A días de las elecciones, el 53% de los hogares declara que no llega a fin de mes y casi el 58% contrajo deudas
Los datos surgen de una encuesta de la consultora Escenarios; baja expectativa por una recuperación económica y fuerte desconfianza hacia la dirigencia política vinculada a la corrupción
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LA NACION
El próximo 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei plebiscitará su gestión en unos comicios nacionales en los que se pondrán en juego 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. El reordenamiento económico, una de las principales banderas que llevó a La Libertad Avanza a la presidencia en 2023, hoy pareciera imponerles un desafío. Sucede que más de un 50% de los hogares no llega a fin de mes.
El dato surge de un relevamiento realizado por la consultora Escenarios, dirigida por Federico Zapata y Pablo Touzón, a principios de octubre sobre una muestra de 1404 casos. El estudio reveló que el 53,04% de los encuestados tiene ingresos mensuales insuficientes, mientras que otro 30,30% llega a fin de mes “con lo justo”.
La insuficiencia de los ingresos tiene dos contracaras: por un lado, el achicamiento de gastos y, por otro, el endeudamiento de las familias. Los resultados de la encuesta muestran que el 46,26% de los hogares ha tenido que restringir “mucho” su consumo en el último año mientras que el 37,59% se ha “ajustado un poco”. Solo un 16,10% reconoce no haber hecho cambios, una proporción similar a la de quienes afirman tener “ingresos suficientes” y capacidad de ahorro.
En cuanto a endeudamiento, el 57,94% declaró haber incurrido en algún tipo de deuda y el 41,03% tiene dificultades para cubrirla o, directamente, no puede hacerlo.
Las expectativas de la sociedad tampoco parecen ser prometedoras: alrededor del 55% de la población cree que la situación económica del país empeorará en el próximo año. Se trata de una proporción mucho más elevada que la de diciembre de 2023, cuando recién asumía la presidencia Milei y solo el 31,48% auguraba un declive. Hay, de todos modos, un dato alentador: mientras a fines de la gestión de Alberto Fernández, más de un 80% calificaba como “mala” la coyuntura económica, actualmente esa cifra no supera el 60%.
Al desafío económico se suma otro factor: el 69,84% de los encuestados cree que todas o la mayoría de las figuras de la administración nacional están involucradas en casos de corrupción. El escándalo por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y los vínculos del excandidato libertario José Luis Espert con Federico “Fred” Machado, asociado al narcotráfico, habrían abonado esta hipótesis.
La proporción es más baja en lo que refiere a dirigentes de la oposición, aunque continúa siendo bastante elevada: casi el 60% cree que todos o muchos de ellos son corruptos. Quizás por ello, el 45,92% de los consultados no tenga “nada de confianza” en el Poder Legislativo.
En tanto, la desconfianza absoluta en el Ejecutivo se ubica en el 54,92% y, en el caso del Poder Judicial, trepa al 65,88%. Esta última es la institución que genera mayor desconfianza en la ciudadanía argentina, seguida por los sindicatos (59,29%) y, en cuarto lugar, las cámaras empresariales (53,76%).
Todos estos factores podrían explicar porque, pese a que alrededor del 75% de la ciudadanía elige la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno, solo el 26,50% se encuentra satisfecho o muy satisfecho con su funcionamiento en la Argentina. El 71,76% presenta distinto grado de descontento.
Y, en este clima de malestar generalizado, una minoría del 31,42% se muestra abierto a la llegada de un gobierno no democrático si, de ese modo, se resolviera la inseguridad y se ordenara la economía. El apoyo supera el 45% entre personas mayores de 75 años y entre sectores con un nivel educativo bajo.
A pocos días de las elecciones, la encuesta revela también que el oficialismo aún conserva considerable apoyo sobre una de sus principales premisas: el 48,94% de los encuestados coincide en que “el Estado casi siempre es despilfarrador e ineficiente”. Sin embargo, casi un 53% defiende el gasto público en planes sociales, el 70,73% rechaza el recorte de fondos para obra pública y el 66,79% se opone a la privatización de empresas estatales.
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