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El caso de los audios | La Justicia ya trabaja para bajar la información de los teléfonos secuestrados: solo Garbellini aportó su clave
A Spagnuolo le revisarán dos celulares; también buscan abrir el de Emmanuel Kovalivker, de última generación; todos ellos son investigados en la causa por supuestas coimas en el área de Discapacidad
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La justicia federal inició el proceso de apertura de los teléfonos secuestrados el viernes en la causa que investiga supuestos pagos de coimas en la Agencia de Discapacidad (Andis).
Dos de los teléfonos bajo investigación corresponden a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que fue encontrado por la policía el viernes en su casa de Pilar. Uno lo tenía con él en el auto en el que se estaba yendo; el otro, en un vehículo que estaba estacionado en su casa.
Otro de los teléfonos corresponde a Daniel Garbellini, funcionario de la Andis sospechado de haber cobrado sobornos (que fue el único que aportó la clave para abrir su celular), y el tercero, al empresario Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, a quien le secuestraron un Samsung de última tecnología que podría ser difícil de abrir.
“Los celulares en las causas de corrupción administrativa son como un tesoro”, dijo uno de los investigadores del caso a LA NACION.
A Spagnuolo le allanaron el domicilio, le requisaron los autos y le secuestraron -además de los teléfonos- documentos y una máquina de contar billetes, cuando estaba a punto de irse en su camioneta Nivus de su casa del barrio Altos de Campo Grande.
También fue allanado Garbellini, que era el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis.
El fiscal federal Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación, busca acreditar si se pagaron sobornos en el área que Spagnuolo tenía bajo su mando.
Mientras la Justicia avanza, desde la Casa Rosada buscan instalar que es todo una “operación” armada para perjudicar al oficialismo en las próximas elecciones.
La velocidad de los allanamientos y la apertura de los teléfonos muestran que la Justicia quiere darle rapidez a la investigación del caso, que generó conmoción en el gobierno de Javier Milei. La idea es preservar la prueba antes de que pudiera ser destruida. Este caso primero se conoció a través de las redes y los medios de comunicación, y luego se judicializó.
Para esta investigación resultan clave los expedientes de compras de medicamentos que fueron recuperados por los investigadores. La tarea de la fiscalía será ahora trabajar con esos legajos en busca de posible irregularidades, como sobreprecios, cartelización o cualquier otra anomalía que pueda haber sido la contrapartida de un soborno. En este aspecto de la investigación, el fiscal Picardi está trabajando junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Sergio Rodríguez.
Fuentes que conocen la marcha de la causa estiman que del resultado del análisis de los expedientes administrativos podrían surgir nuevos procedimientos en busca de pruebas.
Es un trabajo complejo que recién empieza (la causa se inició el miércoles pasado). Los expedientes, documentos y teléfonos celulares secuestrados serán revisados para identificar si existen indicios de licitaciones o compras arregladas para beneficiar a la droguería Suizo Argentina. También, si hay terceros que pudieran saber de las presuntas coimas.
Los celulares fueron enviados por Picardi a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que será la encargada de acceder a su contenido.
Los técnicos ya comenzaron a bajar los mensajes de algunos de los teléfonos, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. Por tratarse de secuestros “en caliente” los celulares son abiertos de inmediato. Aunque la investigación está delegada en la fiscalía, esta medida de prueba se hizo con autorización del juez de la causa, Sebastián Casanello, advirtieron en los tribunales.
El caso se inició con la difusión de audios clandestinos, con rasgos de haber sido editados en los que una voz que parece ser la de Spagnuolo alude al cobro de presuntos sobornos por parte de otros funcionarios y menciona a Karina Milei.
La Justicia todavía no escuchó a Spagnuolo. Para los investigadores, todavía es prematuro para ese interrogatorio y no está claro en qué condición sería, si como testigo o como eventual encubridor, de corroborarse que hubo sobornos.
No fue detenido ni citado. Consultados los investigadores acerca de si podría declarar como imputado colaborador, lanzaron un mensaje significativo: “Si aparecen arrepentidos, bienvenidos sean”, dijeron en diálogo con LA NACION. Hasta el sábado, ninguno de los investigados había presentado oficialmente un abogado defensor en el expediente.
En paralelo, la justicia continuaba este sábado la búsqueda de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, que el viernes llegó a irse en su auto antes de que llegara la policía. Y también buscan a su padre, un señor mayor que aparece en los documentos y que presuntamente no estaría ligado al día a día de la empresa, pero figura como directivo.
Cuando los investigadores llegaron a la casa de Jonathan Kovalivker, él se había ido. Encontraron una caja de seguridad con la puerta abierta y banditas elásticas tiradas en el piso, según reveló el viernes LA NACION.
A Emmanuel Kovalivker lo encontraron cuando pretendía dejar Nordelta con más de 260.000 dólares. Ese dinero, más otros $7.000.000 que le hallaron y los 50.000 dólares encontrados en una habitación de servicio de la casa de su hermano Jonathan, fueron secuestrados por la Policía de la Ciudad durante los operativos.
También fueron secuestradas -y serán objeto de un peritaje- la computadora que Spagnuolo tenía en la Andis y las de Garbellini y sus secretarias en Acceso a los Servicios de Salud, la dependencia que él tenía a su cargo dentro del área de Discapacidad, a las órdenes de Spagnuolo.
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