Blindaje a favor de los migrantes: la nueva orden que favorece a los solicitantes de asilo en Estados Unidos

Una decisión judicial frenó los intentos del presidente Donald Trump de endurecer el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos. El juez federal Randolph Moss dictaminó que la administración federal no puede expulsar a migrantes sin antes permitirles presentar sus solicitudes de protección, como establece la ley vigente. El gobierno del republicano tiene dos semanas para apelar la resolución.

El fallo del juez federal del Distrito de Columbia rechazó específicamente una proclamación firmada por Trump el día en que asumió su segundo mandato en la Casa Blanca. Esa orden presidencial describía la situación en la frontera como una “invasión” y activaba poderes de emergencia para bloquear las solicitudes de asilo de quienes ingresaran fuera de los puertos oficiales. Según el dictamen de Moss, el jefe de Estado no tiene autoridad para reemplazar el sistema migratorio definido por el Congreso con uno propio, consignó The New York Times.

El magistrado escribió que la Constitución y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) no otorgan al mandatario la facultad de diseñar un mecanismo paralelo para procesar migrantes. En esa línea, señaló que la autoridad del presidente para restringir la entrada de extranjeros no se aplica a quienes ya están dentro del país norteamericano. Así, su decisión declaró que la normativa actual representa “el único y exclusivo medio” para expulsar a personas que ya se encuentran en territorio estadounidense.

Por determinación del juez, el fallo quedó en suspenso por 14 días, para darle tiempo al gobierno federal a una posible apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington DC. Según informó Politico, en caso de mantenerse firme restablecería el derecho a solicitar asilo en la frontera, incluso para quienes cruzaron fuera de los pasos legales.

La proclamación de Trump, titulada “Garantizando la protección del estado contra la invasión”, intentaba impedir que quienes cruzaran entre puertos de entrada pudieran solicitar asilo al momento de ser capturados. Incluso exigía requisitos adicionales para aquellos que se presentaran legalmente, como un historial médico y penal detallado. Esta medida permitía deportaciones rápidas sin evaluar los temores de persecución o violencia que expresaban los migrantes.

La política también suspendía programas previos, como la libertad condicional para migrantes de países como Venezuela y Cuba, e interrumpía las citas agendadas mediante la app CBP One, utilizada para cruzar de manera legal al país norteamericano.

La demanda contra la orden ejecutiva del republicano fue presentada por distintos grupos de derechos civiles, en representación de más de una docena de personas, entre ellas migrantes de Afganistán, Turquía y Cuba. Estas entidades argumentaron que la administración Trump violó las protecciones que el Congreso otorga a quienes enfrentan persecución o tortura en sus países de origen.

Según detalló The Washington Post, el juez Moss certificó al grupo demandante como una clase legal, lo que amplió el impacto de su decisión a todos los solicitantes de asilo que se encuentren actualmente en Estados Unidos. Esta maniobra permitió que el fallo tuviera un efecto general, sin contradecir la limitación impuesta por la Corte Suprema a las órdenes judiciales de alcance nacional.

La Casa Blanca criticó con dureza el dictamen. La portavoz Abigail Jackson afirmó que “un juez de distrito local no tiene autoridad para impedir que el presidente Trump y Estados Unidos aseguren nuestra frontera ante la avalancha de extranjeros que intentan entrar ilegalmente”.

Otras figuras del gobierno, como Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), acusaron a Moss de extralimitarse y de poner en riesgo la seguridad del país norteamericano.

En contraste, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes celebraron la resolución. “Es una decisión enormemente importante. No solo salvará las vidas de las familias que huyen de un peligro grave, sino que reafirma que el presidente no puede ignorar las leyes aprobadas por el Congreso”, expresó Lee Gelernt, abogado de la ACLU, consignó AFP.