Trump avanza en múltiples caminos de represalia: algunos ceden, otros resisten

WASHINGTON (AP) — La orden ejecutiva dirigida a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país siguió un guion bien conocido mientras el presidente Donald Trump avanzaba en su camino hacia la represalia.

Más allá del gobierno, Trump se ha propuesto imponer su voluntad en una amplia franja de la vida estadounidense, desde individuos que han provocado su ira hasta instituciones conocidas por sus propias demostraciones de poder e intimidación.

Así es como Paul Weiss, un histórico bufete de abogados de Nueva York que desde su nacimiento en 1875 ha promovido la causa de los derechos civiles, guiado los asuntos legales de los poderosos del mundo corporativo y crecido hasta convertirse en una empresa multinacional de miles de millones de dólares, llegó a enterarse de que estaba en problemas. La razón: uno de sus exabogados había investigado a Trump como fiscal de Manhattan.

Trump ordenó que se revisaran las autorizaciones de seguridad federal de los abogados del bufete para su suspensión, que se rescindieran los contratos federales y que se restringiera el acceso de los empleados a los edificios federales. Sin embargo, el decreto pronto se evitó de la manera más trumpiana: con un acuerdo.

Después de una reunión en la Casa Blanca con el presidente del bufete, que resultó en una serie de compromisos, incluidos 40 millones de dólares en trabajo legal para apoyar causas de la administración, la orden ejecutiva fue rescindida, pero no sin una reacción de la comunidad legal que vio la resolución como una capitulación.

El episodio mostró no solo el uso de Trump del poder de la presidencia para controlar la disidencia y castigar a los adversarios, sino también su éxito en extraer concesiones de bufetes de abogados, el mundo académico, Silicon Valley y juntas corporativas. Estos objetivos de repente se vieron obligados a temer por su futuro ante una campaña de represalias que ha sido una característica definitoria de sus primeros dos meses en el cargo.

Solo un día después del acuerdo de Paul Weiss, la Universidad de Columbia reveló cambios en sus políticas bajo la amenaza de perder miles de millones de dólares en fondos federales. Una semana después, el venerable bufete de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llegó a un acuerdo propio antes de que pudiera ser golpeado por una orden ejecutiva. Antes de eso, ABC News y Meta alcanzaron acuerdos multimillonarios para resolver demandas de Trump.

"Cuantos más cedan, más extorsión invitarán. Verás a otras universidades y otros bufetes de abogados y otros enemigos de Trump ser asaltados y atacados hasta la sumisión por eso", dijo Ty Cobb, un abogado de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump que desde entonces se ha convertido en un crítico agudo.

Por el contrario, algunos dentro de la comunidad legal conservadora dicen que el presidente republicano está actuando dentro de su derecho.

"Es prerrogativa del presidente instruir al poder ejecutivo para hacer negocios con empresas, bufetes de abogados o contratistas que considere confiables, y lo contrario también es cierto. El presidente, como comandante en jefe, puede determinar quién obtiene una autorización y quién no. Es así de simple", señaló Jay Town, un fiscal de Alabama durante el primer mandato de Trump.

Algunos objetivos no han cedido: desde el acuerdo de Paul Weiss, dos bufetes de abogados han demandado para bloquear órdenes ejecutivas. Sin embargo, independientemente de su respuesta, en general los bufetes sancionados han caído en desgracia con la Casa Blanca por su asociación con fiscales que previamente investigaron a Trump.

Si las negociaciones han sido sorprendentes, considere que Trump anunció su enfoque durante la campaña. "Para aquellos que han sido agraviados y traicionados, yo soy su represalia", dijo a sus seguidores en marzo de 2023.

Menos claro era: ¿Represalia por qué exactamente? ¿Contra quién? ¿Por qué medios?

Las respuestas llegarían pronto.

Un bufete llamó a la amenaza de Trump “una crisis existencial”

Recién salido de sobrevivir a cuatro acusaciones federales y estatales que amenazaban con hundir su carrera política, e investigaciones que ensombrecieron su primer mandato en el cargo, Trump fue directamente por los fiscales que lo investigaron y los bufetes de élite que vio como su refugio.

