Una pareja de vendedores ambulantes en Chicago responde a arrestos migratorios: Seguir con la rutina
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LA NACION
CHICAGO (AP) — La masiva presencia de la Patrulla Fronteriza un sábado reciente por la mañana en el barrio de La Villita en Chicago no inmutó a Ofelia Herrera, a pesar de que ella y su esposo están en Estados Unidos ilegalmente.
Ella esperó a que los agentes se movieran unas cuadras más allá, luego abrió su puesto donde vende elotes al estilo mexicano y aguas frescas con sabor a pepino, piña y fresa en el corazón de la comunidad inmigrante mexicana, tal como lo han hecho durante 18 años. Las sirenas resonaron durante un día caótico mientras la policía de Chicago respondía a una llamada de ayuda de la Patrulla Fronteriza y confrontaba a los manifestantes.
Herrera, de 47 años, y Rafael Hernández, de 44, se han negado a alterar sus rutinas durante una ofensiva de control migratorio en Chicago que ha hecho que muchos sin estatus legal se queden en casa desde que comenzó a principios de septiembre. Incluso algunos ciudadanos estadounidenses de ascendencia latina tienen miedo de salir.
La pareja dice que trabajar no solo paga las cuentas, sino que también ayuda a evitar la depresión, lo que los hace destacar entre otros atrapados por el miedo en las comunidades inmigrantes de Chicago.
“Lo único que puede tener es confianza en Dios y no tener miedo”, dijo Herrera en una entrevista en la casa de la pareja en el lado sur, ya adornada con decoraciones navideñas pocos días después de Halloween. “…Porque por miedo le puede dar depresión y le puede dar muchas cosas. A final de cuentas, no te mandaron a Mexico, pero te enfermaste de depresión, te enfermaste de otras cosas porque no tuviste la confianza para creer en Dios”.
Hernández estuvo de acuerdo. “Tenemos conocidos que han caído en la depresión. No salen. Es algo bien triste”.
El puesto de comida de la pareja en Little Village, adornado con banderas estadounidenses, está en un área bulliciosa que la Patrulla Fronteriza ha visitado a menudo. La vía comercial de dos carriles está llena de restaurantes familiares que sirven birria y chilaquiles, y tiendas de ropa que exhiben camisetas de equipos deportivos mexicanos y vestidos blancos para fiestas de quinceañera, una celebración de mayoría de edad para niñas de 15 años en familias latinas.
Marchantes venden fruta en rodajas y cerámica desde vehículos estacionados. Las tonadas de música ranchera que se escuchan desde los autos y tiendas se suman a la atmósfera festiva, atrayendo a visitantes inmigrantes mexicanos de todo Chicago y más allá. Una familia de Waterloo, Iowa, mordisqueaba elotes untados con mayonesa y limón, y espolvoreados con queso cotija y chile en polvo en el puesto de la pareja bajo una llovizna fría.
Muchos de los amigos de la pareja no han salido en más de dos meses. Ese miedo ha provocado un esfuerzo comunitario para comprar todo a los vendedores ambulantes, permitiéndoles irse a casa temprano y evitar la exposición pública.
El tráfico peatonal en la Calle 26 es más animado que en muchas áreas comerciales de Chicago, incluso con las redadas migratorias. Está llena de barberías, tiendas de comestibles y otros negocios que tienen letreros en español e inglés exigiendo que las autoridades de inmigración se mantengan alejadas a menos que tengan una orden judicial.
La pareja conoce a personas que fueron arrestadas por agentes fuertemente armados que les preguntaron sobre su estatus legal: un vendedor de huevos aquí, un vendedor de tamales allá. Describieron el escozor del gas lacrimógeno liberado por agentes sobre manifestantes en el estacionamiento de un centro comercial el mes pasado.
Muchos inmigrantes, incluso algunos con estatus legal, son reacios a hablar con los periodistas, especialmente si son identificados por su nombre, temiendo que pueda llevar a la deportación. Herrera y Hernández dicen que están ansiosos por compartir su historia para fomentar la comprensión de lo que ocurre con la batida contra la inmigración emprendida por la administración Trump para llevar a cabo deportaciones masivas.
