Alberto Garay: "Si la Corte le da la razón al Gobierno será un golpe muy grande al Poder Judicial"

El constitucionalista Alberto Garay considera que una decisión de la Corte Suprema favorable a las aspiraciones del Gobierno en torno al traslado de jueces podría dejar un daño importante en la institucionalidad en el país.

"Si la Corte finamente le diera la razón al Gobierno va a ser un golpe muy grande al Poder Judicial federal, porque le puede permitir al Gobierno revisar decenas de otros traslados que se hicieron con anterioridad", dijo en una entrevista con LA NACION.

Garay descree que la Corte pueda recurrir a una salida intermedia para resolver la situación de los jueces desplazados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, debido a que el máximo tribunal volvería atrás sobre una decisión propia de 2018, cuando fijó los criterios para la realización de traslados. "Creo que la Corte no puede volver hacia atrás si va a respetar sus precedentes", señaló el jurista, autor del libro La doctrina del precedente en la Corte Suprema (Abeledo Perrot-2013), entre otros títulos.

–¿Cree que la Corte pueda avanzar en una solución intermedia?

–Me cuesta pensar en una solución intermedia porque la acordada 7 de 2018 sobre esto zanja toda posible duda. Creo que la Corte no puede volver hacia atrás si va a respetar sus precedentes. En este caso estamos ante un traslado, no ante una designación de un secretario como juez subrogante. No estamos ante designaciones porque ya habían sido designados, sino que hablamos del traslado de jueces federales que se desempeñaban en un tribunal y pasan a otro con el consentimiento de esos jueces. La Corte convalidó ese mecanismo, de modo que no veo que pueda haber un paso intermedio.

–¿Hay otra solución?

–Si no existiera todo esto y se estuviera discutiendo en el Consejo de la Magistratura la cuestión por primera vez, entiendo que puede haber muchas soluciones e incluso mejores, pero acá ya ha habido antecedentes y decisiones que se tomaron. Esto generó no solo traslados sino el derecho subjetivo del juez a que se respete el lugar a donde se lo trasladó. Cuando hablan de soluciones intermedias veo que lo quieren interpretar como una cuestión política, pero es netamente jurídica. El derecho contempla expresamente los actos de gobierno del Poder Ejecutivo cuando generan derechos subjetivos. Cuando un acto administrativo de Gobierno genera un derecho subjetivo en un ciudadano, el Gobierno no puede, por otro acto administrativo posterior, dejarlo sin efecto. Está forzado a ir a tribunales y pedir que se deje sin efecto, por ejemplo, por inconstitucionalidad. Pero no puede hacer, como se hizo en este caso, dejar sin efecto por decreto un decreto del Poder Ejecutivo anterior porque eso es justamente lo que impide la ley de procedimientos administrativos.

El Gobierno no puede dejar sin efecto por decreto un decreto del Poder Ejecutivo anterior, porque eso es justamente lo que impide la ley de procedimientos administrativos

–¿Qué puede pasar a futuro con los traslados de jueces?

–Entiendo que el Consejo de la Magistratura cambió el mecanismo por el cual se deben realizar los traslados. A futuro se hará conforme a la nueva resolución del consejo. Estos que discutimos ahora se hicieron conforme al anterior mecanismo que había sancionado el Consejo. Tiene toda una legalidad que lo rodea. No veo que pueda modificarse ese mecanismo retroactivamente.

–¿Está en riesgo la institucionalidad?

–Si la Corte finamente le diera la razón al Gobierno, sí. Va a ser un golpe muy grande al Poder Judicial federal porque le puede permitir al Gobierno actuar en consecuencia y revisar decenas de otros traslados que se hicieron con anterioridad. Y si esto se suma a la nueva ley de reforma de la Justicia federal en lo penal de la Capital, que está en danza en el Congreso, yo creo que la idea de una Justicia federal independiente va a quedar muy deteriorada porque inevitablemente una decisión favorable de la Corte quedaría, frente a la opinión pública, muy teñida de parcialidad. No es solo el caso de estos jueces: hay decenas de jueces en el lugar. ¿Por qué el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo elige a estos tres jueces? Curiosamente ocurre que estos tienen a cargo la revisión o el juicio de casos de corrupción de exfuncionarios y actuales funcionarios del gobierno nacional a los que se les reprocha conductas anteriores. La selección de estos tres jueces y no de otros aparece como una selección discriminatoria y persecutoria.

–¿Por qué se llegó a esta situación?

–Es una situación de arrastre que viene desde hace años, donde la única responsabilidad existe en el Consejo, en el Senado y en los poderes ejecutivos anteriores. No me refiero a [Alberto] Fernández, a [Mauricio] Macri, a [Cristina] Fernández de Kirchner. Las instituciones han funcionado mal y no han respondido ágilmente a cubrir las vacantes que se producían en el Poder Judicial por intereses políticos, por desidia. Llegamos a esta situación donde los órganos políticos se rasgan las vestiduras por resultados de su propia conducta anterior irregular y negligente. Francamente, que estemos en esto es pura y exclusivamente responsabilidad del poder político y se castiga al Poder Judicial cuando en realidad los problemas fueron originados desde el poder político.

Llegamos a esta situación donde los órganos políticos se rasgan las vestiduras por resultados de su propia conducta anterior irregular y negligente

–¿Cómo quedará la relación entre la Justicia y el Poder Ejecutivo?

–Avizoro relaciones difíciles. Normalmente existen confrontaciones judiciales entre el Poder Judicial y el poder político. Actualmente, está pendiente de decisión en la Corte una ley vigente del Consejo de la Magistratura que regula cómo se integra el Consejo, que ya fue declarada inconstitucional por la Cámara Federal Contencioso Administrativa. Ese caso lo tiene sin resolver hace cinco años. Ahora entra a la Corte, por vía de su competencia originaria, el caso de la Ciudad y la quita de fondos de coparticipación más lo que está discutiéndose en el Senado. Son, por un lado, rispideces inevitables en un país donde el Poder Judicial tiene el poder de revisar la constitucionalidad de las leyes y, por otro lado, son rispideces evitables si los poderes ejecutivos y los congresos no actuaren al margen de la Constitución como muchas veces hacen. Creo que por delante tenemos unas cuantas decisiones por venir que van a generar malestar político.