El riesgo que corren cientos de migrantes venezolanos ante un nuevo pedido de Trump: los quieren deportar
El gobierno federal volvió a invocar la Ley de Enemigos Extranjeros en los casos de 176 presuntos integrantes del Tren de Aragua; en un escrito judicial, los funcionarios sostienen que mantener a los reclusos potencia la probabilidad de reclutamiento de la pandilla
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LA NACION
Casi 200 migrantes venezolanos detenidos en centros de reclusión en Texas podrían ser deportados si prospera el nuevo pedido del presidente Donald Trump ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En específico, el gobierno federal volvió a invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar estas expulsiones.
El argumento de Trump para exigir la deportación de venezolanos detenidos en Texas
En un escrito judicial presentado el lunes, el procurador general D. John Sauer solicitó al máximo tribunal que levante la orden judicial que bloqueó de manera temporal la deportación de 176 migrantes venezolanos, acusados de pertenecer al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
Según Sauer, estos inmigrantes bajo custodia serían “particularmente peligrosos” y su permanencia en centros de detención pondría en riesgo a otros internos y al personal de custodia.
Entre los hechos presentados por la administración Trump, se destacó un incidente ocurrido en la cárcel de Bluebonnet, ubicada en Anson, Texas. Allí, según un informe firmado por el oficial Joshua Johnson, un grupo de 23 migrantes se atrincheró en un sector del penal durante varias horas.
El documento indica que “amenazaron con tomar rehenes y herir a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)”.
Ante esta situación, las autoridades federales decidieron trasladar a estos internos al centro de detención Prairieland. Según Johnson, el cambio de unidad respondió a una necesidad operativa: “El comportamiento organizado y coordinado de los detenidos comprometía la seguridad, el orden y la integridad del centro Bluebonnet, y representaba un riesgo directo para los empleados, los contratistas y otros migrantes”.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798
El gobierno de Trump volvió a recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma aprobada en 1798 durante el mandato de John Adams. Esta permite la expulsión acelerada de extranjeros provenientes de países considerados hostiles en contextos de conflicto o tensión.
El equipo legal de Trump sostiene que la peligrosidad de los presuntos miembros del Tren de Aragua justifica el uso de este mecanismo, más expeditivo que los procedimientos habituales previstos en el Título 8 del Código de Inmigración.
Sin embargo, la Corte Suprema ya había emitido en abril una orden extraordinaria que bloqueó temporalmente las deportaciones enmarcadas en esta ley. En esa decisión, el tribunal exigió que se garantice a los detenidos un aviso formal con suficiente antelación para poder presentar peticiones de hábeas corpus.
En su escrito, Sauer respondió que los migrantes “ya han tenido esa oportunidad” y que “las tres semanas brindadas son más que suficientes”. Además, agregó que “hasta ahora, ninguno de los miembros del grupo ha presentado una solicitud de hábeas en el Distrito Norte de Texas”.
El gran peligro de que los venezolanos sigan detenidos en Texas: expansión del Tren de Aragua
Sauer también advirtió que mantener a los detenidos en Estados Unidos genera un riesgo adicional: la expansión del Tren de Aragua dentro del sistema carcelario estadounidense. En el escrito entregado a la Corte, el procurador general explicó que “la transferencia de estos prisioneros entre centros genera un riesgo constante de reclutamiento carcelario y de crecimiento de las actividades en territorio norteamericano”.
El gobierno argumentó además que los procedimientos de la Ley de Enemigos Extranjeros eran la vía más efectiva para remover a los migrantes acusados y que las dificultades operativas para contenerlos justificaban acelerar las expulsiones, incluso al margen del proceso judicial regular.
Críticas, pruebas cuestionadas y ausencia de defensa legal
Uno de los puntos más críticos de este proceso es la escasa evidencia que el gobierno presentó para sostener sus acusaciones. Según la información recabada por ABC News, las pruebas ofrecidas en la mayoría de los casos se limitaron a tatuajes visibles o prendas asociadas a pandillas.
Esta clase de indicios no equivale a una condena penal ni garantiza que los migrantes realmente pertenezcan al Tren de Aragua. Además, las autoridades no proporcionaron detalles sobre la defensa legal de los detenidos.
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