Sherrill firma la “Ley Power NJ”: “Estamos encaminando a Nueva Jersey hacia un futuro energético asequible y seguro”

Nueva Jersey dio un nuevo paso en su estrategia para reforzar el suministro eléctrico con la firma de la Ley Power NJ (Power NJ Act) por parte de la gobernadora Mikie Sherrill, que pone en marcha el proceso para incorporar nueva capacidad de generación nuclear avanzada. La iniciativa no solo busca responder al aumento de la demanda energética del estado, sino que también establece un sistema competitivo con controles para proteger a los usuarios de eventuales sobrecostos durante el desarrollo de los proyectos.

De acuerdo con el comunicado oficial de Sherrill, la legislación forma parte de la estrategia energética del estado. Durante el anuncio, la gobernadora afirmó que el rumbo adoptado tendrá impacto durante las próximas generaciones.

“Las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro que les dejaremos a nuestros hijos, por eso estamos encaminando a Nueva Jersey hacia un futuro energético asequible y seguro", sostuvo la gobernadora. Sherrill también explicó que el proceso permitirá incorporar nueva capacidad de generación nuclear avanzada mediante instalaciones capaces de suministrar electricidad limpia y confiable.

Además, agregó que el objetivo es garantizar energía suficiente para abastecer a pequeñas empresas, escuelas y hospitales, además de fortalecer la capacidad y la confiabilidad de la red eléctrica frente a fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia ha aumentado en los últimos años.

Según el comunicado oficial, la ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura con respaldo de representantes de ambos partidos políticos antes de recibir la firma de la gobernadora.

La legislación crea un mecanismo competitivo administrado conjuntamente por la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey (NJ BPU, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJ EDA) para incorporar al menos 1100 megavatios de nueva generación nuclear.

El proceso establecido por la norma contempla varias etapas con plazos definidos:

• Dentro de los primeros 180 días, la NJ BPU abrirá una convocatoria para recibir manifestaciones de interés por parte de los desarrolladores.
• Durante los 60 días siguientes, las empresas deberán presentar información regulatoria, ambiental, financiera y laboral de sus proyectos.
• En los siguientes 90 días, la NJ BPU evaluará las propuestas para determinar cuáles reúnen las condiciones necesarias para continuar.
• Después comenzará una etapa de negociación de 12 meses entre la NJ BPU, la NJ EDA y los desarrolladores para acordar costos, precio de la electricidad y demás condiciones.
• Finalmente, antes del 8 de julio de 2028, la Junta podrá emitir una orden definitiva únicamente si determina que el proyecto beneficia a los usuarios, que sus costos son razonables y que el desarrollador ha asegurado financiamiento federal.

La administración estatal remarcó que el proceso fue diseñado para garantizar transparencia y competencia entre los distintos proyectos que aspiren a participar.

Uno de los aspectos centrales de la legislación es la protección económica para quienes pagan el servicio eléctrico. Según el comunicado de la gobernadora, la norma establece que los consumidores no asumirán ningún costo mientras los proyectos o instalaciones nucleares permanezcan en construcción. Los pagos comenzarán únicamente cuando las instalaciones entren en funcionamiento y efectivamente suministren electricidad.

Además, la ley incorpora otras garantías destinadas a reducir los riesgos financieros:

• Los proyectos deberán obtener financiamiento federal antes de recibir la aprobación definitiva.
• Cada iniciativa deberá demostrar que representa un beneficio neto para los usuarios.
• Se realizarán al menos dos períodos de consulta pública y una audiencia pública en cada municipio donde se proponga una instalación.
• La División de Asesoría Tarifaria realizará evaluaciones independientes que deberán ser consideradas por la NJ BPU y la NJ EDA durante todo el proceso.

La legislación también establece que los usuarios no serán responsables de absorber eventuales sobrecostos que puedan producirse durante el desarrollo de las obras.