Ajedrez navideño para un 2025 electoral
Como Menem, Milei es desafiado por Brasil; claves del acuerdo con el FMI; la polarización del oficialismo con el PJ; el enfrentamiento con los Macri; el dilema de Kicillof frente a Cristina; Lorenzetti, expuesto al desgaste de la Corte
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LA NACIONCarlos Pagni
Esta navidad encuentra a la Argentina, en su dimensión política, institucional y económica, plagada de incógnitas. Ha sido el tono del país desde que Javier Milei venció en las elecciones del año pasado, triunfo que reconfiguró a la política argentina. Como el año que viene es un año electoral, empiezan ya a plantearse en este fin de año los primeros movimientos del ajedrez de la disputa del poder. Hay también interrogantes institucionales. Ha sido un año con mucho debate alrededor de las instituciones, el Congreso y la Corte Suprema. Existen además enigmas económicos que empiezan a despejarse con el anuncio del Gobierno sobre un acuerdo con el FMI para otro programa económico en el primer trimestre del año que comienza.
El Gobierno debe despejar este panorama de acertijos y cuestiones con los astros alineados. Muchas variables de la vida pública juegan a favor del oficialismo, que ha tenido un éxito económico importante en aquello que se había propuesto como el centro de su actividad, que es la baja de la inflación. Esto explica que hoy, que se volvió a conocer el Índice de Confianza del Gobierno (IGC) para el mes de diciembre, la cifra se encuentre en el mismo orden del mes pasado: 2,66%. Más allá del bajón que hubo en agosto, este número se mantiene estable, con un promedio para este primer año de 2,53%. Es injusto compararlo con un gobierno de dos mandatos completos, pero el promedio de Alberto Fernández fue de 1,69% y el de Mauricio Macri rondó los 2,27%. Significa que Milei encabeza la lista y se encuentra en una situación mejor a la que se encontraban Fernández y Macri para la misma época.
Son muchas las razones que permiten explicar esta performance del gobierno de Javier Milei. Una de ellas es el repliegue de la inflación. Otra de igual importancia, pero más cifrada, es el índice de Riesgo País, elaborado por el banco JP Morgan. Milei empezó con un Riesgo País de 1900 puntos y alcanzó esta semana los 600. Este índice calibra el costo del crédito para el país y, por lo tanto, para todas las actividades económicas. Determina cuánto cuesta el dinero para crear empleo en la Argentina. La mejora en el riesgo país no es meramente una cuestión financiera. Es también un mensaje para la vida productiva, aun cuando todavía ese índice sea muy alto si se compara con países parecidos.
En este escenario promisorio, que tiene al Ejecutivo extraordinariamente entusiasmado, aparece un problema externo, que llega desde Brasil. A Milei y al Gobierno, les gusta compararse con la experiencia de Carlos Menem y se miran en ese espejo. Acá también hay un parecido. Menem trataba en 1999 de sostener la convertibilidad con un tipo de cambio que ya era muy atrasado y el 13 de enero Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, devalúa un 9% el real. A la semana, esta devaluación trepó al 29%. Fue un golpe muy importante para el destino de la convertibilidad.
¿Estamos ante algo igual? No. La historia nunca se repite, pero rima. Tenemos un tipo de cambio que muchos creen que es atrasado y una Argentina que se va volviendo más cara en dólares. Se han ajustado muchos precios pero el valor de la divisa norteamericana se ajusta menos. Contamos con un tipo de cambio casi fijo, que el Gobierno va a administrando con el crawling peg de 2% mensual. Y, en ese contexto, un problema económico importante en el país vecino, derivado de un asunto político: cómo ve Lula da Silva el pasado y el futuro. Lula, que durante los dos primeros mandatos de Gobierno era un presidente extraordinariamente celoso del cuidado de las cuentas públicas y el equilibrio fiscal, ha empezado en este tercer mandato a ser un jefe de Estado más relajado respecto en ese campo. Se volvió más distribuido y generoso con el dinero del Estado. Algunos piensan que le pasa algo parecido a lo que le ocurrió a Michelle Bachelet, en otras circunstancias, en Chile. Bachelet hizo un gran gobierno, pero le tuvo que entregar el poder a la derecha de Sebastián Piñera. Luego volvió. Parece haber pensado: “Perdí aquella vez por ser demasiado rigurosa con la economía, por ser demasiado amarreta. Esta vez no va a ser lo mismo”. Y comenzó un gobierno que se caracterizó por una reforma tributaria que los mercados no consideraron la mejor salida para Chile.
¿Qué pasa hoy con Lula? Algo parecido. Lula no quiere repetir lo que, para él, serían los errores de su primera experiencia. Además, está absolutamente convencido, y este es un eje central de su acción política, de que si Jair Bolsonaro, o alguien del universo de la extrema derecha brasileña, vuelve al poder después de su gobierno, es decir, en el próximo mandato, la democracia estará en serio riesgo.