Su Departamento de Justicia actuó casi de inmediato para despedir a los miembros del equipo del fiscal especial Jack Smith y algunos fiscales que manejaron casos derivados del motín en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

La Casa Blanca siguió con una orden ejecutiva que despojó de autorizaciones de seguridad a los abogados del bufete de Covington & Burling que han proporcionado representación legal para Smith ante la amenaza de investigaciones gubernamentales. Covington ha dicho que espera "defender los intereses del Sr. Smith".

Una orden posterior castigó a Perkins Coie por representar a la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton durante la campaña de 2016 y su participación en la financiación de investigaciones de oposición sobre Trump que tomaron la forma de un dossier con acusaciones no corroboradas sobre los vínculos de Trump con Rusia.

Con su negocio en juego, Perkins Coie contrató a Williams & Connolly, un bufete de Washington con un estilo de litigio agresivo, para impugnar la orden. Un juez federal dijo que la acción de la administración le provocó "escalofríos" y bloqueó partes de ella para que no entraran en vigor. Esa decisión podría haber sido un precedente significativo para otros bufetes acosados.

Excepto que eso no fue lo que sucedió después.

El presidente de Paul Weiss dijo que, inicialmente, también estaba preparado para demandar por una orden del 14 de marzo que apuntaba al bufete en parte porque un exsocio, Mark Pomerantz, había supervisado varios años antes una investigación sobre las finanzas de Trump en nombre de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

Pero el bufete también llegó a creer que incluso una victoria en la corte no borraría la percepción entre los clientes de que era "persona non grata" con la administración, dijo más tarde su presidente, Brad Karp, a sus colegas en un correo electrónico obtenido por The Associated Press.

La orden, dijo Karp, presentó una "crisis existencial" para un bufete que ha contado entre sus representaciones poderosas a la NFL y ExxonMobil. Algunos de sus clientes señalaron que podrían abandonar el barco. El apoyo esperado de otros bufetes nunca se materializó y algunos incluso buscaron explotar los problemas de Paul Weiss, dijo Karp.

"Era muy probable que nuestro bufete no pudiera sobrevivir a una disputa prolongada con la Administración", escribió.

Cuando surgió la oportunidad de una reunión en la Casa Blanca y la posibilidad de llegar a un acuerdo, Karp la aprovechó, comprometiéndose a servicios legales pro bono para causas como la lucha contra el antisemitismo, así como a la representación sin tener en cuenta la afiliación política de los clientes. Al hacerlo, escribió, "hemos resuelto rápidamente un problema aparentemente intratable y eliminado una nube de incertidumbre que se cernía sobre nuestro bufete de abogados".

La protesta fue rápida. Abogados fuera del bufete lo ridiculizaron. Más de 140 exalumnos de Paul Weiss firmaron una carta criticando la capitulación.

"En lugar de una defensa contundente de los valores de la democracia, fuimos testigos de una rendición cobarde y, por lo tanto, de complicidad en lo que es quizás la mayor amenaza a la independencia de la profesión legal desde al menos los días del senador Joseph McCarthy", decía la carta.

En cuestión de días, otros dos bufetes, Jenner & Block y WilmerHale, se enfrentaron a órdenes ejecutivas por su afiliación con fiscales del equipo del fiscal especial Robert Mueller que investigó a Trump durante su primer mandato. Ambos demandaron el viernes. WilmerHale, donde Mueller es socio retirado, dijo que la orden era un "ataque sin precedentes" al sistema legal. Después de escuchar los argumentos, los jueces bloquearon la aplicación de partes clave de ambas órdenes.

Sin embargo, ese mismo día, la Casa Blanca anunció un nuevo acuerdo con Skadden Arps en el que el bufete acordó proporcionar 100 millones de dólares en servicios legales pro bono y renunciar al uso de consideraciones de diversidad, empleo e inclusión en sus prácticas de contratación.

Trump ha expresado satisfacción con su campaña de presión, emitiendo una directiva para sancionar a los abogados que se consideran que presentan litigios "frívolos" contra el gobierno. Las universidades, se maravilló, están "cediendo y diciendo 'Señor, muchas gracias, lo apreciamos'".

