El condado de Nueva York que se resiste a acatar la orden de romper colaboración con el ICE en detenciones migratorias

El condado de Rensselaer anunció que seguirá las operaciones bajo su acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mediante el programa 287(g), pese a que una nueva ley de Nueva York obliga a finalizar esos convenios. El ejecutivo del condado, Steve McLaughlin, y el sheriff Kyle Bourgault presentaron además una impugnación ante la Justicia.

De acuerdo con Fox News, la gobernadora Kathy Hochul firmó en mayo la Local Cops, Local Crimes Act, que prohíbe a las fuerzas estatales y municipales establecer o conservar alianzas con el ICE para aplicar disposiciones civiles de inmigración.

En declaraciones recogidas por NEWS10, McLaughlin sostuvo que el mecanismo utilizado en Rensselaer se limita a personas que ya fueron arrestadas, procesadas y enviadas a la cárcel del condado por una infracción. Según explicó, los agentes revisan una base de datos federal para determinar si los detenidos son identificados por el ICE y pueden quedar sujetos a procedimientos migratorios.

El funcionario afirmó que en el territorio “nunca hubo” aplicación civil de las leyes migratorias y anticipó la disputa judicial con un mensaje dirigido a Hochul: “Nos veremos en la corte, gobernadora”.

Bourgault encabeza una demanda federal presentada por 15 sheriffs de Nueva York, quienes sostienen que la norma es inconstitucional y restringe las facultades de funcionarios electos para suscribir acuerdos autorizados por el gobierno federal, según NEWS10.

La acción fue presentada el martes 25 de agosto ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Nueva York y quedó registrada como Bourgault et al. v. Hochul et al., No. 1:26-cv-01637. Los demandantes también solicitaron una medida de emergencia para intentar frenar la aplicación de las disposiciones que ponen fin a los acuerdos 287(g).

Hochul advirtió que cualquier departamento de policía u oficina del sheriff que conserve un acuerdo no permitido enfrentará acciones legales. El gobierno federal también inició una causa separada contra la prohibición.

En ese proceso, una jueza permitió que Nueva York mantuviera la restricción sobre los acuerdos 287(g) mientras avanza el litigio, aunque suspendió temporalmente otras disposiciones relacionadas con el uso de máscaras y la identificación de agentes federales.

Bajo el modelo de ejecución en cárceles, como lo denomina la entidad federal en su sitio web, se permite que los agentes identifiquen a extranjeros alojados en la prisión del condado e inicien procedimientos migratorios en representación del ICE. La jurisdicción mantiene este sistema desde 2018.

NEWS10 señaló que las autoridades identificaron y retiraron de la cárcel a nueve inmigrantes durante ese período. Los funcionarios reconocieron que la cifra es reducida, pero afirmaron que conservarán la herramienta para intentar prevenir delitos.

Las autoridades estatales anticiparon que las jurisdicciones que mantengan un programa 287(g) perderán el acceso a subvenciones, incluida una ayuda tecnológica para las fuerzas de seguridad. Rensselaer podría obtener 250.000 dólares mediante ese beneficio.

Bourgault rechazó que el financiamiento influya en su postura. El sheriff señaló que “esto no se trata de dinero”, sino de seguridad pública, y aseguró que prefiere renunciar a esos recursos antes que abandonar el mecanismo.

La nueva ley tampoco impide que la policía ayude al ICE cuando exista un delito violento u otra infracción penal. La prohibición alcanza al uso de recursos municipales en asuntos civiles de inmigración.

Cuando Hochul firmó la ley, Rensselaer y otras 12 jurisdicciones tenían acuerdos con el ICE. De esa lista, 11 comunicaron que los retirarían antes de la entrada en vigor y Nassau era la única que todavía no había confirmado su decisión.

El miércoles 26 de agosto, el ejecutivo de Nassau, Bruce Blakeman, anunció que cumpliría la norma y terminaría el acuerdo, aunque se incorporó a la demanda para intentar anularla. En declaraciones citadas por Politico, afirmó que respeta el estado de derecho “incluso cuando es una mala ley”.