Luz verde para despidos masivos: la Corte Suprema habilita a Trump a eliminar casi 1300 puestos de trabajo

La Corte Suprema de los Estados Unidos habilitó este lunes a Donald Trump a continuar con su plan de recorte en el Departamento de Educación, al permitirle despedir a más de 1300 empleados y dejar reducida a la mitad la fuerza laboral de la agencia federal. Con esta decisión, el máximo tribunal concedió al Poder Ejecutivo una herramienta poderosa para avanzar con su estrategia de reestructuración del Estado sin necesidad de autorización del Congreso.

La decisión de la Corte Suprema que refuerza el poder presidencial

La resolución del tribunal se produjo en respuesta a una solicitud de emergencia de la administración Trump para revocar una orden judicial que obligaba a reinstalar a los empleados despedidos. En términos prácticos, esto le permitió al presidente continuar con una reorganización profunda del Departamento de Educación sin intervención legislativa. Según argumentaron los abogados del Ejecutivo, la medida se justificaba por el “derecho constitucional absoluto del presidente para dirigir y gestionar las agencias ejecutivas”.

El fallo, aunque de carácter provisional, dejó sin efecto lo dictaminado por el juez Myong J. Joun, quien había ordenado reincorporar a los trabajadores mientras se evaluaba la legalidad del cierre. Este magistrado, designado por el presidente Joe Biden, sostuvo que solo el Congreso tenía autoridad para eliminar un departamento federal y que la orden ejecutiva de Trump equivalía a un desmantelamiento ilegal.

The New York Times informó que el Departamento de Educación inició 2025 con más de 4000 empleados. Con los despidos, las renuncias ofrecidas a trabajadores en período de prueba y otras salidas voluntarias, la planta se redujo drásticamente. Después de la purga, se espera que la agencia opere con aproximadamente la mitad de su capacidad original. Uno de los sectores más golpeados fue la Oficina de Derechos Civiles, que cerró siete de sus 12 centros regionales.

Cómo se llegó al fallo de la Corte Suprema que benefició a Trump

El conflicto se originó en marzo pasado, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a iniciar el proceso de cierre del organismo. Durante el acto de firma, el mandatario expresó: “Vamos a cerrarlo, y cerrarlo lo más rápido posible”. El gobierno argumentó que los bajos resultados en los exámenes estandarizados justificaban la necesidad de trasladar las funciones del departamento a los estados.

La medida generó una inmediata reacción judicial. Dos distritos escolares, la Federación Americana de Maestros y 21 fiscales generales estatales demócratas presentaron una demanda federal en Massachusetts. En específico, solicitaron frenar los despidos y anular la orden ejecutiva, al considerar que se trataba de una violación del mandato del Congreso.

El 22 de mayo, el juez Joun falló a favor de los demandantes, al ordenar que los empleados despedidos fueran reincorporados mientras continuaba el juicio. Posteriormente, el 4 de junio, un panel del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la decisión. No obstante, dos días después, el gobierno de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, que finalmente habilitó la continuación del plan presidencial.

Según el fallo del máximo tribunal, mientras se resuelve la cuestión de fondo, los despidos podrán concretarse. En consecuencia, los empleados cuya reincorporación había sido ordenada ahora pueden ser nuevamente removidos.

Qué funciones están en riesgo en el Departamento de Educación tras el fallo de la Corte Suprema

El Departamento de Educación tiene varias tareas clave delegadas por ley, muchas de las cuales podrían verse paralizadas con la actual reducción de personal.

Según detalló The New York Times, las principales áreas afectadas por los despidos incluyen:

• Préstamos estudiantiles federales: encargados de distribuir y gestionar financiamiento universitario.
• Vigilancia de logros académicos: registros y estadísticas nacionales sobre el desempeño escolar.
• Supervisión de derechos civiles: investigación y respuesta ante denuncias de discriminación, abuso y exclusión en escuelas y universidades.
• Programas para estudiantes con discapacidades: soporte federal a iniciativas de inclusión y asistencia.
• Oficinas regionales cerradas: siete de las 12 oficinas de la Oficina de Derechos Civiles ya dejaron de operar.

Pese al desmantelamiento parcial, el gobierno sostuvo ante la Corte que el Departamento “podía cumplir con sus funciones legales obligatorias con una dotación de personal reducida” y que “muchas tareas discrecionales debían quedar en manos de los estados”.

Con este fallo, el debate sobre la legalidad y viabilidad de desarmar una agencia creada por el Congreso sin su consentimiento directo permanece abierto, aunque Trump ya obtuvo una victoria política clave en su intento de recentralizar el poder ejecutivo y redefinir el rol federal en la educación.

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