Qué significa la norma de carga pública que el Uscis ya aplica en miles de solicitudes migratorias

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicar desde el 18 de septiembre una actualización de los criterios utilizados para determinar la inadmisibilidad por “carga pública”. Esta medida alcanza principalmente a quienes solicitan un ajuste de estatus migratorio para obtener la residencia permanente.

La base legal de la nueva normativa se encuentra en la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Bajo esta disposición, una persona puede ser considerada inadmisible si, tras evaluar la totalidad de sus circunstancias, las autoridades concluyen que probablemente se convertirá en una carga pública en algún momento.

La evaluación no se limita a revisar si el solicitante recibió asistencia pública. El Uscis debe analizar el conjunto de las circunstancias y realizar una valoración orientada hacia el futuro. Entre los elementos obligatorios figuran:

• Edad: puede influir en la capacidad laboral o en la disponibilidad de recursos para la jubilación.
• Salud: se utilizará la información correspondiente a los exámenes médicos de inmigración.
• Situación familiar: la composición del hogar permitirá valorar las necesidades económicas de la familia.
• Activos y recursos financieros: los ingresos, propiedades, ahorros, inversiones y deudas servirán para establecer la situación financiera.
• Educación y habilidades: títulos académicos, certificaciones profesionales, licencias, capacitación laboral, cartas de recomendación y documentación sobre experiencia profesional pueden aportar información sobre la capacidad de incorporarse al mercado laboral.

El tratamiento de las ayudas públicas cambia según la fecha en que fueron recibidas. Para beneficios anteriores al 18 de septiembre, el análisis se concentra en asistencia económica en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos y en institucionalización prolongada financiada por el gobierno.

Para beneficios solicitados, aprobados, certificados o recibidos desde el 18 de septiembre, la evaluación se amplía a programas sujetos a comprobación de recursos. Entre ellos aparecen:

• Medicaid.
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).
• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
• Asistencia federal para alquiler.
• Determinadas ayudas económicas destinadas a estudios posteriores a la educación secundaria.

Por otra parte, prestaciones obtenidas mediante aportes o trabajo, como Medicare, Seguro Social y Seguro de Desempleo, quedan fuera de este criterio. Asimismo, la recepción de ayudas no se atribuye automáticamente a una persona cuando corresponde a otro integrante de la familia.

La información del Uscis establece que los beneficios de familiares, incluidos hijos ciudadanos, no se imputan directamente al solicitante salvo determinadas circunstancias relacionadas con su sustento.

En determinados casos, el Uscis puede ofrecer una alternativa mediante una fianza de carga pública. Esto puede ocurrir cuando el solicitante es inadmisible únicamente por la causal de carga pública y cumple los restantes requisitos de admisibilidad.

La fianza se tramita mediante el formulario I-945 y no puede presentarse por iniciativa del solicitante. La agencia debe invitar expresamente a utilizar este mecanismo a través de una notificación de intención de denegación.

El monto parte de un mínimo legal de US$1000 y se determina al considerar los beneficios públicos que la persona podría recibir durante cinco años. Según los valores incluidos en la información oficial, las cifras de referencia pueden ubicarse entre US$28.200 y US$53.430 o más.

El formulario I-485 es uno de los documentos centrales porque la nueva guía se aplica a las solicitudes enviadas electrónicamente o con matasellos a partir del 18 de septiembre. Allí se incorpora información necesaria para valorar los distintos factores de carga pública.

Los formularios I-864 o I-864EZ son necesarios en la mayoría de los casos basados en peticiones familiares y en determinadas solicitudes laborales. El patrocinador debe demostrar ingresos de al menos el 125% del nivel federal de pobreza. Una declaración jurada de patrocinio insuficiente puede generar inadmisibilidad.

También existen otros formularios vinculados con este procedimiento:

• El I-356 permite solicitar la cancelación de una fianza.
• El I-693 aporta información del examen médico.
• En determinados procedimientos pueden intervenir además el I-407, utilizado por quienes renuncian voluntariamente a la residencia permanente desde el extranjero.
• También puede ser necesario el I-290B, que se utiliza cuando un fiador o solicitante desea apelar una declaración de incumplimiento o pérdida de fianza realizada por el Uscis.

La evaluación de carga pública no se aplica a determinadas categorías protegidas por disposiciones migratorias específicas. Entre ellas se encuentran:

• Asilados y refugiados.
• Víctimas de trata con visa T.
• Víctimas de determinados delitos con visa U.
• Autopeticionarios bajo VAWA.
• Algunos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
• Beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano.

Por lo tanto, la aplicación de la norma depende tanto del tipo de trámite como de la categoría migratoria del solicitante.