Esta mirada al pasado y al futuro ha llevado a Lula a realizar algunos anuncios que los mercados consideraron peligrosos. Uno de ellos es una especie de “plan platita”. Es cierto que el gobierno de Lula, encabezado en esta materia por su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, propuso un plan fiscal con un comportamiento riguroso en esta materia. Sin embargo, al mismo tiempo anunció la eliminación de impuestos para todos los salarios inferiores a 5000 reales, afectando a 26 millones de trabajadores. Esto fue percibido como un recorte en los ingresos del Estado con impacto inflacionario y llevó al Banco Central brasileño a incrementar la tasa de interés por temor a la inflación.
¿Cuál es el problema de que el Banco Central aumente la tasa de interés? El 90% de la deuda brasileña está denominada en reales, y una gran parte de esa deuda está ligada a la tasa de interés Selic, que es la que fija el Central. Al elevar la tasa, el ajuste por intereses incrementa la deuda, lo que eleva el gasto público en lugar de reducirlo. Esto está provocando una corrida contra el real. De hecho, el dólar está hoy a 6,19 reales, lo que implica una devaluación del 25% en lo que va del año.
Este hecho es crucial para la Argentina, porque el 30% del comercio exterior argentino está ligado a Brasil, proporción que en el caso de los bienes industriales alcanza el 60%. Con un tipo de cambio que ya encarece a la Argentina en dólares, ahora se suma un Brasil más barato.
El economista Alberto Cavallo, hijo de Domingo Cavallo y profesor en Harvard, realizó una comparación entre canastas de bienes brasileñas y argentinas, encontrando que la Argentina es un 19% más cara que Brasil. Esto explica una probable avalancha de turismo argentino hacia Brasil y una invasión de productos brasileños a la Argentina. Además, muchas empresas argentinas, ante la pérdida de competitividad, podrían preferir importar productos brasileños en lugar de producir localmente.
Esto plantea una encrucijada para Javier Milei. El atraso cambiario y el control del dólar son señales políticas importantes para contener la inflación. Sin embargo, en este contexto, ese control podría llevar a cierta destrucción de empleo. Algunos economistas sugieren liberar el tipo de cambio, actualizarlo y devaluar para recuperar dinamismo económico y garantizar un mayor nivel de empleo, aunque esto conlleve más inflación. Pero esta opción es problemática para Milei, ya que el control de la inflación está en el centro de su capital político para las elecciones del próximo año.
Por otro lado, la problemática del empleo sigue creciendo. Según la consultora Wonder, de Carolina Yellati, los argentinos ven deteriorada su situación laboral: un 42% asegura que su empleo empeoró respecto al año pasado.
En la misma sintonía, un gráfico producido por Casa 3 de Mora Jozami, muestra que el 54% de los argentinos tienen miedo a perder su trabajo.
Este contexto está ligado a la devaluación brasileña, que plantea desafíos similares a los enfrentados por Carlos Menem en 1999. En aquel entonces, Menem cambió su relación con el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Pasó de llamarlo “mi amigo Fernando Henrique” a tratarlo como “señor Presidente de Brasil”.
¿Cómo reaccionará el gobierno argentino frente a este problema? Las señales apuntan a acelerar un acuerdo con el FMI para blindar la economía con un programa garantizado y un posible ingreso adicional de fondos. Sin embargo, el FMI no parece dispuesto a aumentar significativamente su exposición a Argentina. Podría ofrecer un crédito de US$10.000 millones, pero con condiciones estrictas de devolución inmediata.
El destino de esos fondos aún es incierto. Se especula que podrían ser utilizados para capitalizar al Banco Central y fortalecer su capacidad de intervención en caso de una corrida cambiaria. Todo esto ocurre en un contexto de creciente presión externa e interna, que será crucial para definir el rumbo económico y político del país en el próximo año.
También, se dice que podrían ser destinados al Tesoro, recibidos por Luis Caputo, y luego transferidos al Banco Central bajo la excusa de capitalizarlo. A cambio, el Banco Central emitiría una letra no transferible para que la posea el Tesoro, respaldando esos US$10.000 millones. Esto serviría para mostrarle al mercado que, si se levantara el cepo, habría margen para frenar un deslizamiento del dólar.
