El FGS no es un fondo, no garantiza y no es sustentable

Entre 2007 y 2008, los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, establecieron las reglas que terminaron con el sistema jubilatorio de capitalización creado en 1993.

En el marco de ese cambio institucional se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al que se le traspasaron los activos acumulados con el ahorro que cada trabajador formal hacía con una proporción de sus salarios que, hasta ese momento, administraban las AFJP públicas y privadas,

En la práctica, el traspaso de estos activos (Bonos del Estado, acciones e instrumentos de empresas privadas) constituyó una expropiación encubierta de los saldos de las cuentas individuales de los trabajadores -incluyendo aportes voluntarios extraordinarios, que en muchos casos nunca fueron devueltos a sus dueños-.

Fue directamente una expropiación, porque todos esos activos financieros pasaron a un pozo común, y dejaron de estar individualizados a nombre de cada aportante. Lo que cada uno de nosotros había ahorrado para su futura jubilación pasó al Estado.

Además, con la desaparición de las AFJP, los flujos mensuales obligatorios de los asalariados, se convirtieron, automáticamente, en un impuesto para financiar el sistema de seguridad social en cada momento.

Hubo una expropiación del stock, cada trabajador perdió todo el ahorro que había acumulado, mientras el flujo se transformó en un impuesto.

El argumento que se utilizó en ese momento se vinculó con el “costo de las comisiones de las AFJP que se dedicaban a comprar títulos públicos”. -ignorando que el costo también incluía un seguro de vida-.

Es cierto que el sistema de las AFJP requería cambios para bajar sus costos y diseñar un aporte complementario para mejorar el monto del retiro de los trabajadores de menores ingresos.

Hasta se pudo, si se hubiera querido hacer un cambio de régimen estatizante, pasar las cuentas individuales de cada trabajador a una sola AFJP pública -de hecho, había varias administradas por Bancos Públicos- sin expropiar los ahorros, y manteniendo el ahorro obligatorio mensual.

Pero la razón real del cambio de régimen fue quedarse con los flujos nuevos y con esos activos, para armar un sistema jubilatorio de reparto estatal sin ninguna base actuarial seria.

El mayor pecado de estos años, es que la supuesta renta de esa apropiación y ese nuevo impuesto, no fue utilizado para cerrar el déficit previsional. Por el contrario, aumentó el gasto y el déficit.

Ahora, con un sistema en crisis, la política se acuerda del FGS que, insistimos, no es un Fondo, no garantiza nada y no hace sustentable el régimen jubilatorio actual.

No es un Fondo, porque el sistema jubilatorio nacional es deficitario. En 2022 hubo que cubrir el 35% aproximadamente del gasto previsional con la recaudación de impuestos generales y no con los aportes personales y las contribuciones patronales. Es un Fondo que no acumula ahorros previsionales. No garantiza nada, porque el 80% de ese Fondo son títulos públicos de un Estado insolvente que tiene déficit operativo y déficit financiero, de manera que, si mañana debieran venderse esos títulos para pagar jubilaciones y pensiones en una emergencia, el precio de esos títulos se desplomaría. Por último, ya se sabe que el sistema jubilatorio argentino, no es sustentable. Por su diseño no actuarial, por el grado de informalidad en el mercado de trabajo, porque termina siendo una redistribución entre los mismos jubilados y porque más de un tercio de su gasto se financia por fuera del sistema, mientras la inflación resultante termina afectando a los propios jubilados.

Toda operación de canje de deuda, es una decisión legítima de administración de pasivos. Pero el canje que propone el Gobierno Nacional, consiste en cambiar papelitos de un deudor insolvente. Es entregar un perro de un millón de dólares, a cambio de dos gatos de 500 mil pesos indexados al dólar o a la inflación.

La Argentina necesita un nuevo régimen jubilatorio, con cálculo actuarial, diferenciando a quienes pagan el impuesto a la jubilación de quien no ha hecho aportes. Terminar con las moratorias, pagando una mejor pensión universal al adulto mayor. Revisando los regímenes especiales, las cajas provinciales, los dobles o triples beneficios, etc. etc.

Con un Estado que recupere la solvencia de largo plazo con un programa integral, lo razonable sería ajustar las jubilaciones con la inflación presupuestada y revisar periódicamente los eventuales desvíos y transformar el FGS, ahora con un Estado sin déficit, en un título público de largo plazo, con el mismo ajuste, y cubriendo un período determinado de los compromisos de pago, solo para casos de emergencia recaudatoria.

Es esta reforma de fondo la que hay que poner sobre la mesa, lejos de la ideología, los juzgados y las chicanas, y cerca de una nueva macroeconomía y otra organización económica.

La verdadera garantía para los jubilados será vivir en un país sin inflación, y con el sector privado invirtiendo y generando empleo de calidad.

Lamentablemente, el debate sobre el FGS llegó 16 años tarde.

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