración, Johnson sostuvo que la seguridad comunitaria también depende de la manera en que se administran los fondos públicos. Señaló que la ciudad debe asegurarse de que cada compra contribuya a promover prácticas empresariales responsables y a fortalecer la protección de los barrios.

De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina del alcalde, la Orden Ejecutiva 2026-04 amplía los estándares que ya existían para la adquisición de armas de fuego, accesorios y municiones por parte de los departamentos municipales y organismos vinculados a la ciudad.

La iniciativa surgió luego de preocupaciones nacionales sobre compras realizadas por agencias policiales a distribuidores de armas que no fueron debidamente evaluados.

La medida instruye al Department of Procurement Services, en coordinación con el Chicago Police Department, la Office of Public Safety Administration y el Department of Law, a elaborar e implementar los nuevos estándares dentro de un plazo de 90 días.

Una vez implementados los estándares, todos los proveedores interesados en celebrar contratos con la ciudad deberán cumplir esas condiciones para poder participar en procesos de contratación.

Entre los principales requisitos que deberán acreditar los futuros proveedores se encuentran:

• Contar con todas las licencias, permisos y certificaciones federales, estatales y locales exigidas por la legislación.
• Presentar informes de inspecciones regulatorias realizadas durante los últimos cinco años.
• Informar cualquier infracción relacionada con armas detectada durante esas inspecciones y las medidas correctivas adoptadas.
• Explicar las políticas internas destinadas a prevenir el tráfico ilegal de armas, las compras mediante terceros, las transferencias ilícitas y el robo de armamento y municiones.
• Aportar información sobre armas vendidas por la empresa que posteriormente hayan sido recuperadas por fuerzas de seguridad en investigaciones criminales, cuando la empresa conozca esos datos.
• Certificar el cumplimiento de todas las leyes aplicables sobre fabricación, venta, transferencia y distribución de armas y municiones.

El texto de la Orden Ejecutiva 2026-04 establece que la evaluación de los proveedores no se limitará al cumplimiento documental. También autoriza a los departamentos municipales a valorar las políticas de seguridad implementadas por las empresas antes de adjudicar o renovar contratos.

Entre los aspectos que podrán analizar las autoridades figuran:

• Las medidas adoptadas para impedir el tráfico ilegal de armas, tasers, pistolas eléctricas y municiones.
• Los programas de capacitación destinados a que los empleados cumplan correctamente la legislación vigente.
• Los sistemas de seguridad implementados para prevenir robos de armas y municiones.
• La cooperación con investigaciones de las fuerzas de seguridad relacionadas con armas utilizadas en delitos.
• Otras prácticas comerciales vinculadas con la protección de la seguridad pública.

La orden ejecutiva también dispone que el Department of Procurement Services establezca procedimientos para revisar periódicamente el cumplimiento de esos estándares por parte de contratistas y subcontratistas.

Entre esas herramientas podrán incluirse solicitudes de información adicional, controles periódicos y la consideración de infracciones documentadas a la legislación sobre armas de fuego.

Asimismo, el documento aclara que la ciudad no estará obligada a celebrar, renovar o extender contratos con empresas que representen un riesgo importante de incumplimiento normativo, conducta ilegal o prácticas incompatibles con los objetivos establecidos por la nueva política pública.