Qué significa el adiós al requisito de cooperación con el ICE para fondos a víctimas en EE.UU.
La administración Trump buscaba imponer la exigencia de acuerdos con la agencia federal para erogar el dinero; 20 estados lograron que se dé marcha atrás
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LA NACION
Al menos por ahora, el gobierno de Donald Trump dio un paso atrás en la exigencia de cooperación por parte de las autoridades migratorias para que los estados reciban fondos destinados a víctimas de delitos. Tras semanas de presión legal y política por parte de fiscales generales demócratas, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) decidió retirar las condiciones que ataban el acceso al dinero del Acta de Víctimas de Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés) al cumplimiento de los lineamientos de inmigración.
La controversia por los fondos para víctimas de delitos
La controversia comenzó a mediados de agosto, cuando un grupo de 20 estados y el Distrito de Columbia demandó al Departamento de Justicia federal ante un tribunal de Rhode Island. Según la información publicada por Associated Press en aquel entonces, la demanda buscó frenar la intención de la administración Trump de condicionar los fondos del VOCA a la colaboración de los estados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La condición impuesta por el gobierno establecía que los estados debían permitir el acceso de los agentes del ICE a sus cárceles, notificar con antelación las fechas de liberación de personas bajo custodia que pudieran tener órdenes migratorias pendientes, y cumplir con las solicitudes de retención civil emitidas por esa agencia. En caso contrario, las jurisdicciones podrían perder parte o la totalidad de sus recursos federales para damnificados.
Estos fondos son fundamentales para el funcionamiento de los programas estatales y locales que brindan apoyo a víctimas de delitos violentos. El VOCA financia aproximadamente el 75% de las compensaciones económicas que los estados entregan a los afectados, al cubrir gastos médicos, limpieza de escenas del crimen, asesoramiento psicológico o costos funerarios en casos de homicidio. Además, el dinero se utiliza para sostener centros de recuperación, organizaciones de asistencia y proyectos de análisis forense, como el procesamiento de kits de violación.
El DOJ elimina las condiciones migratorias sobre los fondos del VOCA
El pasado 3 de octubre, Associated Press informó que el gobierno federal retrocedió en sus intenciones. El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, confirmó que el Departamento de Justicia eliminó las condiciones impuestas para acceder a los fondos del VOCA. Si bien su oficina evitó comentar sobre el estado del litigio, el expediente judicial seguía activo en el portal del tribunal.
“Frente a nuestra demanda, la administración Trump abandonó su intento cruel de imponer condiciones ilegales sobre casi US$1400 millones en fondos que apoyan a las víctimas y sobrevivientes de delitos”, declaró la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en un comunicado por correo electrónico. Según precisó, el dinero ya comenzó a liberarse, lo que permitirá a los estados restablecer programas de asistencia y compensación que se encontraban paralizados.
De acuerdo con la información de la agencia de noticias citada, la medida significa que los gobiernos estatales podrán nuevamente otorgar subvenciones a organizaciones sin fines de lucro y pagar compensaciones directas a víctimas de delitos violentos.
Impacto del retroceso del gobierno de Trump en las víctimas y comunidades migrantes
El retroceso de la Casa Blanca representa una victoria para las organizaciones que defienden a víctimas y migrantes, que durante años denunciaron el uso político del dinero del VOCA. Según los fiscales y los grupos de derechos humanos, la política de la administración Trump buscaba castigar a los llamados “estados santuario”, es decir, aquellos que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El fondo, creado a partir de multas y sanciones impuestas en tribunales federales —y no de impuestos—, distribuye más de mil millones de dólares cada año entre los estados y territorios de Estados Unidos. Su propósito es garantizar que las víctimas de delitos violentos, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, reciban reparación y puedan reconstruir sus vidas tras el trauma.
De esta forma, los estados recuperaron el control sobre los recursos destinados a sus programas locales y, sobre todo, reafirmaron un principio básico: que la protección de los damnificados debe estar por encima de cualquier agenda política o ideológica.
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