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Justicia por mano propia en calles sin ley
La reacción de vecinos de Rosario contra un joven de 18 años tras un robo tuvo réplicas que muestran una violencia social que crece ante un Estado impotente
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LA NACIONCarolina Arenes
Tal vez en el barrio Azcuénaga de Rosario, donde hace unos días una turba enardecida asesinó a David Daniel Moreira –18 años, supuesto ladrón de una cartera–, hoy haya algunos vecinos acongojados. Ojalá. Ojalá que alguno de ellos , por su propio bien y por el nuestro , se mire las manos con vergüenza y le cueste convivir con el recuerdo de lo que hizo.
La foto es estremecedora. No sólo por el muchacho tirado en medio de la calle, la cabeza herida ladeada hacia un costado, la sangre. Estremece la expresión casi indiferente de las personas que miran, sentadas sobre el cordón de la vereda. Eso, y saber que no hubo otros vecinos que llevaran cordura , que se atrevieran a frenar la paliza fatal. Como si el deterioro social que produce la exclusión, el miedo y la violencia se hubieran incorporado a la realidad cotidiana como un dato más: un colectivo que pasa, el verdulero, chicos que salen a pedir o a trabajar, otros que van a la escuela, muchachos sin rumbo a la buena de dios, un transa, la señora con el changuito, un robo, vecinos descontrolados, un muerto tirado en mitad de la calle, la ciudad sin ley.
"Si creyeron que robó, lo tendrían que haber llevado a la comisaría", dice la madre desconsolada, con la sensatez de esas primeras lecciones escolares que siempre es bueno volver a recordar. Sin embargo, en la base de los crímenes cometidos por venganza contra un supuesto delincuente está siempre la desconfianza en la actuación policial, según confirman los estudios sobre el fenómeno de la justicia por mano propia, un delito de baja frecuencia en la Argentina.
Pero la alarma se enciende cuando los casos se repiten. En la misma semana en que los vecinos de Azcuénaga se declaraban en zona liberada y daban rienda suelta a su asesino interior disfrazado de justiciero, se repetían en distintos lugares de Rosario palizas contra supuestos ladrones y, en Palermo, los vecinos del barrio casi linchan ayer a un motochorro pescado in fragantti. Después llegaron noticias de Río Negro, de Junín, de Rosario otra vez. Coincidencias fortuitas, quizás, o el peligro del efecto contagio.
Aunque tampoco habría que perder de vista que en esa misma semana en que fue atacado y murió David Daniel Moreira otras imágenes mostraron hasta dónde están llegando las cosas: el traslado de un preso en el contexto de la narcoinvestigación en Rosario requirió de un grupo de elite penitenciario que se trasladó en camionetas especiales, a cara cubierta y con armas largas (¿o era un fotograma de la miniserie Pablo Escobar, el patrón del mal?). El preso en cuestión era un policía involucrado en un plan para matar a un juez y a un fiscal. También los tiros contra la casa del gobernador de Santa Fe provenían de filas policiales.
Si la confianza en la policía es valla de contención para que no actuemos como hordas primitivas, tal vez no sea tan raro que estos episodios empiecen a aparecer en Rosario, acosada como está por el avance narco, que succiona voluntades y deja a la intemperie a los ciudadanos, sin protección del Estado y sin ley, el marco civilizatorio que nos ampara de nuestras peores pulsiones humanas. O los deja a merced de vecinos voluntaristas que le disputan al Estado el monopolio legítimo en el uso de la violencia. Como los linchadores del barrio Azcuénaga. O como los más organizados comuneros de Michoacán y Guerrero, muy cerca de Ciudad de México, que crearon autodefensas ciudadanas para enfrentar a los grupos criminales que todos los días les ganan la pulseada a las fuerzas de seguridad. En esos distritos hoy hay zonas donde el Estado, como un anciano derrotado e impotente, sufre la humillación de tener que pedir autorización a los vecinos para poder circular.
