Alerta en los tribunales por la avanzada judicial del kirchnerismo

Caminar hoy por Comodoro Py es como transitar en la superficie de la Luna. No hay nadie a la vista. Hasta las luces de las oficinas están apagadas. Colocaron pantallas de acrílico en algunas mesas de entradas y dispensers de alcochol en gel. Los jueces se turnan para acudir a sus despachos, con lo que ya no se dan los corrillos en los pasillos o las reuniones en las oficinas. Pero debajo de esta aparente calma, circula un nerviosismo subterráneo. Prueba de ello los grupos de chat están activos como nunca. El de los jueces y el de los fiscales federales (hay varios), el de los camaristas, el de los jueces de tribunal oral, los fiscales de tribunal oral y el de la Casación.

Camaristas, jueces y fiscales federales miran con alarma los avances de un sector del gobierno para debilitar las causas de corrupción y airear la idea de una reforma judicial de cuyos alcances desconfían. Vislumbran detrás una política deliberada, que al amparo de la inmovilidad judicial (por déficits propios pero también inducida por la pandemia) busca debilitar su poder y lograr que exfuncionarios del kirchnerismo acusados de corrupción no lleguen a juicio.

Algunos de los magistrados intercambiaron esta semana varios comentarios sobre lo que interpretan como "un avance kirchnerista". "Hay una intencionalidad política", se quejó un juez de tribunal oral. Vecino a él, otro magistrado preocupado por sus causas, analizó: "Hay una vuelta a los orígenes del kirchnerismo, pero otros actores. O ya nos olvidamos de las operaciones sobre la Justicia". Por las dudas, todos piden hablar con reserva de la fuente.

En la Cámara Casación, dos camaristas evaluaron en clave política las expresiones de la jueza Ana María Figueroa, quien denunció supuestas presiones del macrismo cuando estaba en el Gobierno. Pero entendieron que cuando Cristina Kirchner le puso el nombre de Juan Bautista Mahiques a esos que presionaban (pese a que la jueza no lo había identificado), Figueroa la desairó porque no confirmó esos nombres.

En los juzgados de primera instancia miran con recelo la reforma judicial, porque saben que el Gobierno apunta hacia ellos cuando hablan de una depuración de los tribunales. Al menos en la letra que trascendió se busca licuar el poder de los jueces federales para acabar con las operaciones judiciales.

La influencia del oficialismo entre los jueces federales quedó en evidencia esta semana en el Consejo de la Magistratura, donde ayer se aprobó el dictamen que propone la desestimación de las denuncias acumuladas contra el juez Rodolfo Canicoba Corral en la Comisión de Disciplina y Acusación. Casi en simultáneo, el mismo Consejo de la Magistratura cerró las denuncias contra el juez Luis Rodríguez, acusado de haber recibido un soborno millonario de Daniel Muñoz, valijero de la familia Kirchner, para beneficiarlo en un expediente. El largo brazo del oficialismo se hizo sentir con fuerza.

Mientras tanto, en la Corte Suprema están muy preocupados después de que el presidente Alberto Fernández mencionara la posibilidad de crear un consejo consultivo que, entre otras atribuciones, pueda evaluar el funcionamiento del máximo tribunal. En el medio se coló también la discusión sobre la cantidad de miembros del órgano, aunque el mandatario se mostró partidario de no innovar en ese aspecto. Insuficiente para tranquilizar a los cortesanos.

Esta idea fue esbozada meses atrás por Horacio Vertbisky, quien propuso un modelo de Corte con más integrantes dividida en salas. Fernández concedió proponer formar una comisión de notables que opine sobre la conveniencia de sumar más jueces. Cualquier reforma implica una larga tarea: requiere cambiar la ley con una ampliación de jueces y conseguir una mayoría especial para nombrar a los nuevos jueces en el Senado. El kirchnerismo hoy no cuenta con ese poder.

Las sospechas en la Justicia sobre los objetivos del kirchnerismo se agravaron porque Fernández volvió a agitar la agenda judicial tras la misteriosa reunión de tres horas que mantuvo en la Quinta de Olivos con Cristina Kirchner, cuya mano muchos ven detrás de este renovado interés. Sobre todo porque el mensaje del Presidente vino acompañado con una sucesión de episodios.

La semana pasada se abrió una causa en la Justicia federal por denuncia del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade (ex consejero y ex AFI) para investigar a la mesa judicial de Cambiemos acusada de presionar jueces para sacar "fallos a la carta" según dijo Cristina Kirchner por Twitter. La jueza Figueroa denunció ahora presiones ocurridas hace cuatro o cinco años. No dio nombres, los puso Kirchner: Juan Bautista Mahiques, exconsejero de la Magistratura y actual fiscal general porteño, ahora arrinconado por el kirchnerismo en la Legislatura y denunciado en la Justicia.

Oscar Parrilli, rápido, dijo que esas expresiones de la jueza Figueroa le alcanzan para pedir la nulidad de la causa contra él mismo y contra Cristina Kirchner por la firma del pacto con Irán, una denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman, muerto cuatro días después. Para la época en que era funcionario estaban a la orden del día las operaciones del kirchnerismo sobre los juzgados federales de la mano de Jaime Stiuso y Javier Fernández, hace una década atrás.

A la sucesión de episodios, funcionales a la disolución de las causas de corrupción contra Cristina Kirchner, se sumaron los desmanes carcelarios en las prisiones federales, que ardieron como una bengala y se apagaron así de rápido, tras una negociación con funcionarios del Gobierno donde los presos no se llevaron más que promesas. Mejor suerte tuvo Amado Boudou, que consiguió en un polémico fallo del juez Daniel Obligado, el arresto domiciliario.

En el medio se conoció la intervención de otro kirchnerista, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla para pedir por la libertad de Ricardo Jaime, Luis D´Elía y Martín Báez.

Así, como hace dos semanas, el kirchnerismo en el Gobierno aparecía desde la Secretaría de Derechos Humanos reclamando la libertad de los exfuncionarios presos por corrupción, ayer desde la Oficina Anticorrupción decidió retirarse de la querella de las causas Hotesur y Los Sauces, donde están acusados, aún sin fecha de juicio Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.

El argumento para el retiro de la Oficina Anticorrupción como querellante es que Hotesur y Los Sauces no se tratan de casos de corrupción sino de lavado de dinero y que para eso ya está la Unidad de Información Financiera (UIF). Sin embargo, estas razones se contradicen con la actuación que está teniendo ahora mismo la Oficina Anticorrupción en el juicio contra Lázaro Báez por la ruta del dinero K. Allí, antes de que el juicio se suspendiera por la pandemia, los abogados de la OA estaban en medio del alegato y, como venían, todo hacía pensar que iban a pedir condenas. Si es que no se retiran, cuando se reanude el juicio. No se sabe.

Mientras el kirchnerismo se desliza sobre la pista aceitada de los tribunales federales, con el albertismo dejando hacer, la Justicia sigue en cuarentena. En un año no pudo avanzar más que con seis testigos y 25 audiencias en el único juicio contra Cristina Kirchner (agenda de los jueces y otros imponderables lo impidieron) y los jueces que tienen en sus manos Los Sauces y Hotesur no pusieron fecha al juicio oral. Tampoco lo hizo el tribunal del caso de los cuadernos de la corrupción, ni el de la denuncia de Nisman.

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