Green card en la frontera: el DHS logra reabrir el proceso de deportación contra mexicana en Arizona

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) consiguió reabrir el procedimiento de deportación contra una residente permanente legal de nacionalidad mexicana, luego de que una instancia de apelación cuestionara la evaluación de su testimonio realizada por un juez migratorio. El expediente se originó en un control fronterizo en Arizona, donde los agentes encontraron drogas ocultas en el vehículo que conducía la mujer con green card.

• La resolución fue emitida el 26 de octubre por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), en el caso Matter of Carol Y. Ozuna Mendoza.
• El organismo dejó sin efecto la decisión que había dado por terminado el proceso migratorio y ordenó devolver el expediente al tribunal de inmigración para que continúe su tramitación.

El fallo se centró en determinar si existían elementos suficientes para considerar que la mujer conocía la presencia de los estupefacientes en su vehículo.

La BIA concluyó que el juez había cometido un error al aceptar como creíble su explicación y sostuvo que las pruebas reunidas justificaban mantener el procedimiento de expulsión.

El episodio ocurrió el 22 de junio de 2025, cuando la mujer regresaba de México a EE.UU. por el puerto de entrada de Nogales, Arizona, acompañada de sus tres hijos.

Durante una inspección secundaria, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) descubrieron 193 paquetes con un total de 208 libras (94 kilogramos) de metanfetamina, distribuidos entre las cuatro puertas y los paneles traseros del vehículo.

En el auto también encontraron US$7886 y $8740 pesos mexicanos. La presencia de las sustancias y del dinero en efectivo pasó a formar parte de las pruebas examinadas durante el proceso migratorio, en el que el DHS debía demostrar que existían fundamentos legales para considerar inadmisible a la residente al regresar al país norteamericano.

La mujer negó saber que transportaba drogas y afirmó que había prestado el auto a una amiga mientras realizaba actividades personales en México.

Su defensa sostuvo que fue utilizada como una mula ciega, expresión que describe a una persona que transporta narcóticos sin conocer su presencia.

El juez de inmigración había aceptado la versión de la mujer y, el 1° de octubre de 2025, resolvió terminar el procedimiento al considerar que el DHS no había probado que conociera la existencia de la droga.

Sin embargo, al revisar el expediente, la BIA identificó diferencias entre las declaraciones ofrecidas por la residente sobre el uso del vehículo durante su estadía en México.

En una primera explicación, la mujer indicó que había dejado el auto durante ocho horas para un servicio de limpieza detallada.

Después afirmó que se lo había prestado a una amiga durante aproximadamente cuatro horas y media para comprar provisiones, mientras ella asistía a una cita cosmética.

También describió otra versión vinculada con un lavado de autos y un período de seis horas. Para la junta, esas diferencias no quedaron aclaradas de manera convincente.

La explicación sobre el dinero también fue cuestionada. La residente lo había relacionado inicialmente con actividades laborales y la venta de tamales, pero después presentó un recibo que atribuía los fondos a la venta de un camión por parte de su pareja.

La documentación, según la evaluación de la BIA, no permitía confirmar esa explicación.

Además, la junta señaló que la mujer evitó responder directamente algunas preguntas sobre su conocimiento de los narcóticos y que había reconocido vínculos de personas de su entorno con el tráfico de drogas.

La decisión se apoyó en disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). En determinadas circunstancias, un residente permanente que regresa de un viaje al extranjero puede ser considerado solicitante de admisión si se cumplen las condiciones previstas por la normativa.

Entre ellas se encuentran determinados supuestos relacionados con actividades ilegales realizadas después de salir de EE.UU.

Por otra parte, la sección 212(a)(2)(C)(i) contempla la inadmisibilidad cuando existen motivos fundados para creer que una persona participó de manera consciente en el tráfico ilícito de sustancias controladas.

Ese último criterio no exige necesariamente una condena penal previa ni una confesión, sino pruebas que permitan establecer la existencia de esos motivos conforme al estándar legal aplicable.

En este caso, la BIA consideró que el volumen de metanfetamina, el dinero en efectivo y las inconsistencias del relato constituían elementos relevantes para evaluar si la mujer conocía la actividad ilícita.

La resolución de la Junta permite que el caso siga adelante, pero no equivale por sí misma a una orden definitiva de deportación. La situación migratoria de la mujer deberá seguir el curso establecido por la resolución.