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Rebelión en Nueva York: autoridades y vecinos presionan a Hochul para frenar el plan de ICE en Newburgh
La Junta Municipal de la ciudad y la Legislatura del condado de Orange aprobaron resoluciones de rechazo; en la votación del condado, los 14 miembros presentes respaldaron la medida
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LA NACION
Autoridades locales y residentes de Nueva York exigieron a la gobernadora Kathy Hochul que impida el funcionamiento de un posible centro de detención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los primeros reclamos habían surgido el 2 de julio, cuando el congresista Pat Ryan emitió una solicitud de explicaciones.
Newburgh contra el ICE: vecinos y autoridades aumentan la presión sobre Kathy Hochul
Vecinos de la localidad de Newburgh y un grupo de más de 60 legisladores estatales y congresistas solicitaron a la gobernadora una orden ejecutiva de bloqueo preventivo al movilizarse. El reclamo busca frenar el desarrollo de instalaciones federales destinadas a la detención y traslado de personas inmigrantes.
De acuerdo con The New York Times, las medidas de protesta incluyeron manifestaciones públicas e iniciativas legislativas dentro de la región. La Junta Municipal de Newburgh y la Legislatura del condado de Orange aprobaron resoluciones de rechazo; en el caso del condado, los 14 legisladores presentes votaron a favor.
El supervisor municipal, Gil Piaquadio, confirmó que el ayuntamiento utilizará todos los recursos legales disponibles. La acción gubernamental local pretende impedir el establecimiento formal de la entidad dentro de su territorio.
Asimismo, una propuesta de los legisladores plantea cortar las conexiones de la instalación a los servicios locales de agua y alcantarillado. Los impulsores sostienen que la medida permitiría dificultar la operación del sitio mediante herramientas bajo control local.
Hochul envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, donde solicita detalles concretos sobre el proyecto. Hasta la fecha, las autoridades federales no emitieron ninguna respuesta oficial.
ICE en Newburgh: qué revelan los documentos sobre el inmueble de 800 Corporate Boulevard
El plan de la agencia enfoca su atención en un predio desocupado de aproximadamente 42.377 pies cuadrados (3937 metros cuadrados) ubicado en la calle Corporate Boulevard. La información surgió tras la publicación de documentos gubernamentales en el portal de investigación Project Saltbox.
De acuerdo con The New York Times, la agencia federal busca un espacio de amplias proporciones para el procesamiento de detenidos. El sitio figura actualmente en el listado de propiedades arrendadas por el gobierno. Según Times Union, el contrato fue adjudicado a Leverage Enterprises y contempla unos US$35,5 millones durante 15 años.
El inmueble se encuentra a aproximadamente una milla del Aeropuerto Internacional Stewart, una cercanía que despertó especulaciones sobre su posible utilidad logística para operaciones migratorias.
Sin embargo, el ICE no confirmó públicamente cuál será el uso final del inmueble arrendado. No obstante, las especificaciones del listado federal coinciden con la propiedad mencionada.
Nueva York y el ICE: qué prohíbe la Local Cops, Local Crimes Act a las fuerzas locales
La nueva legislación de Nueva York prohíbe a las fuerzas policiales locales la cesión de cárceles y recursos a las autoridades federales. La normativa intenta limitar la capacidad operativa del gobierno central dentro del territorio neoyorquino.
Los condados de Nassau y Rensselaer son los únicos que rechazaron la adhesión a la nueva disposición del estado. La fiscalía general de Nueva York emitió citaciones judiciales contra ambas administraciones como paso previo al inicio de demandas.
El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, defendió públicamente la cooperación activa con las fuerzas federales. El funcionario afirmó que la colaboración regional permitió la expulsión de más de 2000 personas.
La gobernadora sostuvo una postura tajante frente a la resistencia manifestada por los dirigentes republicanos de la zona. Hochul afirmó que ningún funcionario local posee atribuciones para declararse por encima de las leyes vigentes.
La vocera de la gobernación, Jen Goodman, descartó confirmar el uso de decretos ejecutivos para detener la obra. El gobierno estatal concentrará sus esfuerzos en garantizar la participación de las comunidades antes de autorizar cualquier construcción.
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