Ciudadanía estadounidense: las principales razones por las que EE.UU. elimina la naturalización de algunos migrantes
Anteriormente, los esfuerzos del gobierno federal de revocar la nacionalidad se centraron en gran medida en presuntos criminales de guerra que mintieron en su documentación de inmigración
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LA NACION
En un memorando dirigido a la División Civil del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el fiscal general adjunto, Brett Shumate, anunció que el presidente Donald Trump y la fiscal Pamela Bondi habían ordenado que se priorizara las investigaciones y medidas de cumplimiento relacionadas con la desnaturalización o revocación de la ciudadanía.
¿Se puede desnaturalizar a una persona con ciudadanía?
Respecto al aviso, han surgido las dudas acerca de si el gobierno de EE.UU. puede revocar la ciudadanía de una persona. De acuerdo con The Associted Press sí puede quitarle el beneficio a un inmigrante naturalizado si es condenado penalmente por fraude de naturalización o si prueba que obtuvo ilegalmente el estatus.
Quitarle a la ciudadanía a un inmigrante es algo muy poco común, pero no es nuevo. La Ley de Naturalización de 1906 fue la primera que previó la desnaturalización. Autorizó procedimientos judiciales contra un nacionalizado con el fin de anular y cancelar el certificado.
El gobierno de EE.UU. resume que se puede perder el beneficio en casos como:
- Postularse para un cargo público en un país extranjero (bajo ciertas condiciones).
- Ingresar al servicio militar en un país extranjero (bajo ciertas condiciones).
- Solicitar la ciudadanía en un país extranjero con la intención de renunciar a la ciudadanía estadounidense.
- Cometer un acto de traición contra Estados Unidos.
- Es un ciudadano estadounidense naturalizado que enfrenta la desnaturalización debido a la comisión de ciertos delitos.
Quiénes podrían perder la ciudadanía, según las nuevas directrices para el DOJ
Shumate dijo que los casos que el DOJ priorizará incluyen a personas que “representan un peligro potencial para la seguridad nacional”, quienes cometen delitos violentos, miembros de pandillas y cárteles narcotraficantes, y aquellos que cometen fraude de Medicaid y de otros tipos.
Los beneficios del proceso de desnaturalización, escribió Shumate, “incluyen la capacidad del gobierno para revocar la nacionalidad de individuos que participaron en la comisión de crímenes de guerra, asesinatos extrajudiciales u otros abusos graves de derechos humanos, también:
- Remover a criminales naturalizados, miembros de pandillas o, de hecho, cualquier individuo condenado por delitos que representen una amenaza continua para Estados Unidos; y
- Prevenir que terroristas condenados regresen al suelo estadounidense o viajen internacionalmente con un pasaporte estadounidense.
El memorando indica que estas categorías guían a la División Civil, pero no le restringen el seguimiento de otros casos considerados importantes, lo que significa que la lista de delitos potenciales no es exclusiva, señala AP.
Desde el anuncio del DOJ, el pasado 11 de junio, ya hubo por lo menos una revocación de ciudadanía. La de Elliot Duke, un inmigrante británico quien se hizo ciudadano tras ingresar al Ejército de Estados Unidos en 2012. En 2013 fue detenido en Louisiana por recibir y distribuir pornografía infantil y condenado en 2014. El pasado 13 de junio le fue revocada la ciudadanía.
Abogados condenan la directiva del Departamento de Justicia sobre la desnaturalización
La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL, por sus siglas en inglés) señaló que la decisión del DOJ “conllevan una menor carga de la prueba y no requieren que el gobierno proporcione al acusado un abogado si no puede costearlo”. Agrega que, además, el amplio alcance y el lenguaje vago del memorando sugieren que cualquier ciudadano naturalizado corre el riesgo de perder su nacionalidad por cualquier número de condenas penales.
Christopher Wellborn, presidente de la NACDL, explica: “La presión de la Administración Trump para revocar la ciudadanía es alarmante y plantea serias preocupaciones sobre la Decimocuarta Enmienda”.
El directivo advierte que esto es particularmente preocupante dado que el gobierno se basa en vagas alegaciones de afiliación a pandillas para las deportaciones. “En efecto, esta directiva transmite el mensaje de que quienes no nacieron en Estados Unidos corren el riesgo de perder su ciudadanía por conductas pasadas o futuras”.
“No es difícil imaginar un escenario en el que el gobierno invoque alegaciones infundadas de afiliación a pandillas o utilice los antecedentes penales de una persona para alegar que la ciudadanía se obtuvo ilegalmente. La amenaza al debido proceso, especialmente sin la garantía de representación legal, es incalculable”, sentenció Wellborn.
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