Sobre el futuro del cepo, hay indicios que nos llevan a marzo de este año. En ese mes, el equipo económico y los funcionarios del Fondo Monetario Internacional acordaron un texto que se publicó en el Staff Report del Fondo. En dicho documento, se planteaba que la Argentina avanzaría hacia un régimen cambiario de libre flotación, similar al de Perú o Uruguay. Esta pista sugiere que con un tipo de cambio flotante, el país podría absorber problemas externos provenientes de Brasil o Estados Unidos. Actualmente, la rigidez cambiaria genera consecuencias negativas sobre el modelo productivo y el nivel de empleo.
Este es el panorama al que se enfrenta un gobierno que, paradójicamente, tiene noticias positivas para compartir. Estas contrastan con la ausencia de novedades en el resto del ámbito político, tanto en la oposición como entre los aliados del oficialismo. Nuevamente la consultora Wonder logra ilustrar este panorama. Según una encuesta sobre el comportamiento actual de los que votaron en el ballotage, Javier Milei sigue liderando con el 42% de intención de voto, mientras que Sergio Massa obtiene un 27% y el voto en blanco también tiene un porcentaje relevante.
En otro gráfico de Wonder, con foco en las elecciones legislativas del próximo mes de octubre, se observa que un 49% votaría por un candidato de La Libertad Avanza, mientras que sólo un 4% apoyaría al peronismo. Esto es crucial porque refleja que La Libertad Avanza lidera frente a la oposición y polariza con un peronismo que, bajo el mando de Cristina Kirchner, sigue siendo la principal fuerza opositora.
La polarización es evidente, y las percepciones del gobierno de Milei se resumen en dos extremos: o “me frustró todo” o “me gustó todo”, sin términos medios. Esta dinámica refuerza la estrategia del Gobierno, liderada por Santiago Caputo, asesor político de Milei. Caputo, conocido como el “Mago del Kremlin”, ya había detectado la declinación del Pro en 2018, cuando trabajaba con Durán Barba y Rodrigo Lugones para Macri. Identificó a Milei como una figura capaz de capitalizar el descontento, una apuesta que resultó exitosa.
Hoy, esa estrategia sigue vigente. La identidad de La Libertad Avanza se basa en no mezclarse con otros partidos y mantener un discurso contra la “casta”. Según Caputo, cualquier alianza diluiría su perfil antipolítico y haría perder votantes. Este enfoque define la disputa por el voto de la derecha, con actores como Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, quienes representan matices dentro de esta competencia.
El principal campo de batalla de este conflicto es la ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza busca quedarse con el electorado del Pro, representado por los Macri. Recientemente, en un acto encabezado por Karina Milei en el Teatro Gran Rivadavia, se anunciaron acuerdos entre las estructuras porteña y bonaerense de La Libertad Avanza para diseñar un plan de gobierno conjunto, con miras a 2027. El mensaje hacia Jorge y Mauricio Macri es claro: no serán los candidatos.
Mientras tanto, Milei ha planteado públicamente que las alianzas deben ser totales o inexistentes, dejando a Macri el costo de una eventual ruptura. Sin embargo, Caputo ya explicó hace meses, en una reunión con inversores, que cada distrito tiene su propia lógica electoral, y no siempre es conveniente unificar estrategias.
El tuit de Macri, en el que expresa estar de acuerdo con Milei sobre “poner todo sobre la mesa”, refleja su intención de evitar confrontaciones directas. Sin embargo, esta disputa por la Capital Federal y el futuro liderazgo político dentro del espectro de derecha sigue intensificándose.
Jorge Macri, enredado. Quiere adelantar las elecciones porteñas para no mezclarse con la pelea nacional. Para ello, debe firmar un decreto esta semana, probablemente lo haga. Sin embargo, aunque las elecciones se realicen en junio o julio, los candidatos nacionales ya estarán interviniendo en la campaña porteña, influyendo en el voto local. El jefe de Gobierno porteño, incluso, evalúa llamar a una Constituyente para modificar el estatuto de la Ciudad de Buenos Aires. Esto le permitiría ser candidato por el oficialismo y llevar el apellido Macri en la boleta. Pero necesitará la colaboración del peronismo para lograrlo, ya que no puede hacerlo sin sus votos en la Legislatura.
Mientras tanto, Milei insiste en que, si van separados en la Capital Federal, su espacio quedará primero. La incógnita es quién será el segundo: ¿el PRO o el peronismo? Este último, bajo Juan Manuel Olmos, busca un peronismo “deskirchnerizado”, similar al de Córdoba, competitivo gracias a esa distancia de su liturgia tradicional.
En la Provincia de Buenos Aires, Kicillof enfrenta un desafío similar. Quiere desdoblar las elecciones, pero Cristina Kirchner se opone, ya que busca que las elecciones de diputados nacionales coincidan con las municipales, para sacar provecho de la movilización del aparato del conurbano, que controlan los intendentes.
