Senado promueve proyecto de ley migratoria que podría ser la primera ley firmada por Trump

WASHINGTON (AP) — El Senado se encamina hacia la votación final de una ley que otorgaría a los estados el poder de impugnar las políticas federales de inmigración y exigiría a las autoridades federales que detengan a los migrantes acusados de robo y delitos violentos, estableciendo un nuevo tono en la política de inmigración mientras Donald Trump asume la presidencia.

Los republicanos del Senado, que recientemente lograron la mayoría, han hecho de la llamada Ley Laken Riley —nombrada así por una estudiante de Georgia que fue asesinada el año pasado por un hombre venezolano— una de sus principales prioridades, lo que podría convertiría en el primer proyecto de ley que Trump firme como presidente.

El viernes, el proyecto de ley superó un obstáculo procedimental clave con una votación de 61 a 35, en la que 10 demócratas votaron junto a los republicanos para hacerla avanzar hacia una votación final. El Senado deberá votar sobre la aprobación final el lunes, después de la ceremonia de investidura de Trump, pero la Cámara de Representantes también tendrá que considerar los cambios realizados a dicho proyecto.

Los demócratas, que el año pasado dejaron languidecer una legislación similar, apoyaron inicialmente abrir el debate sobre el proyecto de ley, señalando que están dispuestos a considerar la imposición de medidas enérgicas contra la inmigración ilegal después de sus derrotas electorales. Sin embargo, la mayoría votó en contra de avanzar el proyecto de ley hacia una votación final tras no poder realizar cambios significativos a la legislación.

“El pueblo estadounidense está preocupado, con justa razón, por la crisis de inmigración ilegal en este país, y en noviembre envió el claro mensaje de que quieren que se aborde”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, que describió el proyecto de ley como “el primero de muchos” sobre el tema.

En los primeros días del nuevo Congreso, los republicanos han desafiado a los demócratas a unirse a ellos en esfuerzos para restringir la inmigración ilegal y deportar a los migrantes vinculados a delitos. En varios casos, lo han hecho. La mayoría de los demócratas del Senado votaron para avanzar la Ley Laken Riley la semana pasada mientras negociaban cambios al proyecto.

En la Cámara de Representantes, todos los republicanos, así como 48 demócratas, votaron para aprobar una versión similar del proyecto de ley este mes. Y esta semana, 61 demócratas también votaron por un proyecto de ley separado para exigir la deportación e impedir la entrada a Estados Unidos de los extranjeros condenados por abuso físico o sexual.

Los votos han dado a los republicanos algunas victorias tempranas, mientras disfrutan de un triple poder en la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, aunque los proyectos de ley han retomado, en su mayoría, políticas donde las autoridades federales ya tienen discreción para actuar.

Una vez que Trump asuma el cargo e intente establecer operaciones de deportación a gran escala, los republicanos del Congreso enfrentarán una intensa presión para financiar sus prioridades mientras equilibran sus promesas de controlar los déficits presupuestarios y las preocupaciones sobre el impacto económico, así como humanitario, de las deportaciones masivas.

La Ley Laken Riley no asigna nuevos fondos a los funcionarios de inmigración, pero los miembros demócratas de la Comisión de Asignaciones del Senado estiman que el proyecto de ley costaría 83.000 millones de dólares en los próximos tres años, según un memorando obtenido por The Associated Press.

Los republicanos rechazaron esa cifra. Al mismo tiempo, debaten cómo aprobar un importante paquete de financiación a través de un proceso conocido como conciliación, que permitiría que el gobierno de Trump gastara hasta 100.000 millones de dólares en la aplicación de la ley de fronteras e inmigración.

Mientras tanto, los demócratas buscan un camino a seguir en su enfoque hacia la inmigración. El partido está dividido entre aquellos que ahora priorizan las restricciones a la inmigración ilegal y quienes argumentan que el partido también debería abogar por ayudar a los migrantes que ya están en Estados Unidos o que buscan refugio de la violencia o la persecución en sus países de origen.

“Nosotros, los demócratas, queremos que se arregle nuestro deteriorado sistema de inmigración”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, que apoyó las negociaciones sobre el proyecto de ley, pero votó en contra de su avance el viernes.

Señaló que los demócratas trabajaron con los republicanos el año pasado en un proyecto de ley más grande que habría restringido el proceso de asilo. Esa legislación fue rechazada por los republicanos después de que Trump se opusiera a ella, pero Schumer dijo que aún “está listo” para trabajar con los republicanos en seguridad fronteriza e inmigración.

“Creo que tenemos que demostrar que somos el único partido que habla en serio sobre la seguridad fronteriza”, dijo el senador demócrata Chris Murphy.

Criticó la Ley Laken Riley porque requeriría que las autoridades de inmigración priorizaran la detención de los migrantes acusados o condenados por delitos como el hurto, pero podría obligar a las autoridades a liberar a otros reos, condenados por delitos más graves. Murphy dijo que solo “haría que el sistema fuera más enrevesado y caótico”.

El Senado votará el lunes sobre la expansión del proyecto de ley para que también apunte a los migrantes que agredan a un policía o sean acusados de delitos que provoquen la muerte o lesiones graves a una persona.

El año pasado, la legislación, así como el nombre de Riley, se convirtieron en un grito de guerra para los republicanos mientras criticaban el manejo de la frontera por parte del presidente Joe Biden. Riley, una estudiante de enfermería de Georgia, fue asesinada en febrero, y José Ibarra, un hombre venezolano que ingresó ilegalmente al país y se le permitió permanecer para seguir su caso de inmigración, fue condenado por su asesinato.

En su campaña, Trump planteó repetidamente la cuestión de los delitos cometidos por migrantes, pero no hay pruebas de que éstos sean más propensos a cometer delitos violentos. En varios estudios se ha encontrado que las tasas de delitos cometidos por inmigrantes son más bajas que las de los nacidos en Estados Unidos. Los grupos que abogan por políticas de inmigración restrictivas objetan o descartan esos hallazgos.

Finalmente, los expertos en inmigración dijeron que el efecto más duradero de la legislación podría ser la disposición que otorga capacidad legal a los fiscales generales estatales para que demanden al gobierno federal por daños causados por políticas federales de inmigración.

Eso otorga a los estados un nuevo poder en la definición de políticas de inmigración cuando ya han tratado de contrarrestar las decisiones presidenciales durante los gobiernos de Trump y Biden. Los demócratas intentaron sin éxito que se eliminara esa disposición del proyecto de ley, diciendo que podría abrir la puerta a cambios importantes en la política federal.

“Tenemos un sistema de inmigración realmente abrumado y forzado tal como está, y la litigación adicional solo añade más caos”, dijo Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista de políticas del Instituto de Política Migratoria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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