La ley HB 226 que contempla duras sanciones para migrantes reincidentes en Utah

Una nueva legislación aprobada en Utah, firmada por el gobernador republicano Spencer Cox el 25 de marzo de 2025 y en vigor desde el 7 de mayo, establece medidas más estrictas contra migrantes indocumentados que cometieron determinados delitos. A partir de ahora, tanto el sistema penitenciario estatal como las cárceles de los condados deberán intensificar la coordinación con las autoridades federales. Lo más llamativo es la presunción automática de riesgo de fuga en casos de extranjeros ilegales, lo que impacta directamente en su posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza.

En Utah: coordinación obligatoria con autoridades federales de inmigración

Uno de los ejes principales de la ley HB 226 es establecer un sistema obligatorio de comunicación entre las autoridades locales y las agencias federales, especialmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en relación con personas detenidas que no poseen estatus migratorio legal y que cumplieron una condena penal.

En específico, estas son algunos de los nuevos requerimientos de la ley:

• Los sheriffs de los condados deberán notificar al DHS o a la agencia correspondiente antes de liberar de una cárcel a cualquier persona indocumentada que haya cumplido condena por una felonía o por ciertos delitos menores de clase A. Esta comunicación deberá realizarse con suficiente antelación para facilitar una eventual transferencia de custodia al gobierno federal.
• Esta obligación también alcanza al Departamento de Correcciones del estado de Utah, que deberá alertar al DHS al menos cinco días hábiles antes de liberar a un preso con antecedentes similares.
• En ambos casos, se requerirá una coordinación efectiva para que el recluso quede bajo custodia federal al momento de salir de la institución carcelaria.
• Además, los reclusos sin estatus legal en Estados Unidos no podrán acceder a beneficios de transición o reinserción que sí están disponibles para otros presos, como la obtención de licencias de conducir o tarjetas de identificación del estado al finalizar su condena.

Presunción de riesgo de fuga y restricción de fianzas en Utah

Otra de las cláusulas más controvertidas de la nueva legislación tiene que ver con el sistema de fianzas y la manera en que se evalúa el riesgo procesal de los imputados que están en situación migratoria irregular.

A partir de la entrada en vigor de la ley, se establece una “presunción refutable” de que una persona que no está legalmente en los Estados Unidos constituye un riesgo de fuga. Esto significa que, al momento de decidir si un acusado puede ser liberado antes del juicio, el tribunal asumirá que el imputado tiene altas probabilidades de huir, salvo que este presente pruebas convincentes en contrario.

Esta presunción no implica una sentencia automática, pero sí complica significativamente el acceso a la libertad bajo palabra o bajo caución.

La ley aclara que esta presunción se aplica tanto en casos de delitos graves como en determinados incidentes de conducción bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés), siempre que el estatus migratorio no pueda ser comprobado.

Según el texto oficial, esta medida busca garantizar que los acusados estén presentes durante el proceso judicial.

Nuevas obligaciones para los sheriffs de Utah

Los jefes de las cárceles en los condados de Utah también tienen nuevas responsabilidades bajo esta ley, tanto al momento del ingreso de una persona como al considerarse su liberación.

• Cuando una persona es arrestada por una felonía o por conducir bajo los efectos de sustancias, el personal de la cárcel debe hacer “esfuerzos razonables” para determinar su estatus migratorio.
• Si no se puede comprobar que la persona fue admitida legalmente en Estados Unidos, se debe contactar al Centro de Apoyo a las Fuerzas del Orden del DHS o a otra agencia federal autorizada, y notificar si el estatus sigue sin poder ser verificado en las siguientes 48 horas.
• En caso de liberación bajo reconocimiento propio —es decir, sin necesidad de pagar fianza—, los alguaciles deberán seguir una política escrita que tenga en cuenta factores como el estatus migratorio del detenido.

Esta combinación de medidas apunta a restringir el margen de acción de los jefes policiales a la hora de liberar a personas detenidas con antecedentes migratorios irregulares, y refuerza la función del estado como primer filtro en materia de inmigración.

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