Asociaciones especializadas en Justicia reclaman que el Senado actúe contra Lijo y García-Mansilla
Afirmaron que la Cámara alta “puede y debe revertir los nombramientos en comisión” que hizo Javier Milei en la Corte Suprema por decreto
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LA NACION
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en Justicia dirigieron cartas a cada uno de los senadores en las que les exigieron que asuman su responsabilidad institucional y rechacen los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados “inconstitucionalmente” -dijeron- como jueces de la Corte Suprema por Javier Milei. Afirmaron que “el Senado puede y debe revertir los nombramientos en comisión”.
El documento, firmado por Amnistía Internacional, ACIJ, CELS, ELA, Inecip y Poder Ciudadano, cuestiona lo sostenido por el Gobierno Nacional respecto de que, incluso con el rechazo del Senado, los nombramientos seguirían vigentes hasta fin de año.
Por el contrario, señalan que la jurisprudencia de la Corte y la doctrina nacional, incluso la citada por el propio Poder Ejecutivo en su decreto, han sido unánimes en establecer que un rechazo expreso del Senado pone fin de inmediato a los cargos. En la nota, las organizaciones ponen a disposición de cada senador los antecedentes jurídicos de esa facultad constitucional.
“El Senado tiene la herramienta más efectiva para frenar esta intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial: el rechazo inmediato de los pliegos. Cualquier dilación o inacción se convertirá en una omisión inaceptable que legitima este atropello institucional”, afirmaron las organizaciones firmantes. También recordaron que García-Mansilla y Lijo aceptaron estas designaciones ilegítimas, uno a través de la jura y otro con su pedido de licencia como juez federal.
Las organizaciones advirtieron que el decreto presidencial no solo vulnera el mecanismo constitucional de designación de jueces, que exige el acuerdo del Senado por dos tercios, sino que también desnaturaliza la Constitución Nacional, al convertir un procedimiento excepcionalísimo en una alternativa ordinaria de designación de jueces. Afirmaron que avalar este mecanismo abriría un precedente riesgoso para la institucionalidad democrática.
Las asociaciones consideraron que ese riesgo es inmediato porque un tercio de los juzgados, además de la Procuración General, la Defensoría del Pueblo y, a partir del próximo año, la Defensoría General, están vacantes. “Si se acepta la interpretación del Gobierno, esta podría invocarse para justificar designaciones presidenciales sin control del Senado en todos esos cargos”, dijeron.
“Si el Senado convalida esto, por acción o por omisión, estará habilitando que cualquier Presidente pueda designar jueces y altos funcionarios judiciales a su antojo, sin necesidad de construir los consensos requeridos por la Constitución”, advirtieron las entidades firmantes.
Las organizaciones también señalaron que desde la postulación de los candidatos existían razones para el rechazo de los pliegos, pero que ahora esa necesidad es imperiosa, porque lo que está en juego es la vigencia de los equilibrios constitucionales en la conformación del Poder Judicial y la independencia del Máximo Tribunal de nuestro país.
Exhortaron al Senado a defender su autoridad política. “Si no lo hace, la división de poderes y la independencia judicial sufrirán un daño de largo impacto y difícil recomposición”, alertaron.
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