Noticias de la Corte Suprema: EE.UU. decide si continúa la estrategia migratoria de detención obligatoria

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el 1° de octubre que analizará si determinados inmigrantes sujetos a procedimientos de expulsión deben permanecer bajo custodia obligatoria mientras se resuelven sus casos o si pueden pedir una revisión para obtener la libertad bajo fianza. La decisión surge de una apelación presentada por la administración de Donald Trump en el caso del ciudadano brasileño Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha.

De acuerdo con NBC News, la controversia consiste en determinar qué disposición de la ley federal corresponde aplicar a personas que ingresaron sin inspección ni admisión, permanecieron durante años en Estados Unidos y fueron arrestadas posteriormente dentro del país norteamericano.

El gobierno federal sostiene que esos inmigrantes quedan alcanzados por la sección 1225(b)(2)(A). Según la interpretación del gobierno, esa norma obliga a mantenerlos bajo custodia mientras avanza el procedimiento de deportación, sin que puedan pedir una audiencia de fianza ante un juez.

Ese criterio comenzó a aplicarse en julio de 2025, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una nueva guía sobre las facultades para mantener detenidas a personas que, según el Ejecutivo, ingresaron ilegalmente al país, incluso cuando llevan años viviendo en Estados Unidos.

Durante administraciones anteriores, muchos inmigrantes en esa situación eran tratados bajo otra disposición, la sección 1226(a). Esa norma permite que un juez de inmigración analice cada caso y decida si la persona puede quedar en libertad bajo fianza mientras continúa el proceso.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito advirtió que el criterio defendido por el gobierno podría alcanzar a millones de personas si se aplica de manera amplia.

La Corte Suprema concedió formalmente el 1° de octubre la petición para revisar el caso, según consta en su lista oficial de órdenes. Según NBC News, las sentencias de los tres casos aceptados en esa instancia deberán conocerse antes de finales de junio de 2027.

La controversia no incluye a inmigrantes sometidos a otros regímenes especiales de detención, como determinadas personas condenadas por delitos, para quienes la legislación federal establece reglas diferentes.

La controversia que llegará al máximo tribunal se originó con Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño que ingresó a Estados Unidos sin inspección ni admisión alrededor de 2005 y permaneció desde entonces en el país norteamericano.

Cunha solicitó asilo en 2016 y obtuvo un permiso de trabajo válido. En septiembre de 2025, las autoridades migratorias lo arrestaron mediante una orden administrativa e iniciaron un procedimiento para deportarlo.

El gobierno sostuvo que debía permanecer bajo custodia obligatoria porque consideró que su situación quedaba comprendida por la sección 1225(b)(2)(A). Cunha cuestionó esa interpretación y presentó una petición de habeas corpus, un recurso judicial utilizado para impugnar una detención que se considera ilegal.

Un tribunal federal de distrito concluyó que su caso debía regirse por la sección 1226(a). La Justicia ordenó entonces que se realizara una audiencia o que fuera liberado.

Después de esa resolución, un juez de inmigración evaluó la situación personal de Cunha y determinó que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para otras personas o bienes. Por ese motivo, autorizó su liberación bajo fianza mientras continuaba el proceso migratorio.

La administración Trump apeló, pero el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó el fallo el 28 de abril. La corte sostuvo que la norma de detención obligatoria invocada por el gobierno no corresponde a personas como Cunha, que ingresaron sin pasar por un control migratorio pero fueron arrestadas años después dentro de Estados Unidos.

Según los jueces, esa interpretación coincide con una práctica del Poder Ejecutivo mantenida durante unos 30 años y cinco administraciones presidenciales.

El procurador general D. John Sauer, en representación del gobierno de Trump, describió la disputa como una “cuestión de importancia crítica en materia de derecho migratorio”.

Sauer argumentó que el enfoque oficial elimina un “incentivo perverso” que, según su postura, permitiría un trato más favorable para quienes evitaron ser detenidos al ingresar al país frente a aquellos que fueron interceptados en la frontera. También sostuvo que los litigios relacionados con esta cuestión están “perturbando la administración ordenada de la ley de inmigración”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) representa a personas que impugnan la interpretación del gobierno. Michael Tan, abogado de la organización, sostuvo en un comunicado emitido el 1 de octubre que la administración no puede utilizar la ley para mantener a inmigrantes “durante meses o incluso años sin una audiencia para fijar la fianza”.

Los representantes de la ACLU calificaron en documentos judiciales el criterio oficial como una “reinterpretación radical” de la legislación migratoria. También señalaron que algunas de las personas alcanzadas eran niños pequeños cuando ingresaron a Estados Unidos

Según los abogados, la ley debería permitir que un juez analice cada situación individual y determine si existe un riesgo real de fuga o un peligro para la comunidad antes de mantener a alguien detenido durante todo el procedimiento.