Adiós a la ciudadanía americana: los cinco casos en los que el DOJ opta por revocarla

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) aclaró, a través de un memorándum, que la ciudadanía estadounidense de un migrante puede ser revocada en determinadas circunstancias. En particular, son cinco los escenarios específicos en los que una persona naturalizada podría perder su estatus como ciudadano.

¿Cuándo se puede perder la ciudadanía de Estados Unidos?

Según el mencionado documento, publicado el 11 de junio, el DOJ tiene a potestad para iniciar procedimientos civiles con el fin de revocar la ciudadanía estadounidense de una persona “fue adquirida de manera ilegal”. Esta definición incluye fraude, declaraciones falsas intencionales u ocultamiento de hechos materiales.

De esta manera, el objetivo del DOJ es impedir que personas peligrosas usen su ciudadanía para circular o permanecer en Estados Unidos. Entre los ejemplos se encuentran:

• Terroristas
• Criminales
• Individuos con vínculos con organizaciones ilegales

Los cinco casos en los que se puede revocar la ciudadanía

El memorándum del DOJ enumera cinco supuestos en los que la desnaturalización es posible:

• Crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos: incluye tortura, ejecuciones extrajudiciales u otros abusos graves.
• Delitos graves no declarados durante el proceso de naturalización: abarca desde violencia hasta fraude o delitos sexuales.
• Participación en pandillas, cárteles u organizaciones criminales: aplica para quienes promueven o colaboran con redes transnacionales.
• Vínculos con terrorismo o espionaje: incluye exportación ilegal de tecnología o información sensible.
• Corrupción o fraude en el proceso de naturalización: implica declaraciones falsas o sobornos.

Categorías prioritarias del DOJ para la desnaturalización

El informe establece diez categorías prioritarias para los casos de revocación de la ciudadanía. Entre ellas, se destacan:

• Casos contra individuos que representan un peligro potencial para la seguridad nacional, incluyendo aquellos con nexos con terrorismo, espionaje o exportación ilegal de bienes, tecnología o información sensible.
• Casos contra individuos que participaron en tortura, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos.
• Casos contra individuos que promovieron o promueven la empresa ilegal de pandillas criminales, organizaciones criminales transnacionales y cárteles de drogas.
• Casos contra individuos que cometieron delitos graves que no fueron revelados durante el proceso de naturalización.
• Casos contra individuos que cometieron tráfico de personas, delitos sexuales o crímenes violentos.
• Casos contra individuos que participaron en diversas formas de fraude financiero contra los Estados Unidos (incluyendo fraude de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago y fraude de Medicaid/Medicare).
• Casos contra individuos que cometieron fraude contra individuos privados, fondos o corporaciones.
• Casos contra individuos que adquirieron la naturalización mediante corrupción gubernamental, fraude o declaraciones falsas materiales.
• Casos remitidos por una Oficina del Fiscal de los Estados Unidos o en relación con cargos penales pendientes, si esos cargos no encajan dentro de una de las otras prioridades
• Cualquier otro caso remitido a la División Civil que se considere suficientemente importante para perseguir

El gobierno mantiene la discrecionalidad sobre los casos

Por otro lado, el DOJ aclara que la lista de categorías no implica un orden jerárquico, sino que sirve como guía para la División Civil, que evalúa qué casos vale la pena perseguir.

El gobierno conserva la discreción de actuar incluso fuera de estas categorías si lo considera pertinente. “La asignación de casos de desnaturalización puede realizarse entre secciones o unidades en función de la experiencia, la especialización en la materia y las necesidades generales de la División Civil“, indica el DOJ.

En el memorándum también se describen otros objetivos de política de la Administración Trump, entre los que se encuentran:

• Combate a las prácticas y políticas discriminatorias.
• Poner fin al antisemitismo.
• Protección de mujeres y niños.
• Poner fin a las jurisdicciones santuario.

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