“La ley es clara”: Greg Abbott respaldó a Trump tras la llegada de la Guardia Nacional a Portland
Tras un intenso debate, un fallo judicial revirtió la prohibición temporal sobre la presencia militar federal en Oregon; el mensaje del gobernador de Texas
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LA NACION
El gobernador de Texas, Greg Abbott, manifestó su respaldo a la administración Donald Trump tras una resolución judicial que habilita el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland. La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, emitida el 20 de octubre de 2025, revirtió una medida cautelar previa que impedía la movilización de efectivos militares en esa ciudad de Oregon.
El fallo judicial que habilita el despliegue de la Guardia Nacional en Portland
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos resolvió que Donald Trump puede enviar tropas a Portland, en el estado de Oregon. La decisión revirtió una orden previa del Tribunal de Distrito, que había suspendido temporalmente la medida.
El tribunal de apelaciones argumentó en el texto judicial que el presidente republicano actuó dentro de los márgenes de su autoridad legal, amparada en el estatuto que permite la federalización de la Guardia Nacional en casos donde el mandatario no pueda ejecutar las leyes con las fuerzas regulares.
El fallo consideró que existían bases plausibles para justificar la acción, a partir de los incidentes registrados en instalaciones federales de la ciudad.
El caso surgió tras la orden de Trump de movilizar a 200 miembros de la fuerza militar de Oregon para resguardar oficinas federales, en especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que habían sido objeto de protestas. La decisión fue cuestionada por el gobierno estatal, que consideró que la intervención violaba la soberanía local y excedía la autoridad presidencial.
La reacción de Greg Abbott en apoyo a Donald Trump por el envío de la Guardia Nacional a Portland
Tras conocerse el fallo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó un mensaje en la red social X en respaldo a la medida judicial. El mandatario estatal señaló que el tribunal actuó conforme a la ley y que la constitución permite al presidente movilizar la Guardia Nacional cuando sea necesario para hacer cumplir las normativas de Estados Unidos.
“La interferencia con ese deber ha sido mortal. Toda la retórica salvaje contra la Guardia por parte de los líderes políticos de todo el país fue irresponsable y deliberadamente engañosa. La ley es clara. La Corte Suprema confirmará esta sentencia”, enfatizó.
El origen de la disputa entre el gobierno federal y Oregon por la Guardia Nacional
La controversia comenzó a finales de septiembre pasado, cuando Trump anunció que enviaría efectivos a Portland para reforzar la seguridad en respuesta a disturbios y ataques en instalaciones federales. A través de la red Truth Social, instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a disponer del personal necesario para proteger la ciudad tras argumentar que había sido “devastada por la guerra”. “También autorizo el despliegue de Fuerzas Armadas, de ser necesario”, agregó.
Poco después, la jueza federal Karin J. Immergut bloqueó temporalmente la medida mediante una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés), al considerar que la movilización no se ajustaba a los requisitos legales establecidos para la federalización.
“La determinación del presidente simplemente no tuvo relación con los hechos”, escribió Immergut, que sostuvo que las condiciones en Portland no representaban una rebelión ni impedían la labor de las fuerzas federales.
La interpretación legal de la federalización de la Guardia Nacional
El estatuto mencionado en el texto judicial del fallo establece tres supuestos bajo los cuales el presidente puede federalizar la Guardia Nacional:
- Invasión o amenaza de invasión
- Rebelión o peligro de rebelión
- Imposibilidad de ejecutar las leyes con las fuerzas regulares
La corte de apelaciones centró su análisis en esta última condición, por lo que evaluó si las circunstancias en Portland justificaban la intervención.
Según la resolución del tribunal, la evidencia presentada por el gobierno federal indicaba una incapacidad sostenida para mantener el orden con los medios regulares. Los informes describían daños reiterados a edificios federales, amenazas contra agentes del ICE y la interrupción prolongada de operaciones.
Para el tribunal, estos elementos demostraban un nivel de emergencia suficiente para habilitar la intervención federal. El fallo consideró que las determinaciones del presidente constituían a una “evaluación plausible” de los hechos, dentro del margen de juicio legítimo previsto por la ley.
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