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La nueva regla de carga pública alcanza ciertas ayudas de vivienda y Mamdani abrió un frente legal en Nueva York
La medida permite a los funcionarios revisar la solicitud, aprobación o cobro de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos
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LA NACION
La Regla Final de Carga Pública, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), entró en vigor el 18 de septiembre y alcanza ciertas ayudas de vivienda. Para luchar contra el impacto de la medida en Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani desplegó un frente de orientación legal que busca proteger a los neoyorquinos inmigrantes antes de que renuncien a sus beneficios.
Cómo se aplica la nueva regla de carga pública y su alcance en ayudas de vivienda
Con su entrada en vigor, la nueva norma implementada por el DHS deroga la definición reglamentaria de “carga pública” de 2022 y otorga a los funcionarios de inmigración mayor discreción para determinar si es probable que un solicitante se convierta en una carga pública en algún momento.
La norma permite a los funcionarios de inmigración revisar la solicitud, aprobación o cobro de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. Entre los ejemplos señalados se incluyen determinadas ayudas de vivienda, el programa SNAP, Medicaid y la asistencia monetaria en efectivo. No obstante, la recepción de un beneficio no constituye un motivo de descalificación automática.
En ese sentido, la norma no cambia la elegibilidad para recibir beneficios, sino que amplía cuáles pueden ser considerados en las determinaciones de inadmisibilidad por carga pública.
La determinación del DHS ponderará de forma integral la edad, estado de salud, situación familiar, activos, recursos financieros, educación y habilidades del solicitante, sin asignar un peso negativo predeterminado a un solo factor.
La medida comenzó a regir desde el 18 de septiembre, por lo que los beneficios recibidos antes de esa fecha se evaluarán bajo la normativa de 2022. La medida no aplica a ciudadanos estadounidenses, solicitantes de ciudadanía, residentes permanentes que renuevan su green card, refugiados, asilados, solicitantes de visas T y U, autopeticionarios de VAWA ni Jóvenes Inmigrantes Especiales.
El frente legal que abrió Mamdani en Nueva York contra la norma de carga pública
En su portal web, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA, por sus siglas en inglés) puso a disposición de la comunidad guías y recursos informativos para determinar el impacto específico de la regla en cada situación legal.
El gobierno de Nueva York resaltó que, antes de suspender o renunciar a un beneficio público, las personas deben informarse sobre si la Regla de Carga Pública se aplica a su situación migratoria.
Los migrantes pueden obtener asistencia legal en materia de inmigración e información adicional sobre la carga pública al llamar al 1-800-354-0365 durante el siguiente horario:
- Lunes y miércoles de 9 a 20 hs.
- Martes, jueves y viernes de 9 a 18 hs.
- Último sábado de cada mes de 9 a 17 hs.
Además, la ciudad habilitó la Línea Directa para Nuevos Americanos de Caridades Católicas (1-800-566-7636).
La MOIA informó también de que es posible que se apliquen ciertas políticas relacionadas con la carga pública en los consulados estadounidenses a quienes patrocinan a un familiar en el extranjero que busca obtener una visa. En ese caso, las personas pueden llamar al 311 para obtener información general.
Previo a la entrada en vigor, el 14 de septiembre, la ciudad de Nueva York, junto con otros gobiernos, presentó una demanda para impugnar la nueva norma de carga pública del gobierno federal.
Batalla legislativa en el Congreso federal sobre la ley de carga pública
En el comunicado, la administración indicó que el 6 de agosto la senadora Mazie Hirono y la representante Judy Chu presentaron la Ley de Protección de los Valores Estadounidenses, S. 5331 / HR 10045. El objetivo de esta propuesta es bloquear la financiación federal destinada a la implementación y el cumplimiento de la Norma de Carga Pública de 2026.
El proyecto fue remitido a los Comités Judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado, por lo que se encuentra bajo revisión y aún no se convirtió en ley. De ser aprobada por el Congreso, la propuesta requeriría, por lo general, la aprobación presidencial.
Dado que la administración Trump impulsó la nueva norma sobre carga pública, el futuro de la Ley de Protección de los Valores Estadounidenses es incierto.
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