Herrera cruzó la frontera en 2004, y más tarde llegaron sus dos hijos, quienes ahora ya son adultos y viven en Chicago. Hernández hizo el viaje en 2005. Ambos pagaron a contrabandistas miles de dólares por trayectos de varios días por el desierto de Arizona. Conocidos los animaron a dirigirse a Chicago, el segundo destino en la lista estadounidense para inmigrantes mexicanos después de Los Ángeles.
Se conocieron trabajando en un restaurante mexicano en Little Village. Tienen dos hijos nacidos en Estados Unidos; el menor, de 10 años, habla poco español y ha estado en gran medida ajeno a la represión migratoria.
Pero su hija, de 16 años, teme más la detención prolongada de sus padres que la posibilidad de que sean deportados a México.
La pareja tomó una clase en el Ayuntamiento para obtener un certificado municipal para convertirse en vendedores de comida callejera y en 2027 compraron una casa por $39.000 que necesitaba reparaciones urgentes.
De 3 de la tarde a 9 de la noche entre semana sirven tacos y burritos desde un camión amarillo en el camino de tierra de su casa en Englewood, un barrio predominantemente negro y uno de los más pobres de Chicago. Alguna vez hogar de un próspero distrito comercial, partes del vecindario han caído en el abandono y se ven casas tapiadas. El crimen es persistente.
Los fines de semana van a Little Village, donde trabajan jornadas de 11 horas.
Han pensado en intentar obtener estatus legal, pero no tienen un caso sólido y tampoco les alcanza para un abogado. Obtuvieron licencias de conducir de Illinois. Dicen que pagaron impuestos, se mantuvieron fuera de problemas y, en general, vivían sin miedo a ser deportados.
“Chicago es bonito”, dijo Hernández. “A veces la delincuencia es bien difícil, pero Chicago es maravillosa. Hay muchas oportunidades para los que somos inmigrantes. Nos duele lo que está pasando”.
Las ventas de la pareja han caído un 75% desde que la administración Trump lanzó la “Operación Midway Blitz” en Chicago el 8 de septiembre, dijo Herrera. Como casi todos los que conocen, a sus teléfonos constantemente les llegan alertas sobre dónde los agentes de inmigración están haciendo arrestos y para mantenerse alejados.
Parece que las autoridades están arrestando a “todos”, dijo Hernández, a pesar de que la administración promete que está persiguiendo a “lo peor de lo peor”. Más del 70% de las personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el período de 12 meses hasta septiembre no habían sido condenadas por un delito en Estados Unidos.
Las autoridades federales dicen que están dando prioridad a los criminales, pero que cualquier persona que se encuentre en el país ilegalmente está sujeta a arresto. Eso incluye a los vendedores ambulantes, según Gregory Bovino, el agente de la Patrulla Fronteriza que lideró las ofensivas en Los Ángeles, Chicago y, ahora, en Charlotte, Carolina del Norte.
”¿Es correcto que esas personas socaven a las empresas estadounidenses?”, dijo Bovino, una presencia frecuente en Little Village, en una entrevista reciente. “Absolutamente no. Por eso tenemos leyes de inmigración en primer lugar”.
Los recuerdos de la pareja de cómo la pandemia de COVID-19 los mantuvo encerrados son un recordatorio para mantenerse activos, permitiendo solo pequeños ajustes. Hace poco, se dirigían a Little Village para comprar suministros para su negocio cuando llegó la noticia en las redes sociales de que Bovino estaba en el área haciendo arrestos. Decidieron comprar en otro vecindario.
Solo han ido a México una vez en más de 20 años, una visita familiar en 2012 que incluyó cruzar la frontera ilegalmente en Eagle Pass, Texas. Quieren quedarse en Chicago, pero dicen que están preparados para regresar a México si son arrestados. Llevarían a sus hijos estadounidenses con ellos.
“Ellos están espantados porque ya tienen una vida aquí. Tienen hijos. Incluso nosotros. A México no queremos ir. Pero si tenemos que ir, ¿qué hacemos?”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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