La situación bonaerense se complica. La Cámpora, sin decirlo, ha comenzado a presionar a Kicillof, proponiéndole un presupuesto hiperajustado y negándole endeudamiento, dejando su gobernabilidad en jaque. Esto recuerda la negativa de Máximo Kirchner a votar el acuerdo con el FMI, que marcó la ruptura con Alberto Fernández.
El verdadero problema radica en que Kicillof no puede enfrentarse a Cristina sin perder a La Cámpora, pieza clave de su gobierno. Si Kicillof se postulara como candidato presidencial de Cristina en 2027, surgirían dudas sobre qué tipo de líder sería. Este conflicto también subraya un error elemental: creer que se puede desafiar a Máximo Kirchner sin enfrentarse a Cristina, olvidando que él es un instrumento político creado por ella.
Finalmente, Milei continúa desafiando al PRO, buscando captar sus votos y dirigentes. Recientemente, defendió a Cristian Ritondo tras acusaciones de poseer propiedades vinculadas a sociedades offshore. Con astucia, Milei sugirió que no fueron ellos quienes filtraron la información, desmarcándose de los ataques internos en el PRO. Además, sedujo a Ritondo, que con las novedades inmobiliarias ya se consideraba un paria.
En este contexto, surge un debate sobre el concepto de “casta” según Milei. Hernán Iglesias Illa, director de la revista Seúl, escribió hace poco tiempo que para Milei la casta no es quien roba sino quien gasta. Esta visión, más económica que ética, contrasta con los principios institucionales del liberalismo.
El liberalismo argentino muestra una extraordinaria sensibilidad hacia las reglas del mercado, pero una bajísima sensibilidad hacia las de la política. Es como si se pudiera construir una economía de mercado sin calidad o sin calidad institucional.
Milei acaba de decirle a la revista Forbes que “lo que importa es el contenido y no las formas”. Es una idea rarísima para alguien que se declara liberal, porque, para el liberalismo, el contenido son precisamente las formas: un sistema de reglas que permite a cada uno tener el contenido que desee en su cabeza.
Esto nos lleva al tema central del año en materia institucional: la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Al cierre del año, el Gobierno no logró un acuerdo para incorporar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Muy probablemente, esto fue un error de Milei, influido por Ricardo Lorenzetti, quien le propuso a Lijo. La idea, errónea, fue luego adoptada por Santiago Caputo, pensando que el juez sería considerado por Cristina Kirchner, quien tiene los votos suficientes en el Senado para bloquear el proceso, como un juez propio.
Cristina Kirchner podría pensar: “¿Por qué voy a favorecer a un juez de Lorenzetti? Lijo es de Lorenzetti”. Sin embargo, en todos los fallos de la Corte que podrían afectarla en el último año —desde el memorándum con Irán hasta los juicios por corrupción, como el de la obra pública en Santa Cruz—, Lorenzetti votó junto con el resto de los jueces de manera unánime. Entonces, ¿qué garantía puede darle sobre el comportamiento de Lijo si ni siquiera puede garantizar el suyo propio?
Este es el punto donde se quiebra la posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno y Cristina Kirchner, y con ello, la chance de que la Corte se integre con estos dos nuevos miembros. Queda abierto el interrogante, aún no resuelto, de si el Ejecutivo optará por nombrarlos por decreto. Sin embargo, para la designación se necesitan dos tercios del Senado. Si el Gobierno decide avanzar por decreto, ¿cumplirá su palabra y rechazará el pliego de Lijo y García Mansilla? Todo esto es un enredo de un proceso mal pensado, que ha tenido un costo enorme para Milei, relacionado con la calidad de uno de los candidatos, Lijo.
Por otro lado, la Corte Suprema, bajo la presidencia de Horacio Rosatti, está enviando señales institucionales importantes. La más reciente tiene que ver con la reelección en Formosa. Se ha presentado como un impedimento para que Gildo Insfrán pueda reelegirse indefinidamente. Habrá que ver si el gobernador decide postularse por última vez o si opta por dejar un mandato y luego volver a presentarse. En cualquier caso, no está proscripto. Más allá de sus declaraciones, como “no vamos a permitir que la vida de los formoseños sea decidida por un porteño”, cabe destacar que el fallo fue emitido por un santafesino, un correntino y un cordobés; hasta ahora, porteños no hay ninguno.
![Entrevista LN+, Carlos Pagni con Horacio Rosatti: “[Lo de Lijo] lo tiene que resolver la Corte en última instancia si hay cuestionamientos”](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/entrevista-ln-carlos-pagni-con-horacio-rosatti-lo-IABBQOOIXJD7PNABE5EPUOUFAM.JPG?auth=b77b6aeec9b74702948af00279ad952f5605d4cf77e7742c329b0e9cc21b9649&width=375&height=250&quality=70&smart=true)
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