En cuanto a los despachos de abogados, dijo: "Simplemente están diciendo, '¿Dónde firmo?' Nadie puede creerlo".

Una universidad de la Ivy League también accedió a las demandas de Trump

Al norte de la base de operaciones de Paul Weiss en Midtown Manhattan, otra institución de élite de Nueva York enfrentó su propia prueba de fuego.

Trump asumió el cargo en medio de protestas disruptivas en la Universidad de Columbia relacionadas con la guerra de Israel con Hamás. La agitación provocó la renuncia de su presidenta y convirtió a la prestigiosa escuela en un objetivo de críticos que decían que un ambiente de campus demasiado permisivo había permitido que floreciera la retórica antisemita.

La administración Trump arrestó este mes a un destacado activista palestino y residente legal permanente en su edificio de apartamentos propiedad de la universidad y abrió una investigación sobre si Columbia ocultó a estudiantes buscados por Estados Unidos por su participación en las manifestaciones.

En una acción separada, la administración retiró 400 millones de dólares de Columbia, cancelando subvenciones y contratos debido a lo que el gobierno dijo que era el fracaso de la escuela para erradicar el antisemitismo y exigiendo una serie de cambios como condición para restaurar el dinero o incluso considerar hacerlo.

Dos semanas después, la entonces presidenta interina de la universidad, Katrina Armstrong, anunció que implementaría casi todos los cambios solicitados por la Casa Blanca. Columbia prohibiría a los estudiantes protestar en edificios académicos, dijo, adoptaría una nueva definición de antisemitismo y pondría su departamento de estudios del Oriente Medio bajo nueva supervisión.

El anuncio de reformas de Columbia el 21 de marzo no desafió las tácticas coercitivas de la administración Trump, pero reconoció lo que dijo eran "preocupaciones legítimas" planteadas sobre el antisemitismo. La Casa Blanca aún no ha dicho si restaurará el dinero.

La resolución de Columbia fue condenada por algunos miembros de la facultad y defensores de la libertad de expresión.

"El sometimiento de Columbia pone en peligro la libertad académica y la expresión en el campus en todo el país", dijo Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, en un comunicado en ese momento.

Armstrong anunció el viernes por la noche su salida del cargo y su regreso a su puesto en el centro médico de la escuela.

Columbia no es el único objetivo de Trump en el mundo académico. También este mes, la administración suspendió alrededor de 175 millones de dólares en fondos federales para la Universidad de Pensilvania por una persona transgénero que compitió en natación para la escuela la última vez en 2022.

Las empresas de medios también han sido objetivo

Trump ni siquiera había asumido el cargo el 20 de enero cuando una pelea legal que podría haberlo seguido en el cargo se desvaneció abruptamente.

En diciembre, ABC News acordó pagar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial Trump para resolver una demanda por difamación sobre la afirmación inexacta del presentador George Stephanopoulos en el aire de que el presidente electo había sido encontrado civilmente responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll.

El mes siguiente, Meta, la empresa matriz de Facebook, acordó pagar 25 millones de dólares para resolver una demanda presentada por Trump contra la empresa después de que suspendió sus cuentas tras el motín del 6 de enero.

El acuerdo siguió a una visita del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, al club privado de Trump en Florida para tratar de enmendar las relaciones. Tal viaje podría haber parecido improbable en el primer mandato de Trump, o después del asedio al Capitolio que lo convirtió, brevemente, en un paria dentro de su propio partido. Pero es algo que otros funcionarios de tecnología, negocios y gobierno han hecho.

Mientras tanto, la administración ha tomado medidas contra organizaciones de noticias cuya cobertura no le agrada. El mes pasado, la Casa Blanca eliminó a reporteros y fotógrafos de The Associated Press del pequeño grupo de periodistas que siguen al presidente después de que la agencia de noticias se negó a seguir la orden ejecutiva de Trump para renombrar el Golfo de México; hay una demanda de AP en proceso.

Y la administración ha buscado desmantelar Voice of America, un servicio de noticias internacional financiado por el gobierno. El viernes, un juez federal detuvo los planes para despedir a más de 1.200 periodistas, ingenieros y otros empleados que quedaron marginados después de que Trump ordenó un recorte de fondos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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