Todavía no llegamos a tanto, pero hay signos que inquietan. El viernes 21, un día antes de que fuera asesinado David Daniel Moreira, el portal Rosario3.com había publicado una nota con este título: "Cuatro pibes armaron una «patrulla comunitaria» en barrio Azcuénaga". El barrio donde mataron a David. Acompañan a los vecinos cuando entran y sacan el auto, cuando vuelven de trabajar o esperan el colectivo, y portan armas. Según cuenta la nota, también tienen pensado blanquear sus servicios ante el Concejo Municipal. Tras la paliza, los exponentes violentos del barrio encontraron otros canales donde volcar su furia: "Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas, vi vecinos quemándolo con cigarrillos, ojalá alguno le hubiera cortado las manos", pudo leerse (hasta que lo borraron) en el grupo de Facebook "Indignados Barrio Azcuénaga".
La calle donde se lincha a un ladrón puede pensarse en espejo con la gran autopista digital, en donde a diario se linchan las leyes que se dice defender y hasta los pilares del Estado de Derecho. "Justicia por mano propia, extermino de ratas y linchamientos comunitarios es la única opción ante la justicia cuadripléjica", decía otro post subido a un prestigioso diario. Hay quienes minimizan el poder de influencia de esas voces desatadas y rayanas en la apología del delito que circulan por los foros online, como si ése fuera el corralito donde se permite pastar a los monstruos que llevamos adentro, total son inofensivos, sólo juegan con palabras, no con armas. El riesgo es que esos llamados de guerra encuentren eco en coberturas periodísticas irresponsables que amplifiquen un consenso social capaz de avalar cualquier cosa para defenderse de la inseguridad creciente.
"Siento una gran impotencia. Quiero creer en la Justicia. Que esto no quede en la nada como un caso más y que se busque a los responsables", dice la madre de David Daniel Moreira. Como cualquier otra víctima de cualquier otro delito, la madre interpela al Estado. El Estado veleta que se achica o se vuelve elefante según soplen los vientos o saca pecho en defensa de las buenas causas mientras convive promiscuo con los corruptos que lo dejan sin fuerza, o se distrae y se diluye hasta que las calles parecen tierra de nadie en las narices de la gran ciudad civilizatoria y civilizada.
"Como sociedad, retrocedimos 2000 años", dice un concejal peronista, y reclama que se declare la emergencia en seguridad pública en Rosario porque el socialismo, dice, bajó la guardia y los resultados están a la vista. "Los vecinos lo hacen porque hay un Estado ausente", se sumó ayer Sergio Massa. Puede ser. Son algunas de las conclusiones posibles. Pero lo peor que podría pasarnos es que tragedias como éstas se conviertan en el plato de donde come el oportunismo político. La situación de las barriadas rosarinas –pobreza, exclusión, penetración del narcotráfico, connivencia policial y política con el delito, juventud sin trabajo, estudio ni horizontes, violencia cotidiana, presencia intermitente del Estado– no es exclusividad de esa ciudad santafecina, tierra de socialistas. Que alguien le haga llegar al peronismo que gobierna Buenos Aires un ejemplar de La violencia en los márgenes, el libro en el que Javier Auyero y María Fernanda Berti desnudan los estragos que causan la pobreza y la falta de políticas públicas en el barrio Ingeniero Budge, de Lomas de Zamora, donde la violencia y el delito vinculado a las drogas crecieron exponencialmente en los últimos años. Auyero ha dicho que estos lugares se están convirtiendo en fábricas de violencia y que, en los sectores populares, el mismo Estado que interviene es el que produce delito.
Es decir, el problema no es sólo que el Estado a veces está ausente. Lo grave es que incluso cuando está presente enseña que aceptar los límites que marca la ley es sólo para los giles o los tibios. La tragedia ferroviaria de Once, las inundaciones fatales de La Plata, el crecimiento del narcotráfico en Rosario o los policías que entran en el negocio de la droga en Ingeniero Budge no dicen que el Estado está ausente, dicen que está presente así, al margen de las normas. Y es esa anomia el ejemplo que gotea y está inundando las calles.
