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Noticias del IRS y Uscis: la gerente de supermercado que contrataba inmigrantes y ahora enfrenta a la justicia
La acusada enfrenta posibles penas de hasta 10 años de prisión y multas de cientos de miles de dólares por distintos cargos
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LA NACION
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó la condena contra una gerente de supermercado que contrataba inmigrantes indocumentados como empleados y aceptaba documentos migratorios falsos. El esquema también implicó un fraude contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Ahora, la acusada enfrenta cargos que podrían representar décadas de prisión y multas de cientos de miles de dólares.
La gerente de supermercado que contrataba inmigrantes y ahora enfrenta a la justicia
Karla Montoya, gerente general de la cadena Viva Supermarkets en Sacramento, fue encontrada culpable de participar de un esquema de contratación de trabajadores indocumentados mediante documentos falsificados y fraude salarial.
Según los documentos judiciales, colaboró estrechamente con Sean Loloee, propietario de Viva Supermarkets y exconcejal de la ciudad, para emplear a inmigrantes sin autorización en todas las tiendas de la cadena en el área.
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) indicó que Montoya aceptó a sabiendas tarjetas de residencia permanente y de la Seguridad Social falsas como parte del proceso de contratación de numerosos empleados, así como sus propios documentos de inmigración falsos.
Jeff Brannigan, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en el norte de California, remarcó la importancia del caso.
“Este veredicto envía un mensaje claro: el fraude documental, la explotación laboral y los intentos de obstruir a los investigadores federales son actos delictivos y conllevan graves consecuencias”, afirmó.
La implicación del IRS en el caso contra la gerente de supermercado
En el documento, el DOJ detalló que la gerente facilitó un sistema de pagos extraoficiales y prácticas salariales irregulares, lo que incluyó el rechazo del pago de horas extras a los trabajadores.
En ese sentido, se declaró culpable a los dos principales involucrados de obstruir dos investigaciones de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés). Para encubrir las faltas, ocultaron a empleados que podían ofrecer testimonios desfavorables e interfirieron con los inspectores federales en las instalaciones.
Como resultado de esta obstrucción, la investigación anterior subestimó significativamente el monto real de los salarios atrasados adeudados a los trabajadores.
“El veredicto de hoy deja claro que los empleadores que se valgan de documentos de inmigración falsos, exploten a sus trabajadores y obstaculicen la supervisión federal rendirán cuentas”, declaró el fiscal federal Eric Grant. Luego, advirtió que la administración federal continuará con la investigación de faltas similares.
“Nuestra oficina no tolerará a los empleadores que incurran deliberadamente en prácticas de contratación ilegales. Nadie está por encima de la ley, y seguiremos salvaguardando la integridad de las investigaciones laborales federales y los derechos de los trabajadores de nuestra comunidad”, concluyó.
Las condenas contra los dos implicados en el fraude contra el IRS y el Uscis
El 23 de abril de 2026, Shahriar “Sean” Loloee, de 55 años y residente de Granite Bay, se declaró culpable de:
- Un cargo de conspiración para obstruir una investigación del DOL.
- Un cargo de conspiración para defraudar al IRS.
- Tres cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas.
- Un cargo de fraude electrónico.
- Un cargo de lavado de dinero.
El 18 de agosto, los coacusados Mirwais Shams y Ahmad Shams se declararon culpables de presentar declaraciones de impuestos falsas. La sentencia para los tres se fijó para el 19 de noviembre.
Por último, Montoya será sentenciado por el juez federal de distrito Troy L. Nunley el 7 de enero de 2027. Enfrenta los siguientes cargos, según el documento del DOJ:
- Conspiración: pena máxima legal de cinco años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.
- Posesión de documentos de inmigración falsos y posesión, aceptación y recepción de documentos de inmigración falsos: hasta 10 años de prisión y una multa de hasta US$250 mil por cada cargo.
- Obstrucción de un procedimiento administrativo: cinco años de prisión y una multa de hasta US$250 mil.
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