Deportaciones: qué dice la ley de 1798 que Donald Trump quiere revivir y cómo impacta en los migrantes
El presidente de Estados Unidos planea utilizar una normativa que le da un poder especial sobre los grupos de personas que él determine como una amenaza para el país norteamericano; legisladores demócratas buscan derogarla
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LA NACION
En un giro que genera controversia y debate, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su intención de recurrir a una ley de 1798, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), como parte de su plan para llevar a cabo deportaciones masivas de personas que se encuentran en EE.UU. de manera irregular.
Deportaciones y la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada en 1798, durante un período de alta tensión entre Estados Unidos y Francia. Su objetivo principal era combatir el espionaje y el sabotaje en un contexto en el que las relaciones internacionales eran extremadamente volátiles.
Según esta normativa, el presidente tiene la facultad de actuar contra personas cuya lealtad principal sea hacia una potencia extranjera y que representen un riesgo para la seguridad de EE.UU.
La ley establece que puede ser invocada “cuando haya una guerra declarada” o “cualquier invasión o incursión predatoria” que haya sido perpetrada, intentada o amenazada contra Estados Unidos por parte de un gobierno extranjero.
Una de las particularidades de esta legislación es que requiere que el presidente haga una proclamación pública sobre el evento que justifica su aplicación. Además, la ley permanece en vigor hasta que el propio mandatario decida ponerle fin. Esto significa que, en teoría, podría ser utilizada en situaciones que no necesariamente implican un conflicto bélico tradicional, sino que podrían interpretarse como una “invasión” en términos más amplios.
El debate actual sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros
La posibilidad de que Trump recurra a esta ley reavivó el debate sobre su constitucionalidad y su pertinencia en el contexto actual. Según Reuters, en enero de este año, el presidente ordenó a su administración que se preparara para implementar la Ley de Enemigos Extranjeros si determinaba que los carteles de drogas extranjeros en Estados Unidos podían ser considerados una “invasión” o “incursión predatoria”.
Sobre si sería o no constitucional este uso, los tribunales abordaron preguntas similares en el pasado. Por ejemplo, en la década de 1990, California presentó una demanda contra el gobierno federal donde argumentaban que no protegía al estado de una “invasión” de personas que cruzaban la frontera sur de manera irregular.
En esa ocasión, la Justicia determinó que definir qué constituye una invasión es una cuestión política que corresponde a las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno. Además, concluyó que no existía un estándar claro para determinar cuándo un flujo de personas alcanza el nivel de una invasión.
La posible reactivación de esta ley no ha estado exenta de críticas. Algunos legisladores demócratas presentaron un proyecto de ley para derogarla, donde argumentaron que su uso histórico violó derechos civiles e individuales. “La Ley de Enemigos Extranjeros tiene un legado oscuro, vinculado a la discriminación y la injusticia”, señaló un grupo de congresistas.
Usos históricos de la Ley de Enemigos Extranjeros en EE.UU.
A lo largo de la historia, la Ley de Enemigos Extranjeros fue invocada en varias ocasiones, especialmente durante períodos de guerra. Por ejemplo, durante el conflicto de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, así como en ambas Guerras Mundiales, se utilizó para detener, deportar y restringir las libertades de individuos considerados enemigos del Estado.
Uno de los casos más polémicos ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt empleó esta ley para justificar la creación de campos de internamiento para personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana.
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