En Florida: la pena a la que se enfrenta la dueña de un restaurante por albergar y contratar migrantes

Ping Ping Zheng, propietaria de un restaurante en Jacksonville Beach, Florida, admitió haber empleado y albergado a migrantes indocumentados con el objetivo de obtener ventajas comerciales y financieras. La investigación estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Policía de Jacksonville Beach.

Así funcionaba la red de contratación ilegal en un restaurante de Jacksonville Beach

Zheng, de 37 años y residente en Jacksonville, enfrenta una condena de hasta 10 años de prisión federal. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, aceptó el decomiso de una residencia en Jacksonville y una camioneta utilizada para el transporte de trabajadores ilegales. La fecha de su sentencia aún no ha sido fijada.

Según el ICE, Zheng operaba el restaurante Kamiya 86 Asian Bistro and Sushi Bar y contrataba a personas sin autorización para trabajar en Estados Unidos. Además, no solicitaba la documentación requerida por las leyes de empleo y migración.

La empresaria también ofrecía alojamiento gratuito a los empleados en un espacio que era de su propiedad, así como transporte sin costo entre la casa y el restaurante. Los trabajadores recibían su salario en efectivo, sin retenciones fiscales ni beneficios laborales.

El caso es llevado por el fiscal federal auxiliar Arnold B. Corsmeier y forma parte de los operativos de ICE para hacer cumplir las leyes migratorias y laborales en Estados Unidos. La investigación busca frenar la contratación irregular y la explotación de trabajadores sin papeles en el país.

Contrabando humano: qué es y cómo lo combate ICE

El ICE define el contrabando humano como la importación ilegal de personas al país mediante la violación deliberada de leyes migratorias. A diferencia de la trata de personas, que se centra en la explotación, el contrabando humano se enfoca en el traslado y cruce de fronteras de manera ilícita. Este delito puede incluir el transporte y el albergue de migrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Para combatir estas redes criminales, ICE trabaja en conjunto con agencias nacionales e internacionales, desmantelando estructuras que lucran con la migración irregular. Su enfoque incluye la identificación y persecución de los responsables, la incautación de bienes y la cooperación con gobiernos extranjeros para frenar estas actividades en sus países de origen.

Sanciones y penas por contratar trabajadores sin visa de trabajo o ciudadanía en EE.UU.

El ICE impone sanciones severas a empleadores que contraten o mantengan en sus puestos de trabajo a personas sin autorización legal para laborar en el país. Estas infracciones pueden derivar en multas económicas y penas de prisión como en el caso de Zheng. Las principales sanciones por empleo ilegal son:

• Multas y condenas por contratación de trabajadores no autorizados: si una empresa o persona es declarada culpable de contratar o continuar empleando a sabiendas a trabajadores sin autorización, puede enfrentar multas económicas y hasta seis meses de cárcel. Esto aplica especialmente a quienes incurran en un patrón o práctica de contratación ilegal, es decir, que han repetido esta conducta en varias ocasiones.

• Fraude y uso indebido de documentos de inmigración: el ICE también penaliza el uso de documentación falsa o indebida para comprobar la elegibilidad de empleo. Las personas pueden enfrentar multas y hasta cinco años de prisión si hacen declaraciones falsas en el proceso de verificación de empleo, utilizan documentos fraudulentos o presentan documentos emitidos a otra persona como propios.
• Fraude de documentos civiles y sanciones del DHS: si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determina que una persona participó en la falsificación o empleo indebido de documentos, puede emitir una Notificación de Intención de Multa (NIF). Si no se solicita una audiencia en 30 días, la sanción se impone de manera definitiva y no puede ser apelada. Además, si se comprueba la infracción del artículo 274C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), se puede ordenar el cese inmediato de la práctica ilegal y el pago de una multa monetaria.

Las empresas y personas que violen estas normativas no solo enfrentan pérdidas económicas y penas de cárcel, sino también el riesgo de restricciones legales y la pérdida de credibilidad en el mercado laboral estadounidense.

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