Orden de Trump impediría condonar préstamos estudiantiles a ciertos empleados de ONG

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado cambios en el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público que descalificarían a los trabajadores de grupos sin fines de lucro que se considere están involucrados en actividades “impropias”.

Una orden ejecutiva firmada el viernes ordena al Departamento de Educación modificar el programa para negar alivio por préstamos a algunos beneficiarios. Las personas cuyo trabajo esté relacionado con la inmigración ilegal, grupos terroristas extranjeros u otra actividad ilegal estarían excluidas del programa.

El Congreso creó el programa en 2007 para fomentar carreras en el gobierno o en grupos sin fines de lucro. Ofrece cancelar cualquier deuda estudiantil restante después de que los prestatarios realicen pagos durante 10 años mientras trabajan en el sector público. Está abierto a trabajadores del gobierno, maestros, policías, pastores religiosos y algunos empleados de organizaciones sin fines de lucro, entre otros.

Más de 2 millones de estadounidenses cubren el requisito de empleo y tienen préstamos estudiantiles abiertos, según datos de diciembre del Departamento de Educación.

En su audiencia de confirmación en el Senado, la secretaria de Educación, Linda McMahon, se comprometió a continuar con el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público tal como lo ordenó el Congreso. “Esa es la ley”, dijo en respuesta a preguntas del senador demócrata Tim Kaine.

De acuerdo con las reglas actuales, las organizaciones sin fines de lucro son elegibles si se enfocan en ciertas áreas, incluyendo el derecho de interés público, la salud pública o la educación. La orden de Trump parece estar dirigida a aquellos que trabajan en ciertos campos que chocan con su agenda política, incluida la inmigración.

En el pasado, los defensores del programa han acudido a los tribunales para defender el programa y es muy probable que la acción de Trump enfrente impugnaciones jurídicas. Mientras tanto, recibió una rápida reacción negativa de los activistas.

“Amenazar con castigar a los estadounidenses trabajadores por las opiniones políticas percibidas de sus empleadores es una violación tan flagrante de la Primera Enmienda como se puede imaginar”, comentó Aaron Ament, presidente de la Red Nacional de Defensa Legal de Estudiantes.

Generalmente, el Departamento de Educación tiene que pasar por un largo proceso de elaboración de normas federales para actualizar los requisitos del programa. Cualquier nueva regulación que comience este año no entraría en vigor hasta 2027.

El programa de condonación de préstamos ha sido objeto de una lucha política desde el primer mandato de Trump, cuando los prestatarios comenzaron a alcanzar la meta de 10 años.

La mayoría de la personas que presentaron solicitudes al programa en 2017 fueron rechazadas porque se encontró que se habían inscrito en planes de pago que no cubrían los requisitos o no cumplieron con otros criterios. Una investigación realizada por un grupo de control federal concluyó que el Departamento de Educación no había logrado aclarar los requisitos del programa.

Bajo el mando del expresidente Joe Biden, el Departamento de Educación flexibilizó las reglas del programa a través de un proceso de elaboración de normas federales, ampliando los criterios de elegibilidad a personas que anteriormente no habrían cumplido con los requisitos.

En sus últimas semanas, el gobierno de Biden anunció que había otorgado alivio a más de 1 millón de personas a través del programa, en comparación con los 7.000 que recibieron la cancelación de sus préstamos durante el primer mandato de Trump.

Los cambios implementados por el gobierno de Biden fueron criticados por legisladores republicanos que afirmaron que sólo el Congreso tenía la autoridad para cambiar las reglas del programa.

Biden también presionó por una cancelación más amplia de préstamos estudiantiles, pero fue bloqueado por la Corte Suprema y por varias impugnaciones jurídicas presentadas por estados gobernados por republicanos.

Los republicanos se han opuesto firmemente a la cancelación de préstamos estudiantiles, diciendo que transfiere injustamente el costo a los contribuyentes que ya pagaron sus préstamos o que no asistieron a la universidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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