A dos semanas del anuncio, Camioneros ya no realiza operativos de control de precios
Un vocero del sindicato de los Moyano aseguró que sólo “hay inspecciones cuando los pide la Secretaría de Comercio”; la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio negaron la existencia de operativos e intervención gremial
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Dos semanas después de ponerse en marcha, la decisión del Gobierno de darle intervención al gremio de Camioneros en el control de precios en supermercados y centros de logística ya no se ejecuta. La medida que tomaron el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, no satisfizo a ninguna de las partes involucradas.
“Todos los ciudadanos pueden controlar precios”, afirman desde el sindicato que encabezan Hugo y Pablo Moyano, pero los operativos parecen haber durado solo una semana. “Pasaron diez días ya. No hay mecanismos, están todos de vacaciones. Hay controles cada vez que los pide la secretaría de Comercio”, advirtió un vocero de Camioneros a LA NACION.
“Camioneros salió a acompañar a la Secretaría de Comercio. ¿Qué es lo grave? Hacer que bajen los precios. Tenés gente de la Secretaría y de la empresa que acompaña. No hay un secreto. Camioneros no escondió nada. Los otros gremios también salen a controlar precios. Hay 17 organizaciones que están ayudando”, añadió la fuente.
Mientras tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, descartó que se estén desarrollando operativos de control en los centros de distribución. “En la industria de alimentos y bebidas no se han producido”, sostuvo en diálogo con LA NACION. Y agregó: “Consideramos que estas tareas corresponden al Estado, como una de sus funciones indelegables. Sea el sindicato que sea”.
La Cámara de Comercio, sin información
“Tuvimos tiempo atrás una audiencia con el secretario Tombolini. En ese encuentro no se mencionó la posibilidad de este tipo de operativos de control de precios con participación de gremios y movimientos sociales”, explicó a LA NACION el presidente de la Cámara de Comercio Argentina, Mario Natalio Grinman.
Grinman descartó que existan “maniobras especulativas de acaparamiento” (el principal argumento de Pablo Moyano para intervenir las góndolas). “Eventuales faltantes se generan simplemente por una demanda por parte de los consumidores, que no logra ser satisfecha por los volúmenes de oferta que suministran las empresas proveedoras”, agregó Grinman.
Lo cierto es que el programa Precios Justos lanzado por Massa para regular más de 1400 productos habría logrado una leve desaceleración de la inflación al menos durante el primer mes, pero la decisión de que los camioneros se pongan al frente de los controles despertó tensiones en sectores clave de la producción. Incluso derivó en una denuncia penal por “amedrentamiento y apriete”, según señaló la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien radicó la demanda.
Al intentar defender este grupo -que en varias ocasiones fue tildado de paraestatal-, Pablo Moyano sostuvo: “Nosotros somos los que movilizamos toneladas diarias de alimentos y podemos controlar la salida de los camiones de los centros de distribución. Tenemos que colaborar para que no ocurra la especulación, que no escondan la mercadería”.
El argumento que el Gobierno y Camioneros plantearon sobre la puesta en marcha de esta decisión es una presunta reunión que se habría llevado a cabo hace casi un mes, junto con supermercadistas. Ante la consulta de LA NACION, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a las empresas, lo descartó “rotundamente”.
El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, salió en defensa de Massa y Tombolini. Aseguró que no hay un “control”, sino un “relevamiento de precios” en los comercios. “Lo más importante es si se cumplen o no los acuerdos, porque estamos tratando la defensa del salario real”, aseveró en una entrevista con radio La 990.
El acuerdo al que hace referencia De Mendiguren es con los municipios, cuya participación fue plasmada de manera oficial. Los inspectores de las intendencias hacen una auditoría de precios y stock y se quedan un porcentaje del monto de las sanciones: 30%. Sin embargo, ningún acuerdo oficial menciona a Camioneros u otro gremio o movimiento social.
Ante la consulta de LA NACION, desde el Gobierno admitieron que esta forma de control no cuenta con un marco legal específico, no fue incluida en los acuerdos escritos y voluntarios firmados con las empresas, ni tampoco fue resuelta formalmente con los sindicatos. Ocurrió de palabra y sin un canal institucional.
El control de precios es un mecanismo que el Gobierno supo implementar en más de una ocasión, pero que nunca logró detener la inflación. En 2021, con el anuncio de los “precios congelados”, el Ministerio de Economía instó a los intendentes bonaerenses a que intervengan en las góndolas para cerciorarse de que no hubiera desabastecimiento ni aumentos excedidos. En ese momento la Secretaría de Comercio estaba a cargo de Roberto Feletti y, a pesar de los intentos, la inflación anual fue del 50,9%. Al igual que ahora, la medida se convirtió en un foco de tensión con el sector empresario y el comercio interior.
Sólo una organización social sigue relevando precios
El movimiento popular “La Dignidad” es la única agrupación que parece continuar con las inspecciones. Comandados por Rafael Klejzer, iniciaron el lunes pasado un recorrido por supermercados con el fin de registrar a los comercios “cumplidores” e “incumplidores. Asimismo, apuntaron las zonas con mayor y menor desabastecimiento durante los últimos cuatro días y difundieron sus estadísticas en redes sociales.
“Finalizamos la primera semana del control de Precios del programa Precios Justos. Ponemos el ojo en las empresas productoras de alimentos”, señaló Klejzer en este sentido.
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