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ICE y deportaciones: el cambio que deja a abogados sin saber dónde están sus clientes inmigrantes
Cuatro organizaciones de asistencia legal presentaron una demanda en la Justicia para exigir que se restablezca el acceso a esa información
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LA NACION
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfrenta una demanda judicial por modificar las condiciones de acceso a los datos de las personas que permanecen bajo custodia migratoria. La controversia comenzó después de que la agencia dejara de informar públicamente dónde se encuentran los adultos que tienen órdenes definitivas de deportación.
Qué cambió en el sistema de localización de detenidos del ICE
Según las organizaciones demandantes, el cambio se aplicó alrededor del 15 de septiembre mediante una disposición denominada ODLS Final Order Policy. Desde entonces, quienes intentan ubicar a un inmigrante bajo custodia a través del Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS, por sus siglas en inglés) pueden encontrarse con una respuesta de cero resultados.
La modificación también alcanzó las consultas directas. Según las organizaciones que presentaron la demanda contra la agencia, los empleados del ICE recibieron órdenes para no informar por teléfono ni presencialmente el lugar de detención de las personas comprendidas en esta nueva disposición.
Hasta la implementación de esta política, el portal ODLS permitía consultar la ubicación de cualquier adulto detenido por el ICE bajo custodia civil. El mecanismo funcionaba desde 2010 y facilitaba que familiares y representantes legales identificaran el establecimiento donde se encontraba una persona.
La nueva disposición modificó ese procedimiento para quienes tienen una orden final de deportación. Al ingresar el nombre o el número de extranjero, conocido como A-number, la plataforma deja de mostrar información sobre su ubicación, incluso si aún permanece dentro de una instalación federal.
Las organizaciones estimaron que entre 16.000 y 20.000 personas quedaron fuera del sistema, una cifra que representaría cerca del 32% de la población retenida por el ICE. La medida se aplicó en gran parte de la red nacional de centros de detención, con excepciones limitadas a determinadas instalaciones.
Los abogados no pueden localizar a migrantes detenidos por el ICE
De acuerdo con la causa, identificada como Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin, la falta de información sobre el lugar de detención genera dificultades para quienes necesitan intervenir en procedimientos migratorios.
El argumento central de esas organizaciones es que una orden final de deportación no elimina todas las posibilidades de defensa legal. Las personas retenidas todavía pueden solicitar la reapertura de sus expedientes, presentar recursos de habeas corpus ante tribunales federales, pedir protección frente a determinadas expulsiones a terceros países o denunciar condiciones de detención y posibles abusos.
Sin conocer el establecimiento donde se encuentra el detenido, los abogados pueden tener problemas para establecer contacto, coordinar entrevistas, entregar documentación y presentar solicitudes dentro de los plazos judiciales. Las organizaciones también advirtieron que la restricción impide identificar y entrevistar a potenciales clientes que necesitan asistencia.
“A nadie se le debería negar una oportunidad real de defender sus derechos”, dijo Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de una de las organizaciones demandantes, en un comunicado. “Este nuevo cambio administrativo arbitrario deja a cientos de miles de personas en riesgo de sufrir consecuencias que podrían cambiarles la vida, sin la asistencia legal esencial”, agregó.
Qué exige la demanda contra el ICE por la ubicación de detenidos
El 28 de octubre, Greater Boston Legal Services (GBLS), Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP) y Amica Center for Immigrant Rights presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts.
La acción judicial también contó con el respaldo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el National Immigration Law Center y el National Immigration Project.
Uno de los principales argumentos de los demandantes se basó en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). Las organizaciones sostuvieron que el gobierno modificó una política que llevaba 16 años en funcionamiento sin presentar una justificación pública, evaluar sus consecuencias ni brindar una instancia de notificación.
También invocaron la Primera Enmienda, al considerar que la restricción interfiere con la posibilidad de los abogados de comunicarse con sus clientes y ofrecer representación legal.
El reclamo incluyó, además, una presunta infracción de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Los demandantes argumentaron que las autoridades omitieron publicar las instrucciones administrativas que establecieron el nuevo procedimiento, pese a que tienen consecuencias directas sobre las personas detenidas y sus representantes.
Por lo tanto, la demanda solicitó la suspensión inmediata de la política mientras avance el proceso judicial. También se pidió que la Justicia declare inválida la directiva, ordene restablecer los datos de ubicación en el portal ODLS y disponga la publicación del documento completo que establece las nuevas reglas.
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