Human Rights Watch reclamó por la legalización del aborto y advirtió que existen "barreras infranqueables" incluso cuando se dan las causales autorizadas

Una concentración en el Congreso a favor de la legalización del aborto.
Una concentración en el Congreso a favor de la legalización del aborto. Crédito: Sandra Rodríguez
Rafael Mathus Ruiz
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31 de agosto de 2020  • 14:08

WASHINGTON.- En septiembre de 2019, Leticia H., de 19 años, fue a un hospital público en el norte de la Argentina para interrumpir un embarazo producto de una violación. En el hospital le negaron el aborto valiéndose de una práctica informal, que carece de fundamento legal: solo se realizan abortos hasta la semana 16 del embarazo, le indicaron. Leticia llevaba 17 semanas embarazada, y al final tomó medicamentos para inducir el aborto por su cuenta. Cuando se sintió mal, fue a un hospital, donde debió esperar dos horas para ser atendida. Sufrió una hemorragia, y se desmayó varias veces en el pasillo de la sala de urgencias.

Este fue uno de los casos que investigó la organización de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), en una investigación para evaluar las condiciones en las cuales las mujeres pueden abortar en la Argentina. La organización concluyó que, aun bajo las circunstancias autorizadas por la ley, el acceso al aborto es "sumamente restrictivo", y existen "barreras infranqueables" para las mujeres.

La investigación, que se realizó a fines del año último, redundó en un informe de 86 páginas, titulado "Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en la Argentina". La organización pidió al gobierno de Alberto Fernández y el Congreso que avancen con la legalización del aborto para proteger "derechos fundamentales" de mujeres y niñas. Fernández prometió impulsar un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto luego del rechazo en el Senado al proyecto que se discutió en 2018, que generó una fuerte movilización, a favor y en contra de la legalización, y marchas identificadas con pañuelos verdes o celestes. Los casos investigados en el informe ocurrieron luego de que el Congreso votó en contra de la legalización.

"Desde que el Senado argentino rechazó, por un pequeño margen, el proyecto de ley de 2018, miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas", expresó en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

La pandemia de Covid-19 y la cuarentena impuesta por el gobierno nacional para detener la propagación del nuevo coronavirus exacerbaron las restricciones al acceso de los servicios de salud reproductiva, indicó HRW.

El informe -el tercero de HRW, luego de uno de 2005 y otro en 2010- recordó que en la Argentina se aplica desde hace casi un siglo un "modelo de causales" establecido en el artículo 86 del Código Penal de 1921, que criminaliza el aborto en casi todos los supuestos, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo.

Pero el informe documentó casos en los cuales mujeres enfrentan "numerosos obstáculos" para acceder a un aborto legal. Algunas de estas barreras son la falta de información pública sobre el alcance de las causales para acceder al aborto; restricciones impuestas por centros de salud, o tiempos de espera arbitrarios; médicos que exigen ilegalmente la presentación de denuncias policiales o de órdenes judiciales para realizar el aborto en casos de violación; la falta de acceso a métodos seguros de aborto; falta de centros de salud, o la invocación de la objeción de conciencia.

HRW puntualizó además que "solamente la mitad de las mujeres que utilizan anticonceptivos los obtienen de manera gratuita a través del sistema de salud público". Y la organización documentó "cinco casos en diferentes provincias de mujeres que solicitaron abortos legales y se encontraron con que los centros de salud imponían límites arbitrarios basados en las semanas de gestación", indica el informe.

Para la realización del trabajo, HRW entrevistó a 30 personas entre noviembre y diciembre de 2019, incluyendo mujeres y niñas que habían intentado acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, profesionales de la salud, abogadas y activistas que acompañan a quienes procuran acceder a abortos, en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

"La conclusión central del informe es que lo más llamativo, sobre todo a nivel regional, es que el modelo de causales no funciona en la práctica. Las barreras no son nuevas, y que quisimos poner énfasis en casos que ocurrieron desde 2018 par mostrar que, si se hubiera despenalizado el aborto, no habrían ocurrido. Son mujeres que no deberían haber enfrentando esas barreras", dijo a LA NACION Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW.

Taraciuk también remarcó que la legislación restrictiva tampoco impide que las mujeres aborten.

"Los abortos ocurren, de manera insegura, y obliga a las mujeres a buscar procedimientos clandestinos, en condiciones de riesgo para la vida y la salud. La clandestinidad afecta a las mujeres de menores recursos en zonas rurales. Quien puede pagar, tiene acceso a un aborto seguro", puntualizó. "Es una agenda pendiente, urgente, y esperamos que se dé el debate", agregó Taraciuk.

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