1
Avanza el ICE: contratan investigadores privados para rastrear y detener migrantes en EE.UU.
La administración Donald Trump hizo un acuerdo millonario con GEO Group para potenciar el hallazgo y arresto de extranjeros ilegales
4 minutos de lectura'
LA NACION
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió su estrategia de localización de inmigrantes no detenidos mediante contratos con empresas privadas vinculadas al sistema penitenciario. El nuevo esquema implica desembolsos millonarios a cambios de servicios que combinan rastreo, vigilancia y detención.
La nueva estrategia de la administración Trump para el rastreo de inmigrantes
La medida se apoya en acuerdos con filiales de corporaciones penitenciarias, entre ellas GEO Group, una de las principales operadoras privadas de centros de detención.
A través de su subsidiaria BI Incorporated, la compañía fue contratada para prestar servicios de rastreo de personas incluidas en el registro federal de inmigrantes no detenidos.
El esquema contempla:
- La identificación de domicilios.
- La verificación de información personal.
- La observación física en comunidades de todo EE.UU.
El objetivo es facilitar que agentes federales puedan realizar arrestos posteriores al utilizar datos obtenidos por investigadores privados que no pertenecen formalmente al gobierno de Donald Trump.
“La ampliación de nuestros servicios para abordar el expediente de los no detenidos mediante este nuevo contrato demuestra la alta calidad de las soluciones que BI ha brindado al ICE durante más de 21 años”, señaló George C. Zoley, presidente ejecutivo de GEO, a través de un comunicado oficial.
Cómo opera GEO Group en EE.UU.: nuevos acuerdos millonarios con el ICE
El acuerdo entre ICE y BI Incorporated tiene una duración inicial de un año, con la posibilidad de extenderse por un segundo período anual. El valor estimado del contrato asciende a 121 millones de dólares al completarse el plazo total.
Los registros de pagos obtenidos por el medio local The Intercept indicaron que la empresa ya recibió un desembolso inicial por US$1,6 millones.
Desde la perspectiva corporativa, el contrato representa una ampliación de los servicios que la filial de GEO Group ofrece al gobierno federal desde hace más de dos décadas.
La empresa sostiene que cuenta con experiencia en localización de personas, verificación de datos comerciales y monitoreo de movimientos.
Además, GEO Group opera instalaciones penitenciarias y centros de detención en EE.UU. y en otros países. Su modelo de negocios integra desde la vigilancia electrónica hasta el encarcelamiento, lo que le permite obtener ingresos en distintas etapas del proceso migratorio.
¿Cómo será la vigilancia privada y el rastreo de inmigrantes?
Los servicios contratados incluyen investigaciones de localización mejorada, que combinan análisis de información identificable, revisión de bases de datos comerciales y seguimiento en terreno.
Los investigadores privados recorrerán los barrios, los lugares de trabajo y los domicilios con el fin de confirmar direcciones actuales o alternativas.
Este mecanismo introduce a actores no estatales en tareas tradicionalmente reservadas a fuerzas del orden.
Los documentos contractuales no especifican de forma detallada si el trabajo se realiza exclusivamente mediante software o si incluye presencia física de rastreadores en comunidades.
Según los contratos del ICE de noviembre, obtenidos por The Intercep, los proveedores tienen libertad para decidir cómo cumplir los objetivos del contrato, incluso subcontratando servicios si lo consideran necesario.
Los rastreadores privados no cuentan con credenciales oficiales que los identifiquen como agentes gubernamentales.
“Agradecemos la confianza que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional han depositado en nuestra empresa”, agregó Zoley.
El acuerdo evidencia una estrategia de integración vertical por parte de GEO Group. Ahora la empresa no solo administra centros donde se aloja a inmigrantes detenidos, sino que también participa en su localización previa. Esto le permite recibir pagos tanto por la captura como por el encierro posterior.
LA NACION
