La nueva ley en Cuba que obliga a los herederos a pagar deudas de sus familiares en caso de delitos

En la Gaceta Oficial de la República de Cuba del pasado 14 de diciembre se publicó un decreto de Ley sobre la Caja de Resarcimientos, con el que se garantizará la reparación económica a las víctimas de actos delictivos. La nueva disposición obligará a los herederos de los sancionados a pagar las deudas familiares en caso de fallecimiento.

El Ministerio de Justicia cubano explica en un comunicado que esta ley sustituye la anterior que databa del año 1954. Con el decreto se establece que la Caja fungirá como representación de las víctimas de delitos para cobrar al victimario la indemnización derivada de la responsabilidad civil sin necesidad de nuevos procesos.

Las modificaciones legislativas realizadas corresponden a la necesidad de ajustar el funcionamiento de la dependencia creada en 1954, a las condiciones socioeconómicas del país y al perfeccionamiento del sistema de justicia penal, indican en el decreto del pasado sábado.

Los herederos cubanos deberán pagar deudas de familiares sancionados

En la Gaceta Oficial se puede leer: “Corresponde al sancionado o tercero civilmente responsable, la obligación de resarcir a la víctima o perjudicado por los daños o perjuicios económicos ocasionados y abonar a la Caja las cuantías fijadas por el tribunal en cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del delito exigida”.

Lo anterior indica que en caso de fallecimiento del sancionado, los herederos legales estarán obligados a saldar las deudas pendientes. Además, se indica que la entidad tiene la capacidad de embargar bienes, salarios u otros activos en caso de incumplimiento por parte del obligado.

El Ministerio de Justicia de Cuba señala 11 puntos importantes del decreto:

• A raíz de las modificaciones introducidas al código y al proceso penal en el año 2022 en cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, fue necesario actualizar una ley que databa del año 1954.
• La Caja de Resarcimiento ahora puede actuar en lugar de la víctima, para así evitar que esta tenga que pasar por más procesos para cobrar el dinero que le corresponde.
• El sancionado es responsable de pagar la deuda, no el Estado.
• Los ingresos de la caja de Resarcimiento van a provenir del pago de los sancionados, no del presupuesto del Estado.
• Para que la Caja de Resarcimiento pueda actuar y ejecutar el dinero debe existir una sentencia firme del tribunal que la faculte para hacerlo.
• La caja de Resarcimiento cuenta con oficinas en cada una de las provincias.
• A las víctimas se les descontará un 10% por la gestión de la caja, en lugar del 20% que se descontaba antes.
• Se habilita la posibilidad de pago a través de servicios como Transfer móvil y Enzona.
• El decreto introduce un término de prescripción de seis meses para el derecho a cobrar a partir de los 180 días que se le notifique a la víctima.
• Se acepta la representación voluntaria tanto para el pago de los sancionados como para el cobro de las víctimas.
• Los derechos y obligaciones de las víctimas y los sancionados se pueden transmitir a sus herederos.

Tayliana Elías Morales, directora de la Caja, calificó la norma como revolucionaria porque “atempera su accionar a las actuales condiciones socioeconómicas de la nación y protege de manera prioritaria a niños, mujeres en situación de violencia, jubilados y personas vulnerables, a tono con lo refrendado en el Código de las Familias”. Agregó que esta normativa potencia el derecho de las víctimas, les da seguridad jurídica, y evita la impunidad.

El decreto también precisa que la Caja de Resarcimientos tiene una estructura y organización basadas en el principio de territorialidad. Asimismo, se indica, cuenta con una Oficina Central encargada de controlar, coordinar y supervisas los asuntos que se tramiten en las dependencias territoriales para la ejecución de la responsabilidad civil derivada